La información se desprende de la Resolución de Plenaria N° 036 del Tribunal Provincial de Cuentas. La sanción tiene como principales argumentos la falta de control interno y la auditoría que debió hacerse previo a la compra directa de tierras que realizó el Instituto Provincial de Vivienda que encabezaba la ahora ex presidenta, Arq. Leticia Hernández. Deberá pagar una multa del 5% de sus remuneraciones brutas correspondientes al mes de junio 2022 cuando se realizó la operación.
Río Grande.- El 13 de junio del 2022, la entonces Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda, Arq. Leticia Hernández, anunciaba junto al Gobernador Gustavo Melella el “histórico plan habitacional” y la compra de tierras urbanizadas para construir más de 1.200 viviendas en Río Grande, por un monto superior a los $1.676.791.470.
En ese entonces, la propia Arq. Hernández explicaba que “la adquisición de estas tierras urbanizadas en Río Grande, demandó una inversión de más de 1.600 millones de pesos, lo que constituye un gran esfuerzo por parte del IPV y del Gobierno provincial” y ya advertía que “este procedimiento, que quizás algún pícaro pretende ensuciar, está dentro de lo estipulado por ley y lo venimos llevando adelante desde hace más de un año y medio. Para quienes hoy cuestionan ‘el apuro’ y los mecanismos implementados para la adquisición de tierra les decimos que hace dos años venimos diciendo lo complejo de esta situación”.
A pesar de sus llamativas explicaciones, lo cierto es que finalmente se conoció la Resolución Plenaria del Tribunal Provincial de Cuentas que establece “que en virtud a las irregularidades detectadas, corresponde aplicar una sanción de multa del cinco por ciento (5%) de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes al mes de junio 2022 a la Arq. Iris Leticia Hernández, en su carácter de entonces Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, por apartarse de las disposiciones de la Resolución Plenaria N.° 01/2001, de la Resolución Plenaria N.° 123/2016 y de la Resolución OPC N.° 17/2021”.
El Tribunal de Cuentas hace hincapié en que se “vulneró el control interno y externo en el Expediente del registro del Instituto Provincial de la Vivienda N.° 800/2022 Letra: IPVyH-EE, caratulado: «ADQUISICIÓN DE TIERRAS EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE». Y en la misma resolución, el Tribunal “recomienda” a la actual Presidenta del IPV, Arq. Laura Montes, “que instruya a las áreas del organismo a su cargo a fin de que en el futuro eviten el apartamiento a las citadas normas, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones”.
Lo cierto es que, en un primer momento, la resolución N° 915/2020 del IPV autorizaba el gasto de $1.075.000.000,00 y la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N.° 43/2022 por la adquisición de tierras en la ciudad de Río Grande, aprobando el formulario de cotización y el pliego de bases y condiciones. Luego, emitió otra llamativa resolución (N.° 1064/2022) para “autorizar el gasto por $ 601.791.470,00, readecuando el monto de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada $1.676.791.470,00, aprueba el procedimiento y adjudica la Contratación Directa por Compulsa Abreviada a Chávez, Julio; Palacios, Claudio; Volpe, Oscar, y BC Ushuaia SRL, rectificada por Resolución I.P.V.yH. N.° 1072/2022”.
Hasta ahora, no se escuchó la palabra, ni tampoco se conoció alguna explicación de ningún funcionario del Gobierno Provincial, sobre esta sanción que recibió la ahora ex presidenta del IPV, Arq. Leticia Hernández, y que pone en evidencia la falta de control interna y externa que tuvo esta polémica operación de compra directa.
El propio Gobernador Gustavo Melella confirmaba en septiembre del 2022 que la salida de Hernández al frente del IPV, tenía que ver con “un cambio técnico necesario en este momento”, en medio de las acusaciones que había recibido la ex funcionaria por “hostigamiento laboral, abuso y violencia de género”.
