El senador Pablo Blanco detalló todos los pasos que lo llevaron a pedir informes sobre la instalación de un radar en el corazón de la isla y consideró que tanto el gobierno nacional como el provincial deben dar explicaciones. Aludió a la reunión de la comisión de Malvinas de la Legislatura provincial y manifestó que no debió estar solamente el Secretario de Malvinas sino que correspondía convocar a las partes que intervinieron en este proceso, como la IGJ, la DPE que le proveyó de electricidad con trato preferencial, el Ministerio de Gobierno y el de Ambiente, porque también hubo un estudio de impacto ambiental. Apuntó esencialmente a la IGJ, porque “tiene reglas que cumplir y cuando se quiere radicar una empresa extranjera se tiene que inscribir. Acá se inscribieron empresas inglesas e irlandesas, con el objetivo de la instalación de un radar y les tendría que haber llamado un poquito la atención”, expresó.
Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23 y dio detalles de los pasos que fue siguiendo vinculados con la instalación del radar por parte de una empresa de capitales británicos e irlandeses.
“Yo lo había entendido como un proyecto a futuro y me llamó la atención, le pedí a la gente que trabaja conmigo que averiguara cómo iba la autorización para la instalación. Hice un pedido de informes al gobierno nacional y lo publicamos. A raíz de eso me avisa la gente de la oficina que había personal de la empresa pidiendo una reunión. A mí me interesaba la información que me diera el gobierno nacional, pero fueron muy insistentes y viajaron del extranjero para esta reunión. Del informe surge que no era un proyecto a futuro, sino que el radar ya estaba instalado y había estado en funcionamiento. Yo les dije que esto no podía ser, por una cuestión de defensa y de soberanía, ellos manifestaron que habían pedido una reunión con el Ministerio de Defensa y no habían tenido respuesta todavía. Terminó la reunión y se pusieron a disposición por si necesitaba alguna información más”, dijo del encuentro con Eileen Judith Treanor, una de las gerentes.
“A través de las redes sociales comenté sobre esta reunión y dije que el radar estaba en funcionamiento, y sobre fines de junio salió la noticia de que el Ministerio de Defensa había suspendido el permiso provisorio para este proyecto. No creo que haya sido producto de mi pedido de informes, sino que a través de los trascendidos periodísticos el Ministerio pidió información porque Defensa no estaba en conocimiento. Después vino la publicación del Jefe del Estado Mayor Conjunto”, repasó de los hechos.
“Después de la reunión con la gente de la empresa yo hice un pedido para solicitar la presencia del Ministro de Defensa en la comisión de defensa del Senado para evacuar las dudas, y a su vez también le pedí a quien está al frente del Consejo de Malvinas a nivel nacional que este tema fuera analizado. Desde el primer momento que tomé conocimiento de esto le fui informando al presidente de la comisión de Malvinas de la Legislatura –Federico Sciurano- e incluso mandé la nota del Jefe de Estado Mayor Conjunto, y el 10 de julio le solicité que, ante el silencio que observaba sobre esto, se analizara en el ámbito de la Legislatura, además de solicitar un rechazo a este tipo de inversiones. Se dio la reunión en el ámbito de la Legislatura y no fueron muy claras las explicaciones. Me parece que a esa reunión, más que el Secretario de Malvinas –Andrés Dachary-, debería haber sido convocada la IGJ, la DPE que le proveyó de electricidad con trato preferencial. Ellos son los que tendrían que haber ido, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Ambiente porque se hizo el estudio de impacto ambiental, y esencialmente la IGJ, porque tiene reglas que cumplir y cuando se quiere radicar una empresa extranjera se tiene que inscribir. Acá se inscribieron empresas inglesas e irlandesas, con el objetivo de la instalación de un radar y les tendría que haber llamado un poquito la atención”, manifestó.
Mencionó la vigencia de la ley de defensa de fronteras y que “cuando un extranjero nacionalizado va a adquirir un terreno o va a alquilar algo, se requiere un informe de la ley de fronteras, lo mismo para personas jurídicas. Deberían haber pedido un informe de seguridad de fronteras, pero no ocurrió. Una vez constituida la empresa con todas estas falencias fueron con una solicitud a la Subsecretaría de Comunicaciones y uno de los gerentes –Pablo Bilbao- firmó por las tres empresas. En esa nota piden una frecuencia, plantean la idea del proyecto y dicen que hay un convenio con la Universidad de La Plata y la CONAE. La Universidad de La Plata lo desmintió y la CONAE también. Sabemos que un egresado de la Universidad de La Plata hizo un estudio sobre las ondas o frecuencias y, a través de una disposición la Subsecretaría de Comunicaciones, se les da un permiso precario”.
“Lo que llama la atención es la disposición porque, a diferencia de una resolución, no se publica en el Boletín Oficial, con lo que tomarían conocimiento las autoridades superiores. Bajo ningún punto de vista se puede otorgar un permiso a una empresa en un tema tan sensible como la instalación de un radar en una zona de conflicto, sin la opinión de Defensa, en un lugar estratégico como el nuestro. Hay un montón de cosas para analizar. El Secretario de Malvinas salió a decir que era una empresa norteamericana y no es cierto, porque la empresa argentina está fundada con capitales ingleses e irlandeses. Me parece que hay por lo menos desinterés y falta de voluntad. Es grave porque pusieron al zorro a cuidar el gallinero. Están en el patio de nuestra casa y no nos dimos cuenta. Dicen que el radar es para la basura espacial pero si analizamos las empresas, es basura espacial y tema militar, y esto lo ratifica el teniente general Paleo. Esa empresa es la que anticipó al mundo el movimiento de tropas rusas hacia Ucrania. O no leen, o no quieren leer la verdad y me llama la atención”, cuestionó.
“Ahora el permiso está suspendido, pero el medidor de luz sigue andando. El subsecretario Lombardi, que autorizó mediante una disposición, viajó a Tierra del Fuego para hacer una inspección y dejar sin efecto la autorización precaria. La empresa dice que hasta ahora lleva invertido un millón de dólares, y me pregunto qué imagen queda del país, que mal autoriza a una empresa a llevar adelante esta obra, y cuando está casi finalizada, dice que la autorización no corre más. Eso va a generar un reclamo judicial y no le da tranquilidad a los posibles inversores del exterior, que necesitan seguridad jurídica”, advirtió.
“Esperemos que todo esto rápidamente se explique, que haya una voz oficial. Creo que la voz oficial ya está dada con la nota que escribió el Teniente General Paleo, pero creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen que dar las explicaciones del caso. Este es un tema muy grave, que afecta seriamente la credibilidad del país y la base de sustentación del régimen de promoción económica y la 19640. No nos podemos hacer los distraídos si no nos dimos cuenta y lo dejamos pasar. Hay que estar atentos porque los ingleses no descansan, y la muestra es que nos pusieron un radar en el corazón de Tierra del Fuego”, sentenció.
“Hay que estar muy atentos con esto, porque uno de los fundamentos de la 19640 en sus orígenes era la defensa geopolítica de Tierra del Fuego y habitar la provincia por una cuestión de soberanía”, dijo, y consideró que esto alimenta a los detractores de la 19640, porque la propia provincia no está cuidando su soberanía. “No nos miran con buenos ojos y esto no es propiedad de ningún partido político. Yo participé de la primera presentación del informe de FUNDAR en la Universidad Di Tella y dieron datos que no se sostienen, porque hablan de 2.400 empleos que se perderían pero se recuperarían dos o tres años después, como si fueran caramelos. A lo mejor para los que están en Buenos Aires 2.400 empleos no es nada, pero para Tierra del Fuego es muy importante”, subrayó el senador.
“Ellos dicen que Tierra del Fuego ensambla, pero no dicen cómo se fabrican los autos. Los celulares se fabrican acá como se fabrican en México o en Brasil o Japón. Nosotros ensamblamos pero el resto fabrica. No es así. Hablan del costo fiscal pero no miran lo que cuesta que los porteños paguen 15 pesos el costo del colectivo, o que paguen regalada el agua. Al país hay que desarrollarlo con una mirada federal, y la soberanía no tiene precio. Así como entró un radar acá y no nos dimos cuenta, no vaya a ser cosa de que mañana tengamos la Patagonia llena de chinos”, señaló.
Pasajes para residentes
Por otra parte se le preguntó sobre los pasajes con descuento para los residentes y lamentó la falta de respuesta de parte de Aerolíneas Argentinas. “Le he mandado cartas al presidente de Aerolíneas, proyectos, le he pedido cambio de horarios, le he pedido otra tarifa, que controle la seguridad en los aeropuertos. Ahora mandan a los pasajeros a Ezeiza y cuesta entre 12 y 14 mil pesos de remise o taxi para ir al centro. Encima cancelan los vuelos porque hay neblina y el que pagó 14 mil pesos para ir a Ezeiza tiene que pagar otros 14 mil para volver. Aerolíneas no da ni cinco de bolilla, no atienden, no dan respuesta. Gracias a dios les queda poco, porque en diciembre se van y con los que vengan vamos a hacer lo posible para que tengan en cuenta que Tierra del Fuego es importante y que Río Grande existe. La gente quiere un cambio, lo dijo en San Juan, en San Luis, en Santa Fe donde arrasaron, en Chaco en las PASO dijeron que hasta ahí llegaron, en Tucumán estuvieron cerca, y en La Pampa perdió Juntos por el Cambio pero quedó a cuatro puntos, algo que nunca había sucedido”, detalló de los últimos procesos electorales en las provincias.
Puertas adentro de la alianza, minimizó las fricciones internas y aseguró que “sea quien sea que gane las PASO, el 14 de agosto vamos a estar trabajando todos juntos”.
