La legisladora Victoria Vuoto consideró que el conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario necesita de una salida consensuada y por ahora se acordó la suspensión por unanimidad, hasta el 31 de diciembre. De no haber acuerdo para esa fecha, planteó que habrá que pensar en una nueva prórroga de la aplicación de la ley. Para la legisladora la mejor opción sería la derogación y descartó que los municipios puedan seguir adelante sin este impuesto, menos todavía si se avanza sobre el automotor. “A mí me tocó actuar en la causa como Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, y es una causa que se inicia con una acción declarativa de certeza que se presenta a la AREF, que judicializa la situación para que la justicia interprete qué decía la ley, y el fallo sale favorable a la provincia”, recordó y observó que “los municipios, como la provincia y la nación están atravesando una crisis económica y financiera sin precedentes. El impacto cambiario e inflacionario que estamos viviendo afecta las arcas de los municipios y de la provincia. En la sesión aprobamos un convenio por el que se asiste a la provincia con 3.600 millones de pesos, en el marco de los 14 mil millones que habíamos aprobado como endeudamiento general”.
Río Grande.- La legisladora Victoria Vuoto dialogó con Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 sobre la decisión unánime de la Legislatura de suspender la aplicación de la ley 1.075, referida al cobro del impuesto inmobiliario, hasta el 31 de diciembre.
“Estábamos muy preocupados porque hace unos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió rechazar los recursos de queja de los municipios, en un fallo llamativo, porque no es costumbre de la Corte decir que no se va a meter sino todo lo contrario. Esto dejó muy desprotegidos a los municipios y había que tomar una decisión en esta sesión de la Legislatura. El gobierno había convocado a una mesa de diálogo a los tres municipios, por lo tanto nos pareció oportuno suspender la aplicación de la ley 1.075 hasta fin de año, considerando que se puede llegar a un acuerdo antes. De no existir acuerdo, tendremos que evaluar a fin de año la prórroga de la suspensión”, adelantó.
“A mí me tocó actuar en la causa como Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, y es una causa que se inicia con una acción declarativa de certeza que se presenta a la AREF, que judicializa la situación para que la justicia interprete qué decía la ley, y el fallo sale favorable a la provincia. Por eso decidimos acudir a la Corte Suprema y que se analice la causa con objetividad, pero la Corte decidió no involucrarse. Cuando asumí, hace más de tres años, presenté un proyecto de ley para derogar la ley 1.075, para resolver en la política los problemas que son de la política”, recordó.
“Nosotros apostamos a que el diálogo se profundice, por eso aprobamos la suspensión de la ley, porque este conflicto necesita una solución consensuada y un acuerdo entre las partes. La justicia dice que el impuesto le corresponde a la provincia pero que no se debe perjudicar a los municipios. Eso hay que llevarlo a hechos concretos”, subrayó.
Estimó que “entre todos los municipios, entre un 35 ó un 36% de los recursos propios provienen del impuesto inmobiliario. El otro impuesto importante es el automotor y, si nos quitan los dos impuestos, los municipios no recaudan más que tasas, así que no tienen otra opción que cerrar la puerta y dedicarse a otra cosa, porque se quedan sin recursos propios. No se puede cumplir con el rol normal y habitual”, advirtió.
A modo de ejemplo, citó al intendente de Tolhuin, que “me decía que logró regularizar 16 barrios y pasó de recaudar cero pesos y vivir pendiente de la coparticipación provincial, a recaudar 100 millones con el impuesto inmobiliario. Si la provincia demora tres o cuatro días en enviar la coparticipación dice que está tranquilo porque puede pagar los sueldos de los municipales. Es importante para cualquier intendente tener sus recursos y pagarle a su gente. Para la provincia 100 millones de pesos es nada, el impacto económico para los municipios es grande y para las arcas provinciales no tiene mucha incidencia”, contrastó.
“Los municipios, como la provincia y la nación están atravesando una crisis económica y financiera sin precedentes. El impacto cambiario e inflacionario que estamos viviendo afecta las arcas de los municipios y de la provincia. En la sesión aprobamos un convenio por el que se asiste a la provincia con 3.600 millones de pesos, en el marco de los 14 mil millones que habíamos aprobado como endeudamiento general. Este endeudamiento tiene muy buenas condiciones, menos tasa que las letras y con cancelación dentro del ejercicio financiero. Lo que le está pasando a la provincia también le pasa a los municipios, que no escapan de la realidad económica”, expuso.
“En este contexto, cambiar la distribución de recursos que históricamente tuvo la provincia, es muy desacertado. Tenemos que mantener los equilibrios que se han conseguido en la provincia. Este es un conflicto institucional de muchos años en la provincia y ha traído mucha preocupación a todos, incluido el actual gobernador que fue intendente de Río Grande. Lo mejor es derogar la ley 1.075 y volver a delegarle a los municipios el impuesto inmobiliario. Ese es el criterio que sigue la Corte provincial, que el impuesto es de la provincia, que en algún momento lo delegó y ahora decidió tomarlo para sí. Nosotros pedimos volver a delegarlo porque en esta crisis institucional hay que cerrar el conflicto”, sentenció.
Automotor en duda
Respecto del impuesto automotor, los municipios habían pedido un compromiso de que no iban a incursionar desde el gobierno, dado que es otro impuesto directo. “Me preocupó mucho porque me informaron que en la primera reunión el Ministro de Economía habría deslizado que, de garantizarse el cobro del inmobiliario por parte de la provincia, iban a hacer lo mismo con el impuesto automotor. Si esto sucede, los municipios se quedan sin ingresos propios, porque son los dos impuestos importantes que tienen. Esta es una herida institucional abierta y plantear en una mesa de negociación que se van a quedar con el automotor, es meter el dedo en la llaga y seguir profundizando esa herida. Apostar al diálogo implica llegar a una solución que sea respetuosa del fallo del Superior Tribunal y que no pueda avanzarse sin perjudicar a los municipios”, subrayó.
“Esta no es una medida contra Martín Pérez, Daniel Harrington o Walter Vuoto, porque sacarle los impuestos a los municipios implica que no cumplan el rol que hoy cumplen con la obra pública, con la atención primaria de salud, con las escuelas municipales. Todos esos servicios se van a ver afectados y pierde la gente, no un dirigente. No se sale de la crisis perjudicando a los municipios, que son la primera puerta de contacto con los vecinos”, enfatizó Vuoto.
Pedidos de informe
En cuanto a los temas tratados en la sesión, dio cuenta de varios pedidos de informe “con relación a las políticas de desarrollo ganadero, de la acuicultura en la provincia y de la pesca no sólo deportiva sino de altamar. Hice varios pedidos de informes sobre inversiones que deberían desarrollarse para promover la actividad de la ganadería bovina en la provincia. En general hay una cultura de contestar poco los pedidos de informe. Tenemos que estar insistiendo, mandar notas, y nos cuesta muchísimo que el Ejecutivo nos dé la información de cosas que necesitamos. Uno pide informes para exigir respuestas y también para diseñar leyes, proyectos, iniciativas. Necesitamos esos insumos para trabajar y son los pedidos de informe que menos contestan. Es difícil porque nos dejan sin herramientas. Después de la insistencia logramos algunas respuestas importantes en materia de violencia, que fue lo que nos permitió hacer el proyecto de ley de abuso sexual; logramos algunas respuestas en materia de salud. Hay áreas donde fuimos avanzando y otras en las que estamos pidiendo ahora la información”, señaló.
Radar en Tolhuin
También se la consultó sobre el polémico radar de Leolabs, que fue tratado en la sesión. “Hicimos un pedido de informes, había tres proyectos, uno mío, uno de Liliana Martínez Allende y uno de Federico Sciurano. Unificamos los textos y aprobamos un pedido de informes muy detallado, por unanimidad, con relación a la empresa, sus capitales, sus socios, sus operatorias, los radares en sí mismos, las habilitaciones, e incluso le solicitamos a la presidente de la Legislatura que, en representación del Poder Legislativo, pida la información a los organismos nacionales que intervinieron para autorizar la instalación de los radares”, indicó.
Se le preguntó si tienen previsto pedir la presencia de algún funcionario provincial. “En principio se hizo presente Andrés Dachary -Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales- en la reunión de la comisión 7. Circuló en algunos medios que era reservada, pero no lo fue, sino que fue una reunión como cualquier otra. Decidimos entre todos los legisladores convocar a Paleo, que es el jefe de las fuerzas armadas y publicó un informe con relación al riesgo que tiene esta actividad para la seguridad nacional. Es un problema que nos preocupa muchísimo y los legisladores expresamos nuestro descontento por la falta de información. Como legisladores de la provincia no fuimos anoticiados de esta actividad, cuando hay un montón de convenios que se envían para ratificar en la Legislatura. En esta oportunidad no tuvimos ninguna noticia de que esto iba a pasar en nuestra provincia. Dachary nos informó lo que conocía y nos parece que este asunto excede al Secretario de Malvinas. Han intervenido varias áreas de gobierno aparentemente, con informes medioambientales, con cuestiones energéticas e incluso autoridades nacionales. Evidentemente no tiene que ver únicamente con el Secretario de Malvinas y las explicaciones que necesitamos no las va a poder dar sólo él. Va a haber varias instancias de reuniones y es un tema para analizar en varias aristas. La principal de todas es la defensa de nuestro país, así que primero hablaremos con las autoridades de Defensa para luego establecer el resto de la agenda de funcionarios que van a tener que venir a dar explicaciones”, informó la legisladora.
Elecciones nacionales
Por otra parte se la consultó sobre la lista de unidad y el proceso eleccionario por venir. “Nosotros vimos con muy buenos ojos que haya una opción a nivel nacional que unifique el campo nacional y popular. Había varias versiones a nivel nacional y finalmente se decidió que el candidato por el espacio fuera Sergio Massa. Me parece que la fórmula a nivel nacional tiene un proyecto concreto para poder sacar al país adelante. El desafío es resolver problemas de la economía, renegociar con el FMI las condiciones de pago del tremendo endeudamiento que nos dejó el gobierno de Macri, para tener mayores divisas en el país, mejorar las paritarias, sostener las tarifas de servicios. Haber inaugurado ahora el gasoducto es realmente un acto muy importante para la soberanía energética de nuestro país y las posibilidades económicas, porque vamos a poder tener unos buenos ingresos de divisas extranjeras”, avizoró.
“En el ámbito local se logró una lista que va a acompañar a Sergio Massa como candidato a presidente, encabezada por Andrea Freites, con quien compartimos la actividad legislativa y la agenda de trabajo. En algunas oportunidades hemos tenido diferencias, pero nos une un compromiso con nuestra provincia, sobre todo en defensa de la 19640, de la soberanía, hemos trabajado juntas el tema de infancias. En el último proceso electoral estuvimos en listas distintas, con propuestas distintas, pero siempre somos respetuosas de las trayectorias de cada una y hemos sabido encontrar los mejores canales de diálogo para poder sacar leyes importantes como Península Mitre, la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley de Cáncer Infantil y temas que son muy importantes. Así como trabajamos con Carolina Yutrovich, vamos a trabajar por esta lista. Creo que si se da un escenario de trabajo conjunto con Andrea como diputada nacional y Carolina, puede haber mucha potencia ahí para la agenda que necesita Tierra del Fuego y para las conexiones que necesitamos con la agenda nacional. Necesitamos personas que tengan empatía y sensibilidad para encarar el trabajo”, concluyó.