El contador Ramón Gallardo expuso los temas que buscan poner en discusión con las autoridades del gobierno, tras la reunión mantenida con la cámara de comercio y otras entidades que nuclean actividades privadas, dado que el decreto de ampliación de la prórroga habla claramente de los rubros a desarrollar y ninguno de sus representantes está incluido en el comité asesor. Cuestionan también que tres miembros designados por el gobierno nacional decidan sobre el futuro de la provincia y además apuntan a un cambio en la conformación de la comisión del área aduanera especial, donde perdió representatividad la cámara de comercio, como también la Legislatura, y quedaron la UOM y la UIF por los privados, sin referentes vinculados con la industrialización de recursos naturales. Asimismo, encendió una alerta sobre la posibilidad de que los fondos destinados al desarrollo de proyectos, que debió girar el gobierno nacional al BICE el 17 de enero, terminen en títulos públicos, por lo que esperan ser recibidos por las autoridades a fin de dar explicaciones. Otra modificación que reclaman se relaciona con el compre fueguino, que no se cumple y necesita adecuaciones, para que no terminen adjudicando obras a “funcionarios, amigos o familiares” en lugar de a las pymes que ya están constituidas y asociadas a las cámaras privadas.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la Cámara Fueguina de la Madera y del sector pymes de la Unión Industrial Argentina, se sumó a la Cámara de Comercio de Río Grande como socio, y dio a conocer por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 los temas abordados en el último encuentro, del que participaron representantes de sectores productivos privados.
“Con José Luis Iglesias, que es el presidente de la cámara de comercio, lo que buscamos es crear una mesa de diálogo con la provincia, en la que confluyan las cámaras empresariales, los sindicatos, las asociaciones civiles, las universidades. El objetivo general es la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego y hay objetivos particulares de acuerdo a cada sector. En esta primera reunión estuvo la cámara metalmecánica, la cámara del árido, la cámara de la madera y la de comercio. Hubo otros invitados que estaban de vacaciones, pero se irán sumando. Tenemos una provincia rica en recursos naturales que no se han sabido aprovechar. Por un lado tenemos la prórroga del subrégimen industrial y por otro la ampliación de la matriz productiva, y la mesa de diálogo que buscamos es para orientar y elaborar proyectos que apunten a la creación de puestos de trabajo”, dijo.
“En los últimos años lo único que creció fue el empleo público y la actividad privada está bastante golpeada, con una fuerte presión fiscal para los pocos que están quedando. Hay medidas que tienen efectos no deseados, como las restricciones cambiarias, porque la industria no tiene insumos para producir y eso provoca más recesión. Tenemos una serie de puntos que queremos discutir en esa mesa, porque hay un comité de tres personas del gobierno nacional que va a decidir qué podemos hacer y qué no, y eso tiene que cambiar. Tiene que haber un representante de la provincia, porque este comité va a manejar un fondo que surge de la retención del 15% del IVA de las electrónicas, que serían casi 100 millones de dólares anuales, retroactivos al 1° de enero de 2022. Esto ya se está recaudando y son varias las empresas que hicieron el aporte. No es correcto que tres personas de fuera de la provincia nos vengan a decir qué podemos o no hacer”, subrayó.
“El primer punto es hablar sobre la administración de los fondos, porque la va va a manejar un banco que se llama BICE Fideicomiso S.A., y queremos saber por qué esos fondos no los administra el Banco Tierra del Fuego. El segundo punto es sentarnos con las autoridades para ver su postura sobre el comité ejecutivo, que no tiene representación provincial. El tercer punto es el comité asesor, que tiene cinco integrantes, uno por la Municipalidad de Río Grande, otro por la de Ushuaia, otro por el gobierno, otro por la UIF y otro por la UOM. Lo que decida el comité asesor no es vinculante y por eso queremos que se modifique, pero además también queremos cambios en la integración, por el tipo de proyecto que se puede presentar: el decreto 727 habla de agricultura, ganadería y pesca; de turismo, de hidrocarburos, de silvicultura y bosques. De todas estas actividades hay representantes en la provincia, pero ninguno está representado en el comité asesor”, cuestionó.
“Tenemos constituida la cámara de la madera, la cámara de la turba, como también están los sindicatos, y ninguno tiene representación. Queremos que el comité asesor tenga representante de las cámaras relacionadas con la industrialización de recursos naturales para defender con mayor conocimiento los proyectos que se vayan presentando. La UOM solamente representa a los metalúrgicos y la UIF a las electrónicas, pero no a los sectores relacionados con recursos propios de la isla, y son los que se quieren desarrollar para ampliar la matriz productiva y generar empleo”, enfatizó.
“No queremos quedarnos sentados a esperar que el gobierno saque o no un proyecto, o la Ministra de Producción. Hay cierto desencanto de parte de las cámaras empresariales porque se las está viendo como poco significativas o no representativas; pero cuando se constituye una cámara tiene el objetivo de defender a sus asociados. Cuando se constituyó la cámara del árido fue porque los dejaron sin canteras para producir y todavía no encuentran una solución. Las cámaras tienen representatividad de sus asociados y tienen que ser escuchadas”, reclamó.
Unificando criterios
En principio los privados que han quedado fuera de la toma de decisiones están propiciando un trabajo unificado y la convocatoria es amplia: “En esta mesa de diálogo van a estar todas las cámaras, porque nosotros no las vamos a dejar afuera, y queremos que presenten sus proyectos. La idea es mover al sector privado y modificar los decretos. También queremos que se modifique la conformación de la comisión del área aduanera especial, que fue cambiada por el decreto 727, dejaron siete representantes, pusieron uno de Ushuaia, y perdieron la representación que tenían la Legislatura y la Cámara de Comercio. Nosotros queremos incorporarnos, porque la comisión del área aduanera especial es la que aprueba la acreditación de un producto y decide si es exportable o no, y no hay mejores defensores de esa documentación que se presenta que los sindicatos y las cámaras que representan cada sector”, afirmó.
“Si yo voy a hacer una silla con el 50% de agregado extra zona, por ejemplo de plástico, necesito que en la comisión haya alguien que represente al sector del plástico y la madera. No estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que la comisión que aprueba las acreditaciones de origen, cuente con representantes de sindicatos y cámaras que son más idóneas que la UOM y la UIF en estos temas. La UOM y la UIF que se dediquen a la electrónica”, sentenció.
Dónde están los fondos
Por otra parte, expresó preocupación por la posibilidad de que el gobierno nacional dé un uso distinto a los fondos para el desarrollo de Tierra del Fuego, en función de las necesidades coyunturales. Afirmó que ya hay fondos depositados por las empresas el año pasado y en el transcurso del 2023, que deben destinarse a proyectos y obras de infraestructura de la provincia, pero “están en una cuenta corriente que maneja el gobierno nacional. Por resolución se constituyó el fideicomiso BICE S.A., que es una entidad financiera y va a administrar estos 100 millones de dólares. Había un plazo de 120 días para que el Estado nacional derivara al BICE el dinero, que venció el 16 ó 17 de enero. Desconozco si transfirieron los fondos y nos preocupa que ese dinero termine en títulos públicos, porque se sabe de la necesidad del gobierno nacional de renovar vencimientos de títulos, que cada vez le cuesta más”, dijo.
Capacitación sobre la promoción fueguina
En función de la importancia de los fondos, consideró por demás relevante capacitar a las pymes en el tema, para que no queden afuera de esta posibilidad de desarrollo. “Queremos continuar con la capacitación sobre la 19640 y los decretos de prórroga. Hay muchas personas que no saben cómo presentar un proyecto, dónde hay que hacerlo, qué financiamiento le pueden dar. Realmente existe un desconocimiento total y queremos cambiar eso en esta mesa de diálogo, a través de cursos de capacitación”, indicó.
“Las pymes deben saber cómo desarrollar un proyecto y eso va a significar más mano de obra. También queremos modificar la ley de compre fueguino o compre local, para que las empresas hidrocarburíferas compren a los locales. Es importante, porque ese dinero que queda acá va a significar más mano de obra y trabajo para muchas pymes. Queremos introducir modificaciones, como el compre que se hace en Chile, donde un funcionario no puede ser oferente. Buscamos más transparencia y no que la política signifique un negocio para pocos. Un funcionario no puede fabricar una empresa para pavimentar Río Grande, porque para eso están las empresas constructoras”, planteó.
“Las empresas hidrocarburíferas que van a hacer obras le deben dar prioridad a las empresas radicadas en la provincia y, si no es así, pueden recurrir a empresas de afuera, pero eso no dio resultado ni a nivel local ni provincial. Tampoco se está aplicando la adecuación que se había acordado con Total para que la mano de obra esté radicada en la provincia y lo discutimos en la reunión con las cámaras. Las pymes siguen con el poco trabajo que tenían, y no pueden tomar mano de obra porque no hay trabajo. La cámara metalmecánica dio un ejemplo claro, porque en su momento los llamaron para hacer 170 escaleras para los edificios del IPV en Chacra. Se presentó el prototipo, pero terminaron otorgándolo a alguien de afuera de la cámara. Realmente están muy enojados porque no se cumple la ley de compre fueguino y por eso hay que modificarla, para que no terminen adjudicando una obra a un funcionario, un amigo o pariente de ese funcionario, cuando hay cámaras que tienen el personal en regla y no se crearon sobre la marcha para determinado trabajo”, concluyó.
