Un avance de investigación realizado por el centro de estudios Fundar estima que el impacto fiscal del sistema fueguino asciende a $520.000 millones, o US$2382 millones; la cifra equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno. Por otra parte y en el marco del presupuesto 2023, el Gobierno nacional podría crear el año próximo regímenes aduaneros similares a los de Tierra del Fuego. Se trata del artículo 126, que delega al Poder Ejecutivo la creación de áreas aduaneras especiales, regímenes que implican beneficios impositivos para la empresas que se instalen; Alberto Fernández bajó esta misma cláusula en el Presupuesto 2021.
Río Grande.- En los últimos días, la discusión por la sustentabilidad del régimen de exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego volvió a la agenda pública. De manera directa, tras la presentación de un proyecto de ley por parte de la Coalición Cívica-ARI para derogarlo, e indirectamente, por la decisión oficial de subir los impuestos para celulares, TV y aires acondicionados, así como aumentar el arancel para los productos importados. Además, el Gobierno lanzó el programa Ahora 30 para la compra de productos electrónicos, la mayoría producidos en ese distrito. En este contexto, al histórico tironeo político en torno a la viabilidad del sistema, ahora se suman voces de la academia al debate por la zona franca.
Un avance de investigación realizado por el centro de estudios Fundar, presidido por el matemático Sebastián Ceria, plantea la necesidad de “repensar la reconfiguración productiva de Tierra del Fuego” por el “gasto tributario y el costo de oportunidad” que implica, así como también por el “encarecimiento de la tecnología local”. Se trata de un documento preliminar cuya versión final será dada a conocer en los próximos meses.
El sistema de promoción económica de Tierra del Fuego está en vigencia desde 1972 y fue prorrogado el año pasado hasta 2038. Consta de una serie de beneficios fiscales y aduaneros orientados a promover toda la actividad económica de la isla, incluyendo el sector primario, los servicios y la industria. Esta última es la más relevante de la provincia y abarca a las áreas electrónica, plástica, textil, mecánica y pesquera. A tal punto, que está regida por lo que se conoce como “subrégimen industrial”, que establece normas específicas para que las empresas puedan vender bienes finales en el mercado interno sin pagar derechos de importación ni impuesto a las ganancias. Además, gozan de crédito fiscal por el IVA de las ventas que realizan o de la menor tasa de impuestos internos para los productos electrónicos.
“Estos beneficios que reciben las empresas fueguinas implican menores ingresos para el Estado nacional, que deja de percibir por otorgar ese tratamiento preferencial. Eso se denomina gasto tributario”, aseguran desde Fundar.
Según el centro de estudios, los números del proyecto de presupuesto 2023 reflejan el impacto del actual sistema en el erario público. “Ascenderá a $520.000 millones o US$2382 millones, valuados al tipo de cambio de fin de año que utiliza. Esto es nada menos que el 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino”, afirman.
Y agregan: “Representa más de la mitad de las exenciones impositivas en regímenes de promoción de todo el país y equivale a diez veces el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, un sector dinámico, con potencial de generar empleo calificado y exportaciones”. Asimismo, citan otra comparación para graficar el impacto: “En 2021 el gasto tributario asociado a Tierra del Fuego representó casi el 60% de los recursos destinados a la Asignación Universal por Hijo”.
En tanto, el encarecimiento de la tecnología local –sostienen desde Fundar– constituye la segunda dimensión de los costos asociados al régimen. “Otro costo de promover la actividad electrónica fueguina es su impacto en los precios finales de los bienes tecnológicos que hoy en día son vehículos de acceso a la educación y al trabajo”.
Un debate recurrente en la política
La discusión en torno a la viabilidad del régimen de exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego cobró vigencia en el último año, volvió no solo por su prórroga hasta 2038 (vencía en 2023), sino por los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de reducción déficit fiscal. Además, en la última semana, se intensificó tras el proyecto de derogación que desató la interna en Juntos por el Cambio y los anuncios oficiales que involucran a la industria electrónica de la provincia.
El proyecto de presupuesto 2023 firmado por el Frente de Todos propone elevar el impuesto interno de 6,55% a 9,5% para la fabricación en la isla, al tiempo que prevé incrementar el arancel para los productos importados de 17% a 19%. Asimismo, se lanzó el programa Ahora 30, un plan de cuotas con tasa subsidiada al 48% y en cuotas fijas para celulares de gama baja y media, televisores, aires acondicionados y otros productos, que suman un total de 268.
Si bien estas últimas son medidas coyunturales que podrían redundar en un encarecimiento de los productos electrónicos, la cuestión de fondo es la sustentabilidad del sistema fueguino, por la que radican las diferencias en la oposición.
El proyecto de ley presentado días atrás por la CC-ARI consiste en eliminar el régimen en cuatro años, con seguros de desempleo por cinco años, promoviendo la reducción gradual del impuesto interno y de los aranceles, así como las barreras de importación. De esta manera, los legisladores buscan “asegurar que los cambios del proyecto no deriven en un incremento de precios”. No obstante, el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó “de manera tajante” la iniciativa, ya que “[el actual sistema] promueve la radicación de industrias y población” en la isla.
“La ley 19.640 surgió como una estrategia geopolítica de integración nacional para dotar de herramientas a Tierra del Fuego para que, por un lado, pudiese desarrollarse y, por otro, para que lograra integrarse al territorio nacional debido a que está ubicada a 3000 kilómetros de los grandes centros urbanos y de consumo”, explicaron los radicales a través de un comunicado.
En tanto, en los considerandos del proyecto de ley, la CC-ARI insistió en que persiguen dos objetivos claros. “Por un lado, la eliminación de los gastos tributarios que son inaceptablemente acumulados por un puñado de empresarios, a costa de las cuentas fiscales de la Nación y, por el otro, un aumento de la oferta y baja de los precios de los productos electrónicos en beneficio de todos los consumidores argentinos”, afirmaron.
LA NACION intentó comunicarse con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para conocer su opinión sobre el encarecimiento de la tecnología local que implicaría el subrégimen, pero no obtuvo respuesta.
“Repensar el régimen”
De acuerdo con el relevamiento de Fundar, el objetivo que le dio origen al sistema en 1972 fue poblar a la provincia más austral del país y para ello era necesario fomentar el desarrollo de nuevas actividades económicas con capacidad de generación de empleo. “Tal objetivo fue alcanzado con creces: la isla pasó de tener menos de 15.000 habitantes al inicio de esa década a tener casi 180.000 en el presente. En medio siglo la población argentina se duplicó, mientras que la fueguina se multiplicó por trece”, aseguran.
Según datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) de Tierra del Fuego, las actividades industriales que benefician al subrégimen emplearon en 2021 a 10.827 personas. De este total, “8344 pertenecían al sector de electrónica, es decir, casi 8 de cada 10 de los empleos alcanzados por el subrégimen. Le siguen en importancia la industria plástica (701 puestos), textiles (629), pesqueras (466) y confecciones (297)”, precisaron desde el centro de estudios.
Si bien Fundar destaca lo que representa el sistema para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en Tierra del Fuego –sobre todo a partir de 2009, cuando se estableció la alícuota diferencial de impuestos internos entre los electrónicos producidos en la isla y el resto del país– hacen énfasis en sus costos y en la necesidad de avanzar en la “reconversión” de la política industrial “más duradera” y que “más recursos demanda en la Argentina”. “Es un desafío complejo, pero es posible”, afirman.
“Es necesario evaluar cuáles serán las nuevas actividades productivas que se buscará desarrollar en la isla y definir los instrumentos que se utilizarán para su fomento, así como también la temporalidad y el costo de los mismos”, añaden.
Y concluyen: “Las nuevas actividades deberían tener una serie de atributos deseables. En primer lugar, ser, luego de un tiempo establecido para su desarrollo y maduración, sectores autosustentables. Asimismo, se deberá analizar la capacidad de estos sectores de generar empleo -priorizando el objetivo de mantener la cantidad de puestos de trabajo total en la provincia- así como también de permitir ir bajando paulatinamente el gasto tributario asociado”.
Presupuesto: el Gobierno podría crear el año próximo regímenes aduaneros similares a los de Tierra del Fuego
Se trata del artículo 126, que delega al Poder Ejecutivo la creación de áreas aduaneras especiales, regímenes que implican beneficios impositivos para la empresas que se instalen; Alberto Fernández bajó esta misma cláusula en el Presupuesto 2021.
Como suele ocurrir una vez por año, el tratamiento legislativo del Presupuesto 2023 incluyó artículos destinados a cumplir reclamos y promesas a algunos sectores. En comisión, durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, se incorporó una cláusula públicamente pedida por la provincia de Misiones que, según diversas fuentes del Gobierno y del arco opositor, abre una lucha entre los gobernadores por conseguir un mismo régimen en sus territorios: un área aduanera especial, con sus beneficios tributarios.
El artículo 126, que se aprobó con 126 votos a favor, 118 en contra y una abstención, faculta al Ministerio de Economía a constituir áreas aduaneras especiales, una potestad originaria del Congreso. Estas zonas especiales implican una eliminación de los derechos de importación y exportación, a la vez que confieren exenciones y reducciones impositivas en la zona, como ocurre en la Isla Grande de Tierra del Fuego, la única que existe en el país, por ahora.
No fue una idea nueva. En el Presupuesto 2021, el mismo artículo resultó ley. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2020, Alberto Fernández decidió no promulgarlo por considerar que significaría una “merma en la recaudación estatal”.
El veto indirecto trajo sorpresa, ya que el Presidente podía optar por usar la herramienta conferida por el Poder Legislativo, o no. El problema, de acuerdo con diversas fuentes, fue que se encontró con una fila de gobernadores pidiendo este régimen -que implica una reducción de la presión impositiva para determinadas zonas productivas de sus provincias-, una presión política que decidió enterrar de lleno.
Misiones reclama desde hace años por un área aduanera especial. La provincia alega que su producción, en particular la vinculada con la industrial forestal y de la celulosa, se encuentran a media máquina respecto de los recursos naturales disponibles porque las empresas del rubro deciden instalarse del otro lado de la frontera argentina, en Paraguay o Brasil, donde encuentran prácticamente las mismas condiciones geográficas, pero mucha menor presión impositiva. Más del 80% de sus límites son internacionales.
En 2021, el artículo estuvo dirigido a Misiones. Pero en el mismo día de la sesión, Sergio Massa, el entonces presidente de la Cámara, les adelantó a los representantes de la provincia que las tratativas para implementar el área aduanera especial se verían truncadas porque varios gobernadores se adelantaron al pedido y reclamaron el mismo tratamiento.
El primero fue Jorge Capitanich, de Chaco, cuyo territorio no comparte fronteras con otros países. Luego lo exigió Gildo Insfrán, de Formosa. Los siguieron Corrientes y Mendoza. En recuerdo de lo ocurrido en aquel entonces, el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, declaró a Misiones Cuatro: “Esperemos que el Gobierno nacional se acuerde de Misiones y no la vete. Ya pasó hace dos o tres años, que estuvo incluido, fue aprobada y después cuando se sumaron 19 provincias, dijeron que, por el costo fiscal, Alberto Fernández la terminó vetando”.
“Es una demostración encubierta de que las industrias no aguantan más la presión impositiva y, siempre que puedan, se van a otros países. El pedido de las provincias es un blanqueo de los gobernadores de la necesidad de bajar impuestos. Se dan cuenta de que los perjudica”, comentó Alfredo Schiavoni, diputado opositor, que votó a favor del artículo.
El 126 resultó afirmativo por 117 legisladores del Frente de Todos, el apoyo de sus aliados y el visto bueno de dos de la oposición: el propio Schiavoni (hermano de Humberto, ex presidente del PRO y actual senador) y Florencia Klipauka Lewtak, ambos de Misiones y pertenecientes al partido que lidera Patricia Bullrich.
Consultados por LA NACION, varios referentes de Juntos por el Cambio, que prefieren el anonimato porque algunos de sus colegas piden áreas aduaneras especiales, explican que votaron en contra porque el artículo confiere al Palacio de Hacienda un poder discrecional intolerable en un año electoral.
Los dirigentes de Misiones agradecieron a Sergio Massa por el artículo. Carlos Rovira, el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, twitteó: “Agradezco en nombre de los misioneros al ministro de @Economia_Ar @SergioMassa, por el cumplimiento de su palabra al incluir innumerables obras para el desarrollo de Misiones, particularmente la zona especial aduanera que presentara y defendiera en soledad, la representación de la renovación en el Congreso Nacional”. Su partido reclama que toda la provincia se convierta en un área aduanera especial, por la asimetría interna entre los municipios que se generaría.
Desde el Gobierno, un funcionario cercano a Massa explicó que a partir de la aprobación del artículo -en caso de que tenga también la sanción del Senado-, recibirán propuestas de cada una de las provincias que quieran y decidirán cuáles ameritan ser otorgadas y cuáles no. “Las vamos a ir evaluando de acuerdo con la necesidad. Por ahora ninguna presentó formalmente. Sí, hay un pedido de Misiones que vamos a evaluar. Algunos de los puntos solicitados informalmente son Paso de los Libres [Corrientes], Clorinda [Formosa] y Uspallata [Mendoza]”, comentaron desde el oficialismo.
“Lo pidieron, por lo menos, las 18 jurisdicciones con frontera con otros países… 19 zonas aduaneras especiales es una locura, un costo fiscal tremendo. Desde Juntos por el Cambio se pidió a [Carlos] Heller que el artículo se refiera solamente a la provincia de Misiones. Si sale este artículo, cuando otorguen la primera área, Corrientes va a atacar la inconstitucionalidad de la delegación al Poder Ejecutivo. El tema es que van a tardar años en voltearlo”, adelantó otro diputado opositor.
Un detalle no menor es que, a diferencia de 2021, esta vez será Massa el que tenga la potestad de decidir quienes tendrán un área aduanera especial, de acuerdo al mismo artículo que aprueba la delegación.
Fuente: Diario La Nación.
