Así lo afirmó la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat ante el video que se viralizó involucrando al IPVyH en un acto de corrupción. En este sentido expresó que “no es una persona del IPVyH y ni siquiera sé si es del Gobierno de la Provincia. Lo que sí sé es que no trabaja con nosotros y si bien habla de vivienda sociales, no está hablando de nuestras viviendas”. También invitó al diputado “Stefani a interiorizarse sobre el proceso de entrega de viviendas en el IPVyH”. Consideró esta situación como “demasiado burda y si la Justicia nos llama, vamos a asistir, pero de lo que se habla en el video, no se nombra al IPVyH, hablan de dúplex y de barrios”. En otro ordena señaló que “tenemos una demanda de 9 mil viviendas y una demora de entrega de 17 años”.
Río Grande. – La Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Arq. Laura Montes, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 donde se refirió al video que se viralizó en algunos medios de comunicación donde una persona ajena al organismo, aduce un acto de corrupción en la entrega de viviendas sociales, lo cual fue totalmente descartado por la funcionaria provincial.
Al respecto, expresó que “no es una persona del IPVyH y ni siquiera sé si es del Gobierno de la Provincia. Lo que sí sé es que no trabaja con nosotros y si bien habla de vivienda sociales, no está hablando de nuestras viviendas. Yo lo atribuyo a un acto de campaña. Se dio la oportunidad de tener esta cámara oculta que habla de vivienda sociales y sin mayores datos lo involucraron al IPVyH en un acto de corrupción que no tiene nada que ver y es un acto político. Cualquiera se daría cuenta. Es demasiado burdo. Si la Justicia nos llama, vamos a asistir, pero de lo que se habla en el video, no se nombra al IPVyH, hablan de dúplex y de barrios”.
Más de 9 mil familias a la espera
Consultada sobre la demanda actual que tiene el ente provincial, reflejó que se debe a que “las ciudades han crecido mucho y en las gestiones nacionales anteriores no hubo planes de construcción. Es un problema en el que estamos trabajando. El IPV tiene 45 años y ha urbanizado casi un tercio de las ciudades de la provincia. Más de 15 mil viviendas se han hecho en 45 años. Hoy tenemos una demanda de 9 mil familias y una demora de entrega de 17 años. Ha crecido mucho el tiempo de espera”.
En este sentido, precisó que “en estos últimos diez años notamos un crecimiento notable demográfico en las ciudades y en los últimos cuatro años no se hicieron viviendas. Solo se gestionaron 120 viviendas para la demanda de ATE. Se detuvo un montón la adjudicación y construcción de viviendas. Ahora empezamos otra vez con la ejecución y licitación de viviendas. Tenemos fondos nacionales y viviendas que ya se han entregado en Ushuaia con fondos propios y acá también se están construyendo con fondos propios. Hoy tenemos casi 600 viviendas las que están en ejecución. Son 32 en Río Grande para la tercera edad, en Ushuaia 203 para la demanda general y tenemos no objeciones técnicas por casi dos mil viviendas que estamos trabajando en las licitaciones. Están proyectadas para Chacra XII Chacra IX, y CGT; las que se licitarían pronto están en Altos de la Estancia. Las más adelantadas son las de 54 viviendas con fondos propios que se entregarían a fin de año que se están construyendo en distintos macizos de Chacra XIII. Luego irían las 120 viviendas del CGT y después las de Chacra IX. Hoy contamos con un máximo monto financiable por parte de Nación de 1.599 UVIs por metro cuadrado que eso equivale a 320 mil pesos en metro cuadrado. Nuestras viviendas tienen entre 64 y 65 metros cuadrados.
Sobre algunos atrasos que se registraron en los pagos de algunas obras, explicó que “es una situación real, pero tenemos un tema de presupuesto porque dependemos mucho de los fondos que nos envía Nación. Si bien tenemos una cierta cantidad para este año, el loteo no es lineal, por lo cual se hace difícil cumplir con los pagos en estos meses, pero es una cuestión temporal. Son 2.900 millones los fondos que tenemos en el IPV y tenemos un presupuesto de aproximadamente de 7 mil millones que tienen que ver con los fondos nacionales. Cada vivienda cuesta alrededor de 22 millones de pesos”.
Respecto a las cuotas que pagan los beneficiarios, comentó que “hoy se ingresa pagando aproximadamente 60 mil pesos. Las cuotas son a 30 años y siempre cuidamos el perfil social del IPV con lo cual una cuota no supera el porcentaje de un alquiler. Si bien puede ser alta, es mucho más baja que un alquiler y es una casa propia. Nosotros no tenemos gran morosidad. Vemos un recupero que supera el 85% pero el tema es el valor nominal porque tenemos tasas muy bajas y no podemos amortizar las viviendas que se construyen. Se están viendo al de equiparar nuestras casas con las del resto del IPV del país. El importe es el mismo, el tema es la actualización. Es impresionante cómo aumenta el valor de la mano de obra y materiales. Es un esfuerzo compartido entre Estado y empresas para seguir llevando adelante las obras”.
“Siempre estamos intentando diversificar porque no sabemos cómo va a ser el cambio de gobierno. Quizá no nos toque un gobierno que haga planes nacionales de viviendas y nos vamos adaptar para hacer fideicomisos y convenios con el sector privado”.
Finalmente, se refirió a la situación de las tierras y comentó que “las tierras que se compraron el año pasado cuentan con servicios. En el sector del Río Pipo, tenemos el Sector III donde se están completando los servicios. Tenemos financiamiento del FID para poder terminar toda la infraestructura donde van implantadas casi 900 viviendas. En Tolhuin estamos para licitar 50 viviendas y están para no objeción técnica 41 más”.
El duro comunicado del IPVyH
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) desmiente categóricamente los supuestos hechos que adquirieron estado público a través de la circulación de un video en redes sociales durante las últimas horas, que pretendería endilgar actos de corrupción a funcionarios del IPVyH.
El Instituto desconoce a la persona involucrada en el video como personal dependiente del mismo y señala que todo agente, en ejercicio de sus funciones, tiene la obligación de utilizar una credencial que permita su identificación. Es importante aclarar que el procedimiento de selección y adjudicación sobre la demanda habitacional registrada, se encuentra regulado por la Resolución Reglamentaria I.P.V. Nº 165 del año 2015 y regido por los principios de igualdad, equidad y transparencia.
El Instituto no se encuentra ejecutando obras que involucren la construcción de viviendas tipo duplex de TRES (3) dormitorios, ni obra alguna en el barrio Andino de la ciudad de Ushuaia.
El Instituto repudia la utilización de estrategias infundadas en el marco de un contexto político electoral, por cuanto denunciar sin la información suficiente resulta un acto irresponsable que desprestigia y subestima el trabajo realizado por el Instituto, a través de sus autoridades y empleados.
Se invita al Señor Diputado de la Nación, Héctor Antonio STEFANI, a acercarse a las oficinas del organismo para que pueda interiorizarse respecto del funcionamiento del mismo, del procedimiento de selección y adjudicación de viviendas sociales, y así poder contribuir con un debate responsable, serio y constructivo en beneficio de la comunidad.
