Mientras un vocal del Tribunal de Cuentas cobra entre dos millones y medio y tres millones de salario, el personal ronda los 300 mil pesos, por lo que el gremio que nuclea a los empleados de los organismos de control está reclamando paritarias. La secretaria general de APOC, Valeria Regueiro, afirmó que hasta ahora nunca se quisieron sentar en una mesa de negociación los dos tribunos, y deciden unilateralmente si dan o no aumento y cuándo. Por el momento están haciendo asambleas permanentes y tienen previsto recurrir al Gobernador y a la Legislatura para que intercedan en el conflicto. La dirigente gremial aclaró que no forma parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sino que es miembro “del organismo externo de control de la Municipalidad de Ushuaia, de la Sindicatura General Municipal. Gracias a que yo no tengo una dependencia funcional con ellos, el reclamo llegó a este punto, porque nunca jamás la gente del Tribunal de Cuentas pudo llegar hasta acá”, dijo.
Río Grande.- Valeria Regueiro, secretaria general de APOC, gremio que nuclea a los trabajadores de los organismos de control, explicó por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la situación de los empleados del Tribunal de Cuentas, que están realizando asambleas permanentes en reclamo de una mejora salarial.
“Empezamos este reclamo hace dos meses y medio. Solicitamos a principios de mayo la apertura de una mesa de negociación colectiva, algo que nunca pasó en el Tribunal de Cuentas”, dijo, dado que nunca han tenido paritarias.
Marcó la gran diferencia que existe entres los ingresos de los empleados, que rondan los 300 mil pesos, y los de los tribunos, que superan los dos millones y medio y llegan a los tres millones mensuales. “La ley 1333, que es la ley de presupuesto de 2021, en el artículo 44 los liberó de la atadura que tenían a través del artículo 7 de la ley 50, porque estaba topeado su salario en el 85% del salario de un legislador y nadie podía cobrar más que el gobernador. A través de esa ley 1333 les dieron la facultad para que ellos fijen sus remuneraciones y las del personal, pero lo único que hicieron fue fijar la de ellos. En enero de 2021 tuvieron un incremento salarial infernal y hoy llega al monto del que estamos hablando, mientras que el personal quedó muy por debajo”, dijo.
“Entre los miembros del Tribunal y el personal son todos colegas, porque hay abogados y contadores. Los vocales en respuesta a las notas nos dicen que ellos velan respecto del salario, que conocen la necesidad del personal y que para ellos está bien. Ellos otorgan incrementos de forma unilateral, sin debatir entre el empleado y el empleador, porque no se someten a una paritaria. Ellos dicen que los empleados están bien con este salario y habría que preguntarles por qué consideran que ellos sí deben cobrar dos millones y medio, mientras la gente tiene que cobrar lo que cobra. A nosotros no nos lo dicen”, cuestionó.
La dirigente aclaró que no forma parte del Tribunal de Cuentas, sino que es miembro “del organismo externo de control de la Municipalidad de Ushuaia, de la Sindicatura General Municipal. Gracias a que yo no tengo una dependencia funcional con ellos, el reclamo llegó a este punto, porque nunca jamás la gente del Tribunal de Cuentas pudo llegar hasta acá. En el recibo de sueldo solamente dice sueldo básico, y un ítem ‘control’ que se creó hace un tiempo como para solucionar el problema de que el básico era tan chico. Dentro del sueldo básico, a través del acuerdo plenario 340 del año 2002 supuestamente se incorporó la zona desfavorable, con el fin de agilizar las liquidaciones y que fuera más sencillo el recibo. La gente del Tribunal no tiene idea de lo que está cobrando, porque no cobran ni siquiera los ítems que están establecidos por ley”, afirmó.
“El problema es quién controla al controlador. Necesitamos que intervenga la Legislatura provincial y el señor gobernador, porque las dos personas que están llevando adelante el Tribunal de Cuentas desde el año 2012 est+an haciendo causa común. Habría que preguntarle a Ricciuti y a Caballero por todo lo que pasaron con estos dos señores”, dijo en referencia a Miguel Longhitano y Hugo Pani.
“Ellos conocen las necesidades y no necesitan discutir nada con los empleados. Tendríamos que preguntarle a la Legislatura si controla en qué se gasta el presupuesto que aprueban todos los años para el Tribunal de Cuentas. Habría que preguntarle a ellos qué van a hacer con este tema, porque el viernes recibimos una nota firmada por el vocal Pani, donde reitera esta situación: que hoy no cuentan con presupuesto, que no podemos hablar de salarios, que en el caso de que el gobierno les otorgue un incremento en las partidas presupuestarias ellos van a analizar si hay algún tipo de incremento salarial. Nunca nos dicen si se van a sentar a negociar, como dice la ley 113”, sostuvo.
“Hay alrededor de 180 empleados y hay mucha gente inestable, subrogando cargos, en forma transitoria o esperando un concurso hace 10 años para entrar a planta permanente. Todo esto ocurre porque nunca nos sentamos a debatir estas cuestiones de carrera administrativa y ello lo usan para apretar a los empleados. Es la mejor forma cuando hay inestabilidad de manejar y hacer lo que ellos quieren”, criticó.
Injerencia del Ministerio de Trabajo
Consultada sobre la posición del Ministerio de Trabajo, que debería intervenir para garantizar las negociaciones salariales, dijo que presentaron “el 30 de junio un pedido de pronto despacho respecto de este tema. Me dijeron que lo iban a hablar con el área Legal y Técnica del Ministerio de Trabajo y no tengo respuesta. Creo que se le tiene miedo al Tribunal de Cuentas y algo debe pasar para que no puedan enfrentarse con Longhitano y Pani. Yo no les tengo miedo, no tengo nada que ocultar, y lo mejor de todo esto es que no dependo funcionalmente de ellos. Si dependiera de ellos y tuviera que darle de comer a mis hijos, capaz que me callaban también”, barajó.
Amplia brecha
Lo cierto es que “con 300 mil pesos no se vive, si un alquiler en Ushuaia cuesta 200 mil. Todos sabemos lo que cuesta vivir. Independientemente de eso, no están cobrando lo que deberían por sus funciones. No desarrollamos cualquier tipo de trabajo, estamos reconocidos a nivel nacional y tendríamos que estar equiparados a la Justicia, sin embargo los únicos que están equiparados con la Justicia son los vocales”, aseveró.
“El presidente de APOC a nivel nacional es Hugo Quintana y está en Buenos Aires. El nos acompaña y está trabajando en conjunto con nosotros. En las provincias tenemos distintas situaciones y son bastante dispares. Hay jurisdicciones que eligen los miembros de acuerdo al voto popular. Las condiciones dependen de cada provincia y no se puede comparar el salario de un empleado de Tierra del Fuego con el de un empleado de Santiago del Estero. Tenemos un abanico de salarios”, señaló ante la consulta de los niveles salariales en otras jurisdicciones.
“A partir de la nota que recibimos el viernes, y viendo que no nos vamos a sentar en paritarias, vamos a continuar adelante con las presentaciones y, si tenemos que ir a la Nación, lo vamos a hacer. En algún momento nos van a escuchar. Vamos a hablar con el señor gobernador y el lunes voy a estar ingresando una nota formal, porque tenemos que hablar de lo que está pasando. No podemos seguir en esta situación de violencia y apriete para los compañeros”, denunció.
“Vamos a empezar a trabajar en la Legislatura también y vamos a presentar proyectos de ley para mover esto, lo mismo en Fiscalía de Estado. Por suerte todos somos profesionales. Yo entiendo que algo se va a resolver, si no, no hubiéramos llegado hasta acá”, dijo.
Un “copete muy alto”
La dirigente también dio cuenta de la actitud de los tribunos respecto del personal. “Ellos están en el Tribunal de Cuentas, entran por una puerta del costado, van a sus despachos y no saludan al personal, no tienen trato y eso también es una situación bastante violenta. Son dos vocales, porque el tercero está con licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en la ciudad de Buenos Aires y no tiene injerencia ni trabaja en el Tribunal. Tampoco teníamos contacto antes. Los vocales trabajan con el secretario legal, el secretario contable y con sus asistentes privados, nada más. El secretario legal y el secretario contable están ganando entre 800 mil y 900 mil pesos. Ellos son los más tope de gama de toda la línea de la gente que trabaja en dependencia, que no sabemos cuándo van a querer dar algún tipo de incremento al básico”, manifestó.
“Con Pani hablé una sola vez, con Longhitano teníamos bastante buen diálogo hasta que se cortó en una llamada telefónica de él a los gritos, porque le hablé del tema de paritarias, me gritó, me dijo de todo por la pregunta que le hice, y ahí se cortó todo tipo de diálogo. No se puede hablar nada con ellos y ellos toman la decisión sobre todos. No permiten decir nada. Si llegan a tomar algo de lo que hemos propuesto, como un 15% al básico, lo ponen como que ellos lo dieron y jamás va a figurar el gremio, porque lo detestan. Ellos son empleados igual que nosotros y cobran con recibo de sueldo, son empleados del Estado”, subrayó.
Puntualmente sobre la zona desfavorable, no está claro que la estén pagando porque el nivel salarial es similar a Buenos Aires, donde no existe ese ítem. “El pago de la zona desfavorable lo tienen establecido, ahora si pagan un básico en Tierra del Fuego que supuestamente tiene la zona desfavorable y en Buenos Aires están pagando el mismo básico sin determinar la zona desfavorable, o pagan de más zona desfavorable en Buenos Aires o acá no la están pagando”, planteó.
“El empleado hoy no sabe lo que cobra, no lo supo nunca pero antes tenía miedo de decirlo. Ahora no le alcanza para vivir y explotó. Yo soy secretaria general de APOC y eso me permite accionar contra el Tribunal de Cuentas de la provincia porque nosotros somos el único gremio de control de la Argentina. Nosotros hace un montón estamos buscando el diálogo pero no nos llaman. Evidentemente no quieren hablar. Nosotros vamos a seguir adelante con estas acciones y con las asambleas permanentes en el Tribunal de Cuentas. Las asambleas las estamos haciendo fuera del horario de trabajo, a las tres de la tarde, para evitar sanciones, porque todavía tenemos mucha gente que tiene miedo, tampoco está afiliada, no quiere perder el trabajo o algún ítem dentro del recibo. Si hacemos paro o retención de tareas, van a hacer descuentos seguro”, expresó.
Consultada sobre el tipo de aprietes que sufre el personal si reclama, dijo que “la presión a nivel laboral la reciben los empleados. Si son del gremio o si reclaman algo, los tapan de trabajo y no les dan personal para que ayude. Todo eso lo hacen. Por escrito me han dicho que seguro que esto que les pido a ellos no se lo pedí a la Municipalidad de Ushuaia ni a la Sindicatura, como diciendo que esto es personal. La Municipalidad de Ushuaia paga los salarios y yo conozco la información, entonces no tengo nada que pedirle a la Municipalidad. Esto no es una cuestión política y yo no soy una figura pública. Lo hago porque soy secretaria general del gremio, y tengo que representar a los compañeros que están con este problema. Es una cuestión institucional, no personal, y tenemos que corregirla. Es hora de que ellos bajen un poco el copete, que lo tienen bastante alto, y se sienten con los empleados para ver qué está pasando. Es una de sus funciones también. Tendrían que hablar con todos los medios y mostrar que son transparentes, pero no lo hacen. Evidentemente no les interesa y están haciendo lo que quieren”, concluyó.
