La causa que investiga la caída del avión sanitario Lear Jet 35 de la empresa Flying América SA (Matrícula LV-BPA) y que le costó la vida a tres personas, está caratulada como causa FCR 10517/2022 “N.N. s/atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”. Aunque no hay una hipótesis más fuerte que otra, la Justicia Federal de Río Grande, avanza en la recepción de declaraciones testimoniales, sumadas a las que se receptaron el año pasado, entre otras medidas de interés. Mientras esto sucede, están a la espera del informe técnico que elabora la Junta de Seguridad en el Transporte, a fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas, civiles o criminales.
Río Grande.- La causa vinculada al siniestro aéreo producido el día 1 de julio de 2022 que tramita en la Secretaría Penal 1 del Juzgado Federal de Río Grande, se encuentra en etapa de investigación.
Según las averiguaciones realizadas por Provincia 23, tal como es habitual en este tipo de incidentes, la tarea del Poder Judicial se orienta a esclarecer cuáles fueron las causas del siniestro, esto es, identificar cuál fue el nexo causal que derivó en la caída de la aeronave y el deceso de sus tres ocupantes, así como, en caso de corresponder, individualizar a los posibles responsables.
Para esto, es imprescindible contar con el informe técnico que elabora la Junta de Seguridad en el Transporte (J.S.T.) –creada por la ley 27.514 en el año 2019-, que es un organismo descentralizado que actúa en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación y tiene como misión identificar las causas probables y los factores contributivos que hayan dado origen a los sucesos de transporte.
La ley 27.514 establece que dicha actividad es exclusivamente técnica, ello así en la medida que la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o criminales pertenece al ámbito de la investigación judicial o administrativa, según su caso.
Por este motivo, el Juzgado Federal de Río Grande y el Ministerio Público Fiscal intervinieron inmediatamente después de producido el siniestro en las tareas de recolección y conservación de las evidencias que permitirán a la Junta de Seguridad en el Transporte arribar a sus conclusiones.
De esta manera, se llevaron a cabo las audiencias testimoniales de todas las personas que se encontraban cumpliendo funciones en el Aeropuerto Internacional de Río Grande en general (personal de la Administración Nacional de Aviación Civil –A.N.A.C.- y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –P.S.A.-) y a aquellas que intervinieron en las tareas de contención y extinción del fuego (personal de bomberos de la A.N.A.C.), así como se ordenó la realización de las autopsias de las víctimas, entre otras medidas de interés.
En la actualidad, “el tribunal se encuentra a la espera de las conclusiones de la Junta de Seguridad en el Transporte para conocer cuáles fueron las causas que provocaron el suceso aéreo y, en su caso, analizar las posibles atribuciones de responsabilidad que pudiesen corresponder”, confió a este medio, una fuente inobjetable.
El incidente aéreo
Cabe mencionar que la aeronave de la empresa Flying América SA realizaba un vuelo sanitario desde la ciudad de Buenos Aires.
Había partido a las 8.45 del 1 de julio del 2022, desde el Aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y tras una escala en Comodoro Rivadavia llegó a Río Grande, Tierra del Fuego, trasladando a un bebé de cinco meses y su familia.
El accidente sobrevino cuando la nave despegaba de esta ciudad con el objetivo de regresar a Buenos Aires.
El comandante Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denis Torres García fallecieron en forma instantánea, se informó oficialmente.
