La vice intendente electa por el Municipio de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, puso en manos de la Legislatura la definición política frente al fallo adverso a las municipalidades respecto del cobro del impuesto inmobiliario. De la primera reunión entendió que la intención del gobierno no es derogar la norma, por lo que apela a que la Legislatura sea la que resuelva el conflicto que generó con la aprobación de la ley. Ya giraron un proyecto de derogación y pretenden garantías para que el gobierno no avance sobre el impuesto automotor.
Río Grande.- “La intervención tiene que ser desde lo legislativo, que es donde se originó este inconveniente”, dijo por Radio Nacional Ushuaia la vice intendente electa Gabriela Muñiz Siccardi, luego de la primera reunión realizada el jueves en Casa de Gobierno con el ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, y el titular de la AREF, Oscar Bahamonde.
La funcionaria representó a la Municipalidad de Ushuaia y expresó que “nosotros quisiéramos que fuera la primera reunión y la última, porque los tres municipios queremos la derogación de la ley 1.075 y fue lo que le pedimos al ministro (Zapata). Esa es la postura que tenemos los tres municipios y fue lo que planteamos, que se derogue la ley o que se mantenga en suspenso la aplicación como está ahora”.
“Al parecer no es la decisión de la provincia y nosotros lo volvimos a plantear para obtener una respuesta. El otro condicionamiento que pusimos los tres municipios es que en ningún momento estamos dispuestos a ceder el cobro y la administración del dinero. Queremos que eso siga en la esfera de los municipios, porque es una caja diaria que tiene el municipio con la cual hace sus movimientos. Quitarnos eso que permite funcionar con los compromisos diarios, es una gran complicación para los municipios. En última instancia, si no se deroga la ley, pedimos que sigamos cobrándolo nosotros”, indicó.
“Ahí empezaron con cuestiones más técnicas, de ser así, sobre cómo sería la administración, la coparticipación, cuáles serían los porcentajes, es decir toda una cuestión más técnica a reglamentar y determinar. Nosotros dijimos que por este año sería ya una cuestión imposible, primero por los tiempos, segundo porque este es un impuesto anual que las municipalidades lo ponen en seis meses, pero es anual. Hay mucha gente que ya pagó su impuesto anual, con lo cual también esto sería un problema o una doble imposición, y eso lo entendieron. La idea es trabajar para adelante; en caso de que no se derogue la ley o no se deje en suspenso, trabajar en una reglamentación y en los aspectos técnicos de cómo se llevaría adelante. Todo esto hay que trabajarlo, reglamentarlo, lo mismo cuál va a ser la base imponible, la alícuota que se va a cobrar, porque el fallo dice que no se debe perjudicar ni alterar la posición de los municipios, y tenemos que ver cuánto más va a ser la alícuota para que la provincia cobre su diferencia”, planteó. “Ninguno de los municipios puede perder el piso que ya tiene. A partir de ahí hay que ver cuánto más puede subir el impuesto inmobiliario para coparticipar el excedente como está pidiendo la provincia según la ley”, sostuvo Siccardi.
“Hay mucho trabajo por delante si no se logra la derogación de la ley o la suspensión. Para eso también estamos trabajando, hablamos con la legisladora Victoria Vuoto para realizar la presentación. Lo primero con lo que fuimos fue la derogación de la ley y no lo dimos por agotado. Fue el primer pedido y queremos una contestación. (Melella) cuando era intendente hizo la acción judicial como correspondía y pedimos eso, que cumplan con respetar la independencia del municipio en cuanto a la administración y disponer los aumentos del impuesto inmobiliario. Vamos a esperar la próxima reunión, el Ejecutivo dijo que nos iba a convocar, que iba a analizar todo lo que habíamos planteado, que fueron bastantes cosas. Los tres municipios fuimos con la misma teoría y con las mismas necesidades a plantear al gobierno”, aseguró.
“Esperamos que la Legislatura también ponga una palabra con respecto a esto, porque lo que se hizo con una ley se puede solucionar con otra ley. Necesitamos que el municipio siga cobrando el recurso para poder tener su caja diaria, su funcionamiento en forma normal”, insistió.
Cambios a futuro
De acuerdo a la postura de los municipios, no podría aplicarse la norma en el ejercicio en curso. “Les planteamos que ya en este ejercicio no se podría hacer y que si corresponde que haya que coparticipar, no puede ser sobre la base que ya tiene cada uno de los municipios, que ya está planteado en cada presupuesto. Tendría que ser sobre un nuevo monto que determinará la provincia, porque la ley habla del excedente. Sería una nueva base o nuevas alícuotas para poder coparticipar el excedente”, dijo.
La funcionaria concedió que esto implica un aumento del impuesto inmobiliario, “pero no este año porque este año ya está. Río Grande nos comentaba que tiene un índice por el que se sube todos los años el impuesto. Nosotros tenemos un índice muy inferior, y el impuesto inmobiliario no ha tenido un crecimiento conforme a la inflación”.
Impuesto automotor
Asimismo, expresó que se necesita intervención de la Legislatura ante la falta de garantías de que la provincia no pueda avanzar sobre el impuesto automotor. “Le pedimos el compromiso de que no iban a tocar el impuesto automotor, porque ahí si es una masa más que grande para los tres municipios, influye mucho más que el impuesto inmobiliario, a lo cual (Zapata) dijo que no podía tomar ningún compromiso como ministro. Esperemos que la Legislatura sí pueda tomar el compromiso en caso de que salga alguna normativa o algún proyecto para la Legislatura, porque entendemos que sería bastante el daño que se le hace a los municipios”, advirtió.
“Me parece que de parte del gobierno no es la intención la derogación, lo cual no quiere decir que nosotros sigamos insistiendo en la Legislatura, que es la que debe llevarla adelante, no el gobernador. El tema de llegar a un acuerdo en cuanto a la administración me pareció que era factible en una primera charla. Lo del automotor me sorprendió y obviamente que nosotros vamos a trabajar todo eso en la Legislatura, porque no puede ser por un decreto sino por una ley sacarlo de los municipios a la provincia. El ministro dijo que no lo tenemos previsto ahora pero no pudo dar la palabra del gobernador, con quien no habló de este tema. Los vaivenes políticos implican que hace cinco años atrás estaba el gobernador en juicio con la provincia y ahora el gobernador es el que le dice a los municipios que vengan a ver cómo lo distribuimos. Lo que va a pasar de acá a cuatro años es un tema político. Nosotros vamos a defender los derechos que tenemos en cuanto a la administración de estos impuestos para que sigan en cabeza de los municipios. Creo que la intervención tiene que ser desde lo legislativo, que es donde se originó este inconveniente”, concluyó.
