El legislador del MPF Pablo Villegas, integrante del comité provincial de evaluación del seguimiento y aplicación de la convención contra la tortura, recorrió la unidad de detención de Río Grande y comisarías locales, acompañado de autoridades del comité nacional. Afirmó que el nivel de hacinamiento que se observa es responsabilidad “de las máximas autoridades del Ejecutivo”, no sólo del director del Servicio Penitenciario, y planteó como única salida el destino de recursos para corregir la falta de infraestructura. Destacó que el personal penitenciario “hace un gran esfuerzo de cumplir con sus tareas, pero que se ven desbordados por el hacinamiento de los internos”, que en muchos casos duermen en el piso, no cuentan con sillas y mesas suficientes para comer ni recibir a sus familiares. Advirtió que, de no corregirse la situación, podría haber sanciones internacionales por no respetar el derecho humano al cumplimiento de una pena en condiciones de dignidad.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas recorrió distintos centros donde se encuentran alojadas personas privadas de su libertad, tanto por la comisión de delitos como por situaciones vinculadas con patologías de salud mental, menores en custodia, entre otros.
El mopofista integra el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la convención contra la tortura, que se puso en funcionamiento este año, y fue acompañado por su par Federico Greve, también integrante del comité en representación de la Legislatura, y autoridades del comité nacional.
La recorrida comenzó este lunes con la visita a la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande por la mañana, por la tarde recorrió algunas comisarías y luego el área de salud mental del Hospital Regional; y una actividad similar se realizó ayer en la capital fueguina, en la Alcaidía Central, la unidad de detención de mujeres, el área de salud mental del hospital y la Asociación Civil Reencontrándonos.
El legislador recordó que el comité provincial está compuesto por representantes del Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo y organizaciones no gubernamentales con experiencia en derechos humanos, y cuestionó la falta de infraestructura que deriva en un hacinamiento de las personas privadas de su libertad.
Calificó la situación como “penosa”, en función de la superpoblación que lleva a que varios internos duerman en el piso, o no cuenten con mesas y sillas suficientes para sus comidas o para recibir a sus familiares. “El personal penitenciario hace un gran esfuerzo para cumplir con sus tareas, pero se ven desbordados por la particular situación de hacinamiento de los internos”, dijo.
Josefina Ignacio fue comisionada desde el comité nacional para realizar estas visitas, y mencionó que ya se habían elevado informes tras visitas anteriores para conocer la situación en la provincia.
Por Radio Provincia, Villegas indicó que “hace cinco o seis meses pusimos en funcionamiento el comité de seguimiento, que vela por el cumplimiento de los estándares internacionales de respeto por los derechos humanos para las personas privadas de su libertad, personas internadas por salud mental, adultos mayores, y menores en conflicto con la ley penal o medidas proteccionales. Este comité lo integro con el legislador Federico Greve, hay un representante del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial y un representante de organizaciones no gubernamentales. Junto con funcionarios del comité nacional nos hemos apersonado este lunes en la unidad de detención de Río Grande, hemos podido hablar con las autoridades y hacerle una serie de consultas sobre las condiciones en que se encuentran, el porqué de algunas medidas que se adoptan en la ejecución de la pena y se inspeccionaron las condiciones en que se encuentran los detenidos. Hablamos con los internos de los distintos pabellones, escuchamos sus inquietudes y las condiciones en que cumplen la condena. La pena se tiene que cumplir en condiciones de respeto a la dignidad humana”, subrayó, y esto no está ocurriendo.
“Por la tarde nos dividimos en distintos grupos, yo visité algunas comisarías con representantes del comité nacional y otros grupos estuvieron en contacto con el hospital Río Grande donde hay internados por salud mental. Ayer lo repetimos en Ushuaia y luego sacaremos nuestras conclusiones. Hemos visto la falta de una infraestructura acorde con la cantidad de internos. Como cualquier otra ciudad del país, el aumento del delito genera que haya cada vez más internos, también la modificación de algunas leyes con respecto a los delitos que atentan contra la integridad sexual de las personas, que obligan a cumplir la totalidad de la pena en establecimientos carcelarios. Esto va profundizando la necesidad de que el Estado afecte recursos para mejorar las condiciones de infraestructura del sistema carcelario, y hay un mayor número de internos respecto de la capacidad que tiene la unidad de detención de Río Grande. En Ushuaia es peor todavía, eso es lo más notorio y luego hay otras cuestiones que vamos a proponer desde el comité para mejorar el trato o el vínculo de los internos con sus grupos familiares. Hay condiciones de mantenimiento de las celdas que deben corregirse, ha quedado muy al desnudo la situación del mobiliario, porque no cuentan con la cantidad de bancos, sillas y mesas para que puedan almorzar o cenar los internos, o atender a sus familiares cuando tienen las visitas. Son cuestiones que se pueden llegar a corregir y dependen de la interacción de distintos actores del sistema estatal. Se pueden llevar a cabo distintos talleres de formación profesional a través del Ministerio de Educación, y es un reclamo que lo veníamos escuchando desde Río Grande hace tiempo. Hay un sinnúmero de acciones que tenemos instar, con un ánimo colaborativo y de cooperación, para mejorar las condiciones de los internos y lograr la resocialización”, expresó.
“La situación de Ushuaia es muy complicada. La unidad de Deloqui y Laserre tiene capacidad para 42 ó 44 internos y hay más de 100. Por información extraoficial sabemos que hay internos que duermen en el piso y por eso la idea fue ir a corroborarlo fehacientemente y ver el plan de acción del Servicio Penitenciario y del Poder Ejecutivo. El problema de hacinamiento no es responsabilidad exclusiva del director del Servicio Penitenciario, sino de las máximas autoridades del Ejecutivo”, remarcó.
“Es necesario trabajar de manera conjunta entre los distintos actores institucionales, reconocer las realidades y afectar recursos, porque no hay otra solución. Sabemos que no toda la población comparte la afectación de recursos, pero el Estado tiene obligaciones que cumplir, de lo contrario vamos a tener consecuencias internacionales”, advirtió.
“Por la información que tenemos no se tenía pensado afectar recursos del tesoro nacional para la construcción de una unidad carcelaria como se decía y eso ha quedado expuesto. Como integrante del comité y como legislador provincial voy a seguir trabajando en la materia, porque existe una situación muy delicada en la provincia que queremos revertir, con un ánimo cooperativo y de cooperación con las autoridades del Ejecutivo provincial”, insistió.
Consultado acerca de algún contacto con la ministra Adriana Chapperón, que faltó en varias oportunidades a las convocatorias de la comisión de seguridad, informó que tuvo una comunicación telefónica con la Ministra de Gobierno “por información que uno estaba requiriendo y venía un poco demorada, pero el ámbito de la comisión de seguridad corre por otro carril y yo estoy actuando como miembro del comité contra la tortura. Es un organismo que pusimos en marcha hace poco tiempo y estamos dando los primeros pasos, tratando de construir institucionalidad. Hay que velar por las personas en situación de encierro, poner el ojo sobre los menores que están con medidas proteccionales, ver si los lugares de alojamiento de esos menores respetan los estándares de derechos humanos. Tenemos que hablar con autoridades judiciales y ya hemos estado hablando con autoridades del Ejecutivo, con el Secretario de Salud Mental, con el Ministro de Desarrollo Humano, y ahora estamos visitando las unidades penitenciarias. Seguramente vamos a hacer un primer informe a fin de año, donde haremos recomendaciones, y para fines del año que viene podremos presentar un trabajo más serio de este organismo”, estimó.
Droga en las cárceles
También se le preguntó sobre la circulación de droga en las cárceles y señaló que “todas las unidades carcelarias sufren de determinadas situaciones. Las autoridades del comité nacional el año pasado hicieron las inspecciones correspondientes y pusieron de relieve que más del 40% de los internos están sometidos al suministro de psicofármacos de manera oficial, a través de la entrega institucional de medicamentos con intervención de los profesionales correspondientes. Sabemos que hay situaciones extraordinarias por comentarios de terceros, como el acceso a drogas, y hay que desarrollar un trabajo de manera conjunta, no solamente denunciando estas situaciones sino actuando sobre el terreno, para evitar la existencia de sustancias ilegales en las unidades de detención, como sucede en la sociedad misma”, propició.
“También visitamos algunas unidades policiales porque también extraoficialmente tenemos información de que, por la superpoblación carcelaria, hay personas procesadas o con prisión preventiva que, en vez de estar en una unidad de detención, están en calabozos de establecimientos policiales. Esto va a contramano de los estándares nacionales e internacionales, por eso visitamos algunas unidades policiales. Este trabajo no empieza ni termina con la tarea que desarrollamos en estos días. Uno persigue la resocialización de las personas que han cometido un delito y esto requiere de condiciones dignas para las personas”, enfatizó.
Veto parcial a la reforma jubilatoria
Por otra parte, se refirió al veto del Ejecutivo a la reforma jubilatoria que aprobó la Legislatura, y dijo que “está en plena etapa de estudio del alcance del veto. La ley sancionada ha sido positiva desde mi punto de vista. Desde el MPF hicimos dos planteos puntuales, que la ley observa y no han sido vetados, que son el reconocimiento de la retroactividad de la movilidad y la modificación de la base de cálculo para los futuros jubilados, que es de alcance general y no solamente para los docentes. Había una interpretación errónea del texto de la ley vigente, eso lo mejoramos con una nueva redacción y hoy está vigente el reconocimiento retroactivo, para que cada vez que tenga un aumento el activo, se vea reflejado en el haber pasivo desde la misma fecha, no con la demora de uno o más meses como venía sucediendo. También veo positiva la modificación de la base de cálculo para todos los empleados, no exclusivamente para los docentes como lo planteaban las autoridades del Ejecutivo provincial”.
“Este veto se refiere de manera parcial al artículo 2 de la ley sancionada. Nosotros preveíamos que estas modificaciones iban a impactar en el equilibrio financiero de la caja y que era necesario habilitar nuevas herramientas financieras para mantener la sustentabilidad del sistema. El artículo 2 prevé un aumento del 0.5% de aportes y contribuciones hasta un máximo del 2% en caso de que haya déficit en el sistema previsional. El Poder Ejecutivo lo vetó parcialmente porque sostiene que la base de cálculo no tiene que ser sobre los aportes sino sobre el total de las remuneraciones, y lo considero razonable. Esa fue la voluntad de los legisladores y por una cuestión de redacción de la norma se podía prestar a confusión, así que no tengo ningún inconveniente en que se corrija. Se solicitó al Ejecutivo que vuelva a enviar el presupuesto de la caja, porque el que se envió marcaba un déficit inexistente”, apuntó.
“El veto hace referencia a que ese déficit no tiene que ser estacionario sino de carácter permanente y no tengo objeción en ese sentido. Luego hay un veto al artículo 13 de la ley, que reconoce a los jubilados que accedieron al beneficio por la ley 1076 y 1210 la posibilidad de un recálculo de las jubilaciones, sin efecto retroactivo. En este caso serán las autoridades del Poder Ejecutivo las que deberán explicar el porqué de ese veto. Cuando voté a favor de este artículo entendí que había razones de justicia social y que, si en adelante va a haber una fórmula de cálculo distinta, esa modificación también debe beneficiar a los que se jubilaron por el régimen de la 1076 y la 1210. Habrá seguramente una discusión y se verá si hay voluntad de los demás legisladores para insistir con la redacción original”, barajó.
“Luego hay una modificación que sinceramente no entiendo bien y la tengo que estudiar, sobre el artículo 14. Se vetan los dos últimos párrafos, uno es un cuadro de cálculo, y no llego a interpretar cómo quedaría si ese artículo no se llega a insistir. Está todo en plena etapa de estudio y veremos si en la próxima sesión ordinaria hay voluntad de la mayoría de los legisladores para insistir la ley sancionada, o se aceptan estos vetos del Ejecutivo”, indicó.
En cuanto a la fecha en que se insistiría la ley, aclaró que “el veto va a tomar estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria y estamos previendo la prórroga de las sesiones ordinarias durante todo diciembre, así que tendríamos todo diciembre para insistir el veto parcial”.
Elecciones en la obra social y la caja
En otro orden de cosas, se le pidió opinión sobre las elecciones para renovar directores por activos y pasivos en la obra social y la caja de previsión. “Sinceramente no intervine de manera directa, pero me alegro de que Patricia Blanco haya vuelto a tener un resultado positivo, como una opinión personal, no política. Todos la conocemos y yo tengo un profundo respeto por su trabajo, por su compromiso con el sector pasivo, a veces coincidimos y otras veces no, pero es una persona que me merece el mayor de los respetos y creo que representa muy bien al sector pasivo. Del resto no he hecho una evaluación y creo que han sido elecciones transparentes. El mayor desafío es el que tienen los electos de ahora en adelante”, manifestó.
Interna del MPF
Por último se lo consultó sobre las internas del MPF, que quedó más dividido luego de la actuación de la vicegobernadora Mónica Urquiza en la convención constituyente municipal, de cara al 2023. “Yo no voy a presentarme a ningún cargo provincial ni nacional el año que viene. Es una decisión personal que expliqué en su momento. No significa que me aleje de la política o que deje de ser afiliado al MPF. Voy a acompañar a quien tenga que acompañar desde otro lado. En términos de organización, la convención del partido no se ha juntado y hay que esperar el cronograma electoral, que seguramente se va a definir en diciembre. En función de ese cronograma se van a activar los resortes institucionales dentro del MPF, como en todo partido político, de cara al proceso electoral del año que viene. Los que aspiran a ser candidatos tendrán que poner en debate público las propuestas y creo que el mayor desafío que tenemos es despersonalizar la actividad política y trabajar sobre proyectos políticos, sobre la mirada sobre el desarrollo de la zona sur, sobre la necesidad de fortalecer la logística de las fuerzas de seguridad, sobre la situación del servicio penitenciario, sobre el sistema educativo y la necesidad de afectar recursos para la construcción de establecimientos. El debate de ideas debe correr por ese lado y dejar de lado las personalizaciones. Lo importante es discutir ideas y proyectos y seguramente esto se va a dar a principios del año que viene. Este año puede haber posicionamientos de algunas personas pero, por lo que indica la historia política de Tierra del Fuego y del MPF, recién esto se activa una vez que se conoce el cronograma electoral”, expresó.
Asimismo, adelantó que emitirá opinión el año próximo sobre la actuación en la convención. “Hay opiniones encontradas entre lo que dicen y lo que hacen algunos dirigentes y seguramente eso va a ser materia de opinión particularmente del afiliado al MPF cuando haya que elegir a los candidatos. Habrá que analizar la conveniencia o no de seguir participando en una coalición de gobierno a nivel provincial. Hay un sinnúmero de factores que van a ser evaluados por los afiliados. Por decisión personal me voy a mantener un poco corrido de las decisiones estratégicas del MPF, pero eso no quita que no vaya a opinar o seguir trabajando en política, desde el lugar que sea”, concluyó.
Recorrieron establecimientos de detención y rehabilitación y guiaron los protocolos preestablecidos
Tras la puesta en funcionamiento del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la convención contra la tortura, hace unos meses atrás, organización prevista por Ley provincial N° 857, autoridades provinciales, nacionales y representantes del Poder Judicial recorrieron las unidades de detención y centros de rehabilitación de salud mental para elaborar el primer informe local. Desde el Comité nacional acompañaron a los funcionarios de la Provincia y guiaron los protocolos preestablecidos.
Josefina Ignacio, comisionada desde el Comité nacional contó a Prensa Legislativa que se trabaja en los protocolos desde años anteriores, “hemos elevado informes años anteriores sobre la situación de la Provincia, porque la recorrimos. En esta ocasión celebramos la puesta en funcionamiento del organismo local, esto va a permitir mejores resultados en el abordaje de las problemáticas que se presentan y los resultados en los que queremos avanzar”.
Explicó que una de las obligaciones “que tenemos por Ley, es impulsar los mecanismos locales para la prevención de la tortura en cada jurisdicción. Si bien existe una Ley en la Provincia, no estaba puesta en funcionamiento y trabajamos para que se logre”.
Sobre la visita a Tierra del Fuego dijo que la intención es “transmitir algo de experiencia de lo que venimos trabajando en el resto del país”. Finalmente detalló los distintos dispositivos en materia de género que están “destinados a las personas privadas de su libertad que fueron condenadas por este tipo de delito y las constantes capacitaciones a las fuerzas de seguridad”, cerró.
