El ex secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó la falta de una estrategia y el desaprovechamiento de oportunidades para dar solución a más de 7 mil familias que hoy reciben el subsidio de gas envasado. Todavía no se ha logrado conocer cuánto cuesta producir en boca de pozo, para analizar debidamente los costos. Tampoco hay controles de a quiénes se otorga el subsidio, dado que no existe una segmentación entre las familias más humildes y los que usan zeppelín para una casa de fin de semana. Pronosticó una situación más desfavorable en el corto plazo porque se están quitando los subsidios a las empresas y esa diferencia se terminará volcando a los bolsillos de los trabajadores.
Río Grande.- El ex secretario de Energía Moisés Solorza analizó por Radio Provincia la problemática con el gas envasado y los miles de millones de pesos que destina sin control el Estado provincial para pagar subsidios.
El 22 de agosto las empresas distribuidoras solicitaron un aumento del 100% del producto que comercializan, y además reclaman una deuda de 2 mil millones de pesos al Estado, con el argumento del salto del dólar oficial, que habría dejado en rojo al sector en función de tarifas que están dolarizadas. Un dato alarmanete es que el gas envasado “es utilizado por el 40% de la población”, y no se logra bajar la curva de demanda pese a programas como Llegó el Gas, que permitían financiar las conexiones domiciliarias al gas por red y ahora está suspendido.
“Gran parte del problema que tiene históricamente Tierra del Fuego tiene que ver con el fracaso de las políticas energéticas –dijo-. Somos la segunda provincia productora de gas del país y no se han fijado prioridades. El Estado en todas sus formas es el que tiene la responsabilidad de traducir una política pública en beneficios reales para el vecino. Si vemos los números, a lo largo de diez años seguimos teniendo el mismo padrón de vecinos que no tienen conexión de red de gas natural. Esto quiere decir que la política fracasó y no se le ha solucionado el problema real a los vecinos, y hay una cantidad altísima de dinero que se aporta del erario público para los subsidios”, planteó.
Como dato concreto, dijo que “hoy tenemos 7.159 familias por fuera de la red de gas natural y llegamos a tener 9 mil en el primer gobierno de Fabiana Ríos. Esa problemática continúa y no han querido solucionarlo, porque la solución definitiva sería que todos los vecinos accedieran a la red de gas natural como un derecho social, a precios justos y razonables, pero nada de eso está sucediendo. Es necesaria una revisión integral de estos esquemas que no le han solucionado el problema a los vecinos”, reclamó.
Si bien el aumento de la demanda tiene que ver con el crecimiento poblacional, insistió en la falta de políticas, porque “hay un crecimiento que tiene que ver con una planificación urbana del gobierno en función de necesidades que se fueron potenciando en el tiempo, por el mayor ingreso de familias. Eso lo tiene que prever el gobierno y tiene que tener una estrategia de ampliación de las redes en los barrios nuevos que se van formando. No puede ser que en Tierra del Fuego se hayan entregado viviendas del Estado sin los servicios públicos. Eso ocurre porque el Estado no tiene una estrategia que acompañe, junto con los municipios y el gobierno nacional, para trabajar en algo estructural como es la planificación de las redes troncales de los barrios populares. No puede ser una política permanente sostener esta situación precaria”, cuestionó.
Lo cierto es que la curva ha ido creciendo, dado que en 2014 había 5.200 personas sin red de gas, en 2015 eran 5.800, en 2016 el número ascendió a 6.600, en 2017 eran 7200, en 2018 superaron los 7300, en 2019 sobrepasaron las 8000 personas, en 2020 cayó la cifra levemente a 7900, en 2021 ascendió a 8000, en 2022 descendió a 7600 y en este año solamente está registrado enero y febrero y no hay datos posteriores.
“Las empresas tienen ‘estímulos’ con el Plan Gas, que en realidad son subsidios porque les dan un precio preferencial a los monopolios energéticos del país, tanto para extracción como para venta, transporte y distribución. Pero cuando el beneficio es para el pueblo argentino se los llama peyorativamente subsidios, y pareciera ser que nadie lo merece. En el medio existen personas, pymes, industrias, que no tienen un horizonte de planificación con respecto a la energía, porque para poder determinar el valor de algo es necesario desmenuzar la cadena que conforma esa estructura de costos, y en todo el país no está resuelto porque todavía no sabemos cuánto cuesta producir el millón de BTU en boca de pozo en Tierra del Fuego. No se puede planificar sin ese dato básico, y es urgente una buena planificación energética y no solamente buenas intenciones”, remarcó.
Lamentó que se sigan “perdiendo oportunidades”, como una negociación con Total a cambio de los beneficios del desarrollo de Fénix. “La última pérdida de oportunidades del gobierno de la provincia tiene que ver el desarrollo del proyecto Fénix, que está dentro de los beneficios de la 19640. La intendencia de la ciudad de Río Grande tiene áreas petroleras cercanas al ejido urbano y no se trabajó en una planificación para que obras específicas fueran incluidas por tratarse de recursos que le pertenecen a los fueguinos, para que las propias empresas puedan financiar a través de pequeños fideicomisos o participaciones público-privadas las conexiones. Nada de eso se está haciendo y es necesario establecer los costos. Si aumenta el gas, aumenta la luz, el agua y me parece un escándalo. Yo fui el único Secretario de Energía de todo el país que se negó a la segmentación tal como está planteada en este momento, justamente porque en un proceso inflacionario como el que vivimos, con los costos dolarizados, es imposible no pensar que el aumento va a ir a los salarios”, recordó.
“Hay cosas que no se han sabido resolver o no se han querido resolver. Tampoco hay un proyecto energético nacional que incluya a la cuestión federal, no tan sólo en gas y petróleo sino en energía eléctrica, transporte, distribución e interconectados provinciales. Las tres ciudades todavía no tienen parques de generación como corresponde y no se ha sabido resolver el problema de fondo, teniendo los recursos”, dijo.
“Hay una mirada totalmente distinta del gobierno, que eliminó o suspendió el programa Llegó el Gas, y sin embargo promueve el endeudamiento a través del BTF para que las familias puedan hacer las obras que necesitan cuando construyen su casa. La mirada del Estado para solucionar problemas estructurales está fallando, porque se deja de acompañar a las familias que necesitan el apoyo del Estado, no para que les llegue el gas a la puerta de su casa sino para que se planifique de forma urbanística en conjunto con los municipios. Esto no está sucediendo”, expresó.
Fondos millonarios sin control
Solorza recordó que “hay 5.984 millones de pesos que destina el gobierno provincial por presupuesto para subsidios de gas envasado, y hay una transferencia monumental desde lo público a una empresa que trae el gas de Neuquén o de Bahía Blanca. Eso lo termina pagando la provincia”.
“Lo que he criticado, estando dentro del gobierno, fue la forma, el seguimiento, el control del destino del dinero público, porque en lugar de desincentivar el uso del GLP, se hace del GLP una cuestión universal y no va segmentado a los que más lo necesitan. En Tierra del Fuego tenemos estancias que tienen GLP y reciben el mismo subsidio que las casitas más pobres de los barrios populares de la provincia. Tenemos barrios cerrados alimentados con GLP, a mi criterio de una forma inaceptable, y presentan las tarjetas para que se les llenen los zeppelines. Lo mismo ocurre con casas de fin de semana”, sostuvo.
Si se divide el monto presupuestado por la cantidad de familias asistidas, la suma da 842 mil pesos por año que el gobierno paga a cada familia, “por eso insisto en el seguimiento, el control y la segmentación por poder adquisitivo, para que se destine el dinero a las familias más carenciadas. Podrían proponerse un pago mayor al que tiene mayor capacidad de pago, que puede soportar y ayudar al Estado para que solidariamente se le puedan otorgar cargas extras con el mismo dinero, redistribuyéndolo de otra forma, pero esto tampoco se hace por la metodología que se utiliza. Los que están a cargo de estos programas evidentemente poco es lo que controlan”, afirmó.
“Tiene que haber una optimización del recurso. Es necesario establecer un equilibrio en situaciones que están totalmente desequilibradas, porque paga lo mismo un tubo de gas una familia humilde que los gerentes de las industrias que tienen casas de fin de semana en Tolhuin, a quienes les llenan los zeppelines con dinero público. Habría que controlar ese dinero, monitorear el padrón, certificar los volúmenes que se le compran a las empresas, que es otro tema, porque es un enorme problema la falta de fiscalización y control de los volúmenes que se le compran a las distribuidoras de gas envasado. Terminan utilizando todas las cargas de todos los vecinos en los últimos días del mes para que no se venzan, y las cargas parciales no son controladas”, denunció.
Para ejemplificar esta situación, dijo que “si una familia tiene un zeppelín y una tarjeta para hacer la carga, muchas veces las tarjetas las manejan los mismos choferes de la distribuidora, y esto está denunciado no solamente por mí. Mi gestión fue la única que por desabastecimiento en plena pandemia denunciamos ante el ENARGAS y la justicia nos dio la razón. Hicimos lo que había que hacer. Con la falta de controles de este segmento del GLP, hay tarjetas que tienen una determinada cantidad de cargas que vencen en un plazo de tiempo, por ejemplo dan cuatro cargas al mes. Si una vivienda tiene un zeppelín y pide el servicio cuando le queda la mitad para no quedarse sin gas, la empresa cobra la carga completa, cuando llena la mitad del tubo. Hay una falta de control de los volúmenes que el propio Estado trae de Bahía Blanca. Ese proceso quedó del año anterior y el área que administra este proceso específico está dentro del Ministerio de Economía, que no tiene nada que ver con este tema”, dijo.
“A lo largo de los años esto no se ha resuelto, el esquema sigue funcionando de la misma forma por más de una década. Si no se soluciona de fondo el tendido de redes para los barrios esto se va a seguir incrementando. El Estado nacional también está haciendo una quita de subsidios al gas natural por red y al gas licuado, que también le va a afectar a la provincia”, anticipó.
“En este aspecto ha fracasado la política energética de la provincia y la única verdad es la realidad. Más allá de los anuncios de grandes obras, tenemos un sector que es el más débil que va a estar sujeto al ajuste de dinero que le va a imprimir la política, cuando el año que viene no pueda soportar el aumento de casi el doble del presupuesto que va a tener que trabajar la Legislatura. Estos casi 6 mil millones de pesos, de acuerdo a la devaluación, se van a transformar en más del doble, para brindar el mismo servicio. Ese no es el camino. Debe haber una planificación y una estrategia que resuelva estos problemas. Tierra del Fuego no se sentó nunca con las petroleras a discutir una alternativa que le ahorraría al gobierno 6 mil millones de pesos”, fustigó.
“Hay una falta de firmeza de la provincia de Tierra del Fuego en la definición de políticas soberanas que debe tener, y para muestra sobra un radar”, ironizó.
“En pleno Siglo XXI tener el gas por red tendría que ser lo habitual, no la excepción, mucho más en Tierra del Fuego como segunda provincia productora de gas del país. No nos podemos dar el lujo de continuar con la misma lógica. Creo que hay que tomar decisiones urgentes y cambiar el modelo que está instalado en el país y sobre todo en la provincia, porque ese modelo no está solucionando los problemas. El problema habitacional es otro modelo a revisar y están relacionados entre sí. Es una agenda que la política no está discutiendo. Si seguimos por el mismo camino, ya sabemos los resultados que ha traído, y si hay un cambio de rumbo en algunas políticas, vamos directo a seguir fracasando”, concluyó.
