El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata explicó las razones del proyecto del Ejecutivo que plantea extender la suspensión de la aplicación de la ley 1075, en lugar de la derogación. No renunciaría al cobro del impuesto inmobiliario sino que busca postergar el cumplimiento del fallo para no interferir con los presupuestos de cada municipio que se están ejecutando. A partir de 2024 la AREF sería la encargada del cobro y podría designar a los municipios como agentes de retención. Todo es materia de negociación pero, aunque se derogue la ley, la facultad de percibir los impuestos directos es de la provincia y así lo estableció el fallo judicial, subrayó.
Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, explicó por FM Master’s la iniciativa que presentaría el gobierno de un proyecto de ley para extender la suspensión de la ley 1075. “Tiene que ver con la primera reunión que tuvimos la semana pasada con los tres ejecutivos municipales. Llegamos a la conclusión de que es muy compleja la aplicación inmediata del fallo y de la ley, por lo cual entendemos que una herramienta que nos permitiría trabajar con más tranquilidad y precisión es mantener la suspensión. Lo que estamos haciendo es extenderla”, dijo.
“Esto tiene que ver con lo que veníamos expresando. Hoy en día el recurso forma parte del presupuesto de los tres municipios, por lo tanto para salvaguardar esta situación sería buena la suspensión hasta fin de año, teniendo en cuenta que los tres municipios y el gobierno lo tenemos que contemplar en el presupuesto que vamos a presentar para el año que viene. También en los tres municipios existe la figura del pago anual y ya muchos contribuyentes lo han hecho, por eso sería muy complejo si lo aplicáramos nosotros ahora, porque podría haber una doble imposición. Entendemos que una herramienta es la extensión de la suspensión, para poder seguir trabajándolo con mayor tranquilidad y más tiempo. Lo que estamos planteando nosotros es la extensión por seis meses, hasta el 31 de diciembre de este año”, precisó.
Respecto de la propuesta del municipio de Río Grande de cobrar el impuesto y coparticipar a la provincia, indicó que “los tres municipios iniciaron su alocución planteando que lo que querían ellos era la derogación de la ley en primera instancia, y en segunda instancia que ellos sigan teniendo el cobro, es decir que actúen como agentes de percepción. Acá hay una situación muy concreta, que no tiene tanto que ver con la ley en sí sino con la declaración de certeza del Superior Tribunal de Justicia, que determina que la provincia puede retomar su facultad originaria sobre el impuesto, y que es un impuesto directo de la provincia. Uno lo que entiende es que no es la vía la derogación porque, por más que se derogue la ley, es clara la interpretación de la justicia de a quién corresponde el recurso. Por más que se derogue la ley, sigue siendo potestad de la provincia el cobro del impuesto”, aseveró.
“Ahí quizás se entraría en otro tipo de conflicto, porque el contribuyente puede decidir no pagar más a la municipalidad porque no es su potestad, y la justicia así lo determinó. Por eso nosotros dijimos que la derogación no era una de las alternativas. Hay que ver si es posible y si es práctico que lo sigan cobrando los municipios o que lo empiece a cobrar la AREF”, dijo.
“Por más que el cobro caiga en cabeza de la AREF, la AREF puede nombrar a los tres municipios como agentes de percepción y para el ciudadano seguiría siendo exactamente igual, iría a pagar a Rentas de la provincia pero lo que quizás se cambiaría es que la boleta diga, por ejemplo, ‘municipio de Ushuaia agente de retención’. Lo que nosotros estamos solicitando, que es la extensión de la suspensión, haría que el contribuyente que no hizo el pago anual siga pagándolo en los tres municipios”, sostuvo.
Impuesto automotor
También se le preguntó al ministro qué va a ocurrir con el impuesto automotor, que es otro impuesto directo. “Nosotros no lo hablamos, los municipios solicitaron un compromiso de no avanzar sobre el impuesto automotor y nosotros lo que expresamos es que no podemos dar ese compromiso en esta instancia, porque no lo estamos analizando todavía. Si uno no está analizando algo, no puede comprometerse a no avanzar”, indicó Zapata.
El aumento
Asimismo, aclaró que de haber un aumento del inmobiliario, sería el mismo ajuste que viene sufriendo todos los años. “Uno de los planteos que escuché de la ciudadanía en general es que pareciera que esto se resuelve subiendo la base imponible, porque la ley determina que sobre los excedentes que hubiera en base a una actualización de la base imponible se va a coparticipar una parte a los municipios y la otra va a quedar en la provincia, y la verdad es que esto viene sucediendo de larga data. Todos los años se actualiza la base imponible del impuesto inmobiliario y todos los años los contribuyentes pagan más, en base a revalorizaciones de sus propiedades. Esto tiene que ver también con el contexto inflacionario. Haciendo el paralelismo con el impuesto automotor, la actualización de hecho viene dada de la agencia de concesionarios que dice cuánto vale un auto. Lo que está fijo es la alícuota, pero la base imponible sigue subiendo. No es que la provincia va a subir los impuestos para que haya más para repartir, lo que cambiaría es que la que haría el ajuste anual sería la provincia, en reemplazo de los municipios que lo vienen haciendo”, dijo.
“En la reunión tocamos este tema y no aplican todos los municipios el mismo coeficiente para actualizar la base imponible. El municipio de Río Grande utiliza el índice de la cámara de la construcción, por ejemplo”, citó, por lo que habría que acordar una unificación de criterios.
Préstamo de Nación
Por otra parte se refirió al pedido de ratificación a la Legislatura del préstamo acordado con el Ministerio de Economía de la Nación por un monto de 1.600 millones. “Este es un convenio de préstamo entre el Ministerio de Economía y la provincia. De hecho lo firmé yo, fue refrendado por el gobernador y ahora lo que necesitamos es la ratificación de la Legislatura. Es un préstamo de corto plazo, a diferencia de las letras, y tiene otra mecánica de pago de interés. Uno lo que ofrece es un margen sobre una tasa que está predefinida, que se llama BADLAR, y es un promedio de los intereses de los bancos privados. En la última colocación que hicimos la tasa real anual es del 97%. En este caso es otra mecánica, es un préstamo de corto plazo y lo que se establece es que la tasa de interés es del 0.01% anual y el capital que se va debiendo se va actualizando por CER, que tiene en cuenta la inflación y otros parámetros de mercado. En la comparativa, anualizando ambas herramientas, sobre una letra que se paga el 97%, en este préstamo se va a pagar cerca del 70%. Este es un fondo fiduciario de desarrollo provincial, es una línea que tiene créditos de corto plazo del Ministerio de Economía para con las provincias y, para poder acceder a esta herramienta, los ratios de endeudamiento tienen que calzar. Este préstamo se anunció en la reunión que tuvo el ministro Massa con el gobernador Melella, por 1.600 millones. Tiene como garantía los ingresos de coparticipación que le quedan a la provincia. Las letras también tienen la misma garantía y se necesita la aprobación de la Legislatura”, concluyó.
