El periodista y ex combatiente de Malvinas Daniel Guzmán reveló que la provincia de Tierra del Fuego se anticipó a la autorización nacional para la instalación del radar. La provincia inició el proceso en abril de 2022 y obtuvo la aprobación en junio, mientras que la autorización nacional llegó más de cinco meses después. Se planteó preguntas sobre cómo esto fue posible y sobre la responsabilidad de los organismos y funcionarios involucrados.
Río Grande.- En una entrevista concedida a Aire Libre FM, el ex combatiente de Malvinas y periodista fueguino Daniel Guzmán se refirió a la instalación del polémico ‘radar inglés’ en Tolhuin.
“En un documento de 126 páginas que se presentó hace poco tiempo, demuestra que Tierra del Fuego se anticipó al permiso nacional precario que dio el Gobierno nacional”, introdujo Guzmán y agregó que “el 29 de abril del año pasado, de 2022, se abrió un expediente de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego que concluyó el 2 de junio con la aprobación para iniciar las obras que constituyó posteriormente el radar, cuando la Subsecretaría de Comunicación y Colectividad de la Nación lo autorizó el 15 de noviembre, arrancó el 29 de abril, se autorizó el 2 de junio, y la Nación recién autorizó la aprobación precaria 5 meses y 13 días después”.
Se preguntó ¿cómo es que Tierra del Fuego se anticipó algo que Nación no había ni siquiera autorizado ni de manera precaria? Entonces parece que la cosa se da la vuelta y que el tema arrancó en Tierra del Fuego, al menos con toda la documentación a la vista, y que también sucedió posteriormente a Nación. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que haya autorizado en estas condiciones, y a su vez la Inspección General de Justicia, con información publicada a través del Boletín Oficial, también se anticipara a esta documentación y aprobación de una empresa que parecía que era norteamericana, pero que con la documentación presentada, hay dos empresas, una con sede en Dublín, Irlanda, y la otra con sede en Londres, Inglaterra”.
El radar podría estar haciendo inteligencia
“Realmente se va complejizando cada vez más esta situación, por lo cual, más allá de las últimas horas, el Ministro de Defensa de la Nación (Jorge Taiana) haya enviado a la Jefatura del Gabinete la solicitud de un informe pidiendo la suspensión, la cancelación definitiva del radar en Tierra del Fuego por considerar que vulnera la seguridad nacional y es incompatible con la Directiva de Defensa Nacional, y a su vez que pone en riesgo la soberanía, nos parece -además lo dice la cartera nacional-, que en estas condiciones, aún en suspenso, el radar podría estar brindando información, estar haciendo inteligencia”, denunció Guzmán.
Para graficar la situación, Daniel Guzmán hizo una comparación. “Se sabe que por más que apaguemos el celular, nos pueden escuchar y esto lo sabemos todos. Para que no nos escuchen habría que sacar la batería o sacar el chip, mejor dicho. Exactamente lo mismo estaría sucediendo en este momento en Tolhuin con este radar británico puesto a espaldas de la gente. Y no lo dice solo el ministro Taiana que lo firmó, sino que lo dice el Ministerio de Defensa en colaboración de un informe de 23 páginas que elaboró el INVAP, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales -CONAE-, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Material de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. O sea que es un documento del más alto nivel de responsabilidad militar de la defensa argentina. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando?”, se preguntó.
El entrevistado entendió que “de aquí en adelante se abren tres etapas. La primera es establecer las responsabilidades nacionales y provinciales de cuáles son los organismos y quiénes los funcionarios responsables de que haya sucedido esto. La otra etapa es definir qué se va a hacer con el radar. Me parece interesante analizar la expropiación y ponerlo en función del sentido soberano. Y la tercera etapa es la legislación nacional y provincial que hay que sancionar y poner en práctica para que nunca más suceda esto”.
¿Inspección General de Justicia hizo la vista gorda?
En este punto Guzmán reveló que “la Secretaría de Ambiente de la provincia, dice que habrían ingresado a Tierra del Fuego -al área de la Ley Especial de Tierra del Fuego- doce contenedores de esos gigantes que vemos arriba de los camiones, de doce metros. Nadie los verificó. A su vez dice que la subsecretaria de Comunicación y Conectividad del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de la Nación, no solamente no le informó a la Cancillería ni a Defensa, sino que también pasó por arriba a la Aduana, a los organismos, por ejemplo INVAP y CONAE. Por eso es necesario saber quiénes son los responsables, físicos, las personas, quiénes han sido responsables de todo esto a nivel nacional y en Tierra del Fuego”.
“La Secretaría de Ambiente (provincial) brindó la autorización el 2 de junio del año pasado, cinco meses y trece días antes que la autorización precaria de Nación, insisto, autoriza primero la provincia”, remarcó.
En tal sentido observó que la provincia “autoriza a LeoLabs Inc., que es la empresa de California, es decir, estadounidense, pero cuando se autoriza a nivel nacional, ahí aparece la información de que son británicas (irlandesa e inglesa), y es la información que presenta la Inspección General de Justicia de la Tierra del Fuego. O sea, tampoco la Inspección General de Justicia de la Tierra del Fuego verificó con documentación a la vista y señaló que aquí hay algo que parece que es improcedente. ¿Cómo puede ser que empresas británicas vengan? O es que la cuestión Malvinas se abre y se cierra el 2 de abril nada más. ¿No tenemos los fueguinos la comprensión de la responsabilidad política histórica que significa ser la provincia de Malvinas?”, se preguntó nuevamente.
