El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina y la cámara maderera, expuso el malestar del sector privado por la constante injerencia del Estado. En particular mencionó la decisión de implementar un bono de fin de año, cuando hay en medio negociaciones paritarias y se está acordando con los respectivos gremios. También cuestionó la sucesión de feriados, como el dispuesto para los festejos por el triunfo en el mundial de fútbol, porque se paraliza la actividad cuando las dificultades de movilidad se concentran en Buenos Aires, no en el resto del país. El principal inconveniente a sortear es la falta de insumos para producir, como tercer factor vinculado con políticas estatales que “van a generar recesión en 2023”, afirmó. Avizoró dificultades en la provincia por la dependencia de la importación de insumos y los recortes que se harán en fondos nacionales comprometidos para obras, ante la medida cautelar que fijó un piso coparticipable distinto del que pretendía el gobierno para CABA. Además, advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno nacional eche mano a los fondos de la prórroga del subrégimen industrial, dado que está obligando a gobiernos y municipios amigos a adquirir títulos “que no quiere nadie”, y una suerte similar podría correr el dinero destinado a ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo planteó un panorama preocupante para todo el país, con una crisis que tiende a agravarse el próximo año por un proceso recesivo en aumento, a partir de la falta de insumos para producir. Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 agregó críticas al Estado nacional por meterse en temas que son de injerencia exclusiva del sector privado.
Cabe recordar que la vicepresidente de CAME Claudia Fernández dio a conocer la decisión de las cámaras nacionales de judicializar el pago del bono. Como integrante de la Unión Industrial Argentina y de la cámara maderera, Gallardo informó que “este miércoles tuvimos una reunión en la Federación de la Industria Maderera vía Zoom y tenemos tres preocupaciones: por un lado el bono, por otro los feriados que se decretaron para diciembre, y sobre todo la falta de insumos para la fabricación. Esta situación escapa de lo normal y tenemos muchas empresas que han parado por falta de insumos. Todos estamos haciendo reclamos, pero los dólares no alcanzan y se está frenando la actividad de muchas empresas dentro del sector foresto-industrial. Hay elementos que se usan para proteger la madera que son importados, no se consiguen, y eso hace que no tengan elementos los que fabrican desde muebles a viviendas de madera, por lo que están parando. Faltan herrajes y estamos haciendo todos los reclamos al respecto, además es muy probable que saquemos una solicitada”, dijo.
“Con respecto al bono de fin de año estamos preocupados porque se están tomando medidas anticonstitucionales. Cada uno tiene derecho a ejercer una actividad lícita como el comercio y para discutir los salarios existen las paritarias, donde el sector gremial y el empresarial definen los valores para las distintas ramas. Ahora aparece el Estado incorporando un bono, cuando las empresas ya habían acordado las remuneraciones y las discusiones paritarias inclusive para 2023. No cayó nada bien porque, si el Estado quería hacer un regalo, lo deberían haber hecho ellos, más allá de que se diga que se va a descontar el 50% del pago de Ganancias para las empresas del continente”, sostuvo.
“Tampoco cayó bien el feriado del miércoles y de este viernes -que finalmente quedó como día no laborable-, y ya salió el juez Soria que declaró nulo el decreto, porque el presidente no se puede arrogar facultades que le corresponden al Congreso. Un día que se decreta feriado es un día que se pierde actividad y realmente estamos cansados de los feriados, porque a los nacionales se agregan los provinciales, el feriado del mundial, y en definitiva nadie trabaja”, criticó.
“Pueden tomar medidas con el sector público, pero hay mucha disconformidad del sector privado por todo esto. Cuando en un feriado la empresa quiere poner a trabajar una persona, le tiene que pagar el doble y no corresponde. Está bien que ganamos el mundial, pero no deja de ser una caravana por la provincia de Buenos Aires y nada más, porque la realidad en el interior en otra, como Tierra del Fuego, que está a tres mil kilómetros”, expresó sobre la visión centralista de estas medidas.
“Es un día que genera un costo adicional y el sector empresarial quiere que le permitan trabajar. Estamos bastante cansados de las injerencias del Estado en la actividad privada”, enfatizó.
Un Estado que no deja trabajar
El contador planteó la paradoja que se está dando, porque el Estado, que debería incentivar el trabajo y la producción, es el que la está frenando, con la falta de acceso a insumos, los feriados que decreta y paralizan la actividad, entre otras medidas que llevaron a las cámaras nacionales a aunar fuerzas para reclamar. “El ministro Massa quiere cumplir con las pautas que firmó con el FMI y está cerrando el grifo, y esto alcanza a las partidas de obras comprometidas con distintas provincias. La Corte Suprema sacó una medida cautelar por lo que pretendían sacarle a la ciudad de Buenos Aires de coparticipación, y esa diferencia de algún lado va a tener que salir. Siempre es la misma caja así que las provincias se van a ver afectadas. No digo que les vayan a sacar coparticipación, pero sí fondos comprometidos para obras. Esto es de aplicación inmediata y por eso se hizo la reunión de gobernadores, porque todos están pensando que en época de elecciones no van a tener plata”, señaló.
“Uno como empresario no mira eso, lo que nos perjudica es la falta de insumos para producir. En la provincia tanto AFARTE como los autopartistas firmaron un acuerdo en agosto para disminuir un 40% la importación de insumos y eso significó 900 millones de ahorro al Estado entre las dos partes, pero esto es menor actividad y menos de ocupación de mano de obra”, alertó.
“Hoy esto se está reflejando en todo el país y no hay actividad que no tenga problemas con los insumos importados. Los dólares cada vez son menos porque hay que cumplir con el FMI, y el fondo está prestando para pagar sus propias deudas. Creo que en 2023 en la provincia va a haber una recesión generada por la falta de insumos. La dependencia de lo importado nos va a pegar muy fuerte y en mi opinión el año próximo va a ser mucho peor que este”, anticipó.
Decomiso del Fideicomiso de la prórroga
Por otra parte se le preguntó sobre las novedades vinculadas con el fondo conformado por los aportes de las empresas que han adherido a la prórroga del subrégimen, dado que se estima una suma de 30 mil millones, pero hay versiones de que ese dinero está quedando en la caja nacional y no llegará al destino específico que tiene. “En su momento sacaron un plazo de 120 días para que el Estado nacional envíe los fondos que recauda al fideicomiso S.A., y ese plazo vence entre el 7 el 12 de enero de 2023. Evidentemente el Estado nacional tiene dos problemas, porque no somos creíbles y nadie nos presta desde el exterior; y a nivel local tampoco están prestando. Han hecho pedidos a empresas para que renueven los títulos que emite el Estado nacional, porque tienen todos los vencimientos acumulados en 2023 y muy poco en 2024. Cada vez que vence un título, hay que volver a reestructurarlo. Las últimas veces se le pidió a los municipios que son del mismo color político y a los Estados provinciales que pusieran en los títulos cualquier plazo fijo que anduviera dando vueltas. En Tierra del Fuego invirtieron 500 millones y se corre un gran riesgo porque no creo que esa plata la vuelvan a ver”, aseveró.
“Los vencimientos se van reestructurando y también le están pidiendo a las empresas que les den una mano con este tema, porque los títulos que vencen los termina comprando el Banco Central mediante la emisión de dinero, que provoca más inflación. Este fondo que se fue recaudando con el aporte de las industrias promocionadas no sabemos dónde está, seguramente en alguna cuenta corriente, y esperemos que no termine en títulos nacionales en lugar de destinarse a la ampliación de la matriz productiva. Así como el gobierno de la provincia puso 500 millones en títulos nacionales, también le van a pedir que colabore comprando esos papeles que se viven reestructurando”, pronosticó.
“El principal comprador de los títulos del Estado son los bancos y después están los organismos públicos. Cuando no encuentran quién compre esos títulos lo termina haciendo el Banco Central mediante emisión monetaria. Se ha hecho una bola que es cada vez más complicada. No hay financiamiento exterior y los títulos locales no los quiere nadie, salvo los mismos organismos del Estado y los gobiernos o municipios del mismo color político. Al privado no lo pueden obligar, y lo mismo pasa con los acuerdos de precios, porque les han dicho que si no aumentan tanto hasta el próximo año les van a dar prioridad a los insumos importados que necesitan, pero todavía eso no sucede”, fustigó
Programa de transición energética
En otro orden de cosas, se le pidió opinión sobre la autorización legislativa para que la provincia contraiga endeudamiento externo por 141 millones de dólares para el programa de transición energética. “No conozco los detalles pero el 2023 va a ser difícil para la provincia, inclusive para que puedan reperfilar sus propios vencimientos. Hay una acumulación de deudas complicada y las obras que están comprometidas por el gobierno nacional, lo mismo que las ayudas, se van a ver acotadas”, reiteró.
“La tasa que se negoció, de casi el 6% a pesar de que se hablaba del 2% de interés en dólares, es más alta de lo que se paga al FMI, que anda en el 4%”, apuntó.
Puerto de Río Grande
Sobre la inversión privada del Grupo Mirgor, consideró que “es una obra que tendría que haber hecho hace rato el gobierno, y bienvenido sea que haya aparecido un privado. Ojalá pueda concretar la inversión y tenga el financiamiento, porque se habla de 250 millones de dólares. El problema que tiene la Argentina es la falta de inversores y el Estado está a la espera de que el privado haga las obras que tendría que haber hecho hace rato”.
Nuevas inversiones limitadas
Con respecto a la posibilidad de las empresas que adhirieron a la prórroga de hacer inversiones, dejó el interrogante sobre posibles limitaciones. “Las empresas electrónicas tienen pocos días más, hasta el 31 de diciembre, para presentar la ampliación de los proyectos productivos. Del 15% que tienen que depositar al fondo se pueden quedar con el 40% para estas inversiones, que deben estar relacionadas con la ampliación de la matriz productiva. Se tienen que aplicar a la ganadería, a los recursos forestales, al petróleo, al turismo, y lo dice el mismo decreto. Además el decreto 725 dice que tienen que ser actividades autosustentables, es decir que no funcionen al amparo de la 19640. Tienen que ser productos que no colisionen con lo que venden las empresas del continente. En el caso del petróleo, tienen los beneficios de la ley para nuevos emprendimientos pero hay que ver si las industrias promocionadas presentan proyectos para participar de esta explotación y si se los van a aprobar, porque hablan de actividades autosustentables por fuera de la promoción”, explicó.
“Las fábricas podrían dedicarse a desarrollos petroleros y veremos si se lo van a permitir, porque tienen beneficios promocionales. Nos queda la duda de si van a restringir las nuevas inversiones solamente a las actividades autosustentables, sin beneficios. Si no invierten en un plazo de dos años ese crédito no va a quedar a favor de ellos eternamente. Esperemos que los fondos del fideicomiso no sean captados y canjeados por títulos ante la necesidad del Estado nacional, porque ahí sí vamos a estar mal”, sentenció.
Desarrollo maderero fuera de agenda
Finalmente se refirió a la actividad con la que está vinculada desde hace muchos años y cuestionó la falta de interés del gobierno provincial en el desarrollo maderero. “El sector foresto industrial no pudo crecer durante este gobierno porque jamás se le dio la posibilidad de hacer mayor uso de la madera en las viviendas. En la gestión anterior se hicieron algunas viviendas, pero en esta no hubo ninguna posibilidad, a pesar de los reclamos de las cámaras. Hemos hablado con el IPV, hubo un compromiso, pero ya estamos llegando a la próxima elección y no nos dieron ninguna posibilidad para que creciera el sector. Hay emprendimientos, como el de Ramón Rivero en Tolhuin, que no tiene luz y no lo puede poner en marcha; y otros emprendimientos directamente están cerrados. Tenemos tecnología de muy alto nivel, secaderos de madera, pero está todo cerrado por falta de actividad, y no se avizora ningún horizonte para absorber mano de obra y reabrir los establecimientos cerrados para volver a producir”, dijo.
“No se vislumbra nada y no se puede abrir en estas condiciones, pagando 300 mil pesos de luz y sueldos de empleados, cuando no hay demanda para el producto. Con todas las viviendas que se están haciendo jamás se planteó el uso de madera, a pesar de que existe una ley que dice que en toda obra de este tipo se debe dar prioridad al uso de madera. Llevamos más de tres años y esto no ocurrió y no pudimos crecer en nada. Muchas veces se habla desde el gobierno de obras faraónicas, pero son las pymes las que generan empleo”, concluyó.
