El Dr. Francisco Ibarra es el abogado de la madre y el padre de la enfermera Denise Torres García, una de las cuatro víctimas fatales del siniestro aéreo ocurrido en julio del año 2022, en la ciudad de Río Grande. En los últimos días, fueron aceptados como querellantes y ahora, “lo que ellos quieren saber es cual fue la causa del siniestro porque no se puede entender que un avión a 7 segundos de haber despegado se estrelle”, sostuvo el abogado.
Río Grande.- “Asumí la representación hace dos días, y ayer se me tuvo como querellante -la Justicia Federal- en representación de los padres de Denise Torres García y se me permitió tener acceso al sistema del Poder Judicial de la Nación por lo cual la información de la causa está en el sistema y pueden acceder las partes”, indicó el abogado Francisco Ibarra en declaraciones a Radio Provincia.
Sobre las motivaciones de la familia para constituirse como querellantes, Ibarra explica: “Lo que Mónica Ferrera -mamá de Denise- hace referencia es a la desgrabación de la cinta, porque recién había salido para Estados Unidos y recién había salido en enero, y falta el período para desgrabar y luego debe ir a la Junta y hay un tiempo largo de esta investigación para saber que contiene la cinta, pero por lo que estamos estudiando la causa, existen muchas pruebas que se produjeron. Declaraciones testimoniales del personal, de distintas fuerzas que intervinieron en el momento del accidente, el personal de la torre de control y del Club de aviones que pudieron observar el momento del despegue, toda esta actuación se llevó a cabo” y agregó: “también los resultados de autopsia y el análisis del combustible, es decir hay mucha información en las actuaciones y falta lo fundamental que es la desgrabación de la cinta. El avión no tiene caja negra, sino cintas y esto es lo que se tiene que desgrabar”, sostuvo.
“Lo que ellos quieren saber es cual fue la causa del siniestro porque no se puede entender que un avión a 7 segundos de haber despegado se estrelle”, indicó el letrado y continuó “la prueba central es la que venga de Estados Unidos, y no tenemos fecha exacta de ese resultado, porque eso debe luego ir a la Junta y emitir el informe, pero podemos avanzar con otra prueba, de hecho, tenemos la semana que viene, declaraciones testimoniales nuevas”.
En este sentido, Ibarra aseguró: “No se descarta ninguna hipótesis, ellos quieren saber la causa por la cual la aeronave despegó e inmediatamente cayó”.
Acerca de lo que busca la familia, el letrado dijo: “Todo tiene distintos grados de responsabilidad; si se trató de una falla humana, es un grado de responsabilidad; si se trató sobre los materiales de la aeronave, habrá otra responsabilidad; si hubo fallas por falta de mantenimiento, habrá otra responsabilidad”, detalló.
“Acá fallecieron 4 personas, y eso es lo que queremos saber, el porqué. En este caso, si fue una falla humana, están fallecidos, pero si la responsabilidad fue del dueño de la aeronave, e iniciara una causa por la omisión de este mantenimiento y se abren distintas líneas investigativas y de trabajo”, explicó Ibarra.
“Es fundamental saber que pasaba en los momentos previos, por qué esta aeronave inicia el giro hacia la derecha y luego hace una maniobra brusca hacia la izquierda y termina derribado”.
El hecho
El 1 de julio de 2022, a primera hora de la tarde, Río Grande se transformaría en noticia a nivel nacional: un avión se estrellaba a poco de despegar del aeropuerto local, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes; dos pilotos, un médico y una enfermera fueron las víctimas.
8 meses después, aún se desconocen los pormenores de la mecánica del siniestro, más allá de las pericias ordenadas por la Justicia Federal de nuestra ciudad, que tomó la investigación desde un primer momento.
Y es que desde el tribunal liderado por la Dra. Mariel Ester Borruto se encargó la recolección y preservación de la evidencia, se ordenaron las autopsias y se devolvieron los cuerpos y hasta se atendió a los familiares de las víctimas hasta que estaos designaron a los abogados. Se tomaron también testimoniales a los presentes en el momento de la tragedia y a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
Pero falta aún un informe clave y es el que elabora la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que son los designados legalmente para analizar las causas del siniestro y sugerir medidas para evitar nuevos incidentes a futuro.
Esto motiva a que los familiares de una de las víctimas, la enfermera Denise Torres García, hayan iniciado una campaña a través de la plataforma Change.org para pedir a las autoridades nacionales que resuelvan con celeridad qué sucedió ese fatídico 1 de julio y, sobre todo, si hay algún responsable de la tragedia.
