La Asociación Mujeres e Hijxs de Personas Privadas de su Libertad y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande; emitieron un comunicado para pedir la derogación de la Ley 1313, por la cual antes de otorgar un beneficio a una persona privada de la libertad se debe consultar a las víctimas, omitiendo la consulta a quien solicita el beneficio, y vale la opinión de la Cámara por sobre la del juez de Ejecución. Ambas ONGs entienden que “esta normativa está impidiendo el acceso a dichos beneficios cuando los mismos son avalados por los jueces de Ejecución, quienes siguen día a día el proceso y la evolución que tienen las personas privadas de su libertad durante su tiempo de encierro”. También hacen otros planteos, en un comunicado, respecto de temas como la necesidad de inversión en el aspecto edilicio y el acceso a la educación, la salud y el trabajo.
Río Grande – El comunicado comienza señalando que “Desde la Asociación Mujeres e Hijxs de Personas Privadas de su Libertad, en conjunto con la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande; deseamos expresar, en primer término, nuestra preocupación por la situación de sobrepoblación existente en los lugares de privación de la libertad que existen en la provincia; tanto en la ciudad de Ushuaia como en la de Río Grande”.
Luego se expresa que “Dicha situación es reconocida desde los tres poderes del Estado, sin embargo, no vemos que se avance con medidas de fondo, tendientes a evitar el hacinamiento y otorgar condiciones dignas de alojamiento, a las mujeres y hombres que cumplen diferentes condenas en las cárceles de la provincia”.
“Exigimos que se cumpla con la Ley, las personas privadas de su libertad perdieron el derecho a la libre circulación y las cárceles deben ser para seguridad, no para castigo. El hacinamiento va en contra de cualquier posibilidad de avanzar en un régimen de progresividad real y con resultados positivos, para la persona privada de su libertad y para la sociedad”, señala el texto, difundido por ambas organizaciones no gubernamentales.
Después se indica que “Esta situación, se complica además por la vigencia de la Ley 1313, aprobada por la Legislatura de la Provincia en el año 2020, que vino a imponer serios condicionamientos a la posibilidad de acceder a beneficios previstos originalmente en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660”.
Manifestando, además, que “Hoy por hoy, esta normativa está impidiendo el acceso a dichos beneficios cuando los mismos son avalados por los jueces de Ejecución, quienes siguen día a día el proceso y la evolución que tienen las personas privadas de su libertad durante su tiempo de encierro; a partir de decisiones de camaristas que desconocen dicha progresividad y los cambios que se puedan haber producido en las personas que podrían acceder a los beneficios mencionados”.
“Creemos que se impone la revisión de la situación descripta, donde la sobrepoblación por un lado y el recorte de los beneficios a partir de la promulgación de la Ley 1313 son un combo perfecto, que sirve para profundizar el hacinamiento y empeorar las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas que se están privadas de su libertad. La mencionada norma restringe la posibilidad de acceso a los beneficios, porque los jueces de Cámara no atienden a los presos ni a sus defensores antes de decidir, convirtiéndose así en un sistema totalmente despersonalizado”, expresan los y las integrantes de la Asociación Mujeres e Hijxs de Personas Privadas de su Libertad y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande.
Más adelante dicen que “Por ello, reclamamos la derogación de tal normativa, entendiendo que reformas parciales no servirían para revertir la dinámica que venimos observando desde su promulgación; dónde el recorte de beneficios solo sirvió para prolongar el tiempo de reclusión de personas que estarían en condiciones de acceder a beneficios, que les permitirían avanzar en su reinserción a la sociedad y la búsqueda de un nuevo y mejor rumbo para sus vidas”.
“De igual manera, dejamos planteados otros temas en los que debería avanzarse para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre otros, como lo son el acceso a medios que permitan la conectividad de las personas que cursan estudios, la atención en salud por parte de profesionales idóneos y un equipo de salud mental acorde a las necesidades e inversiones en el aspecto edilicio”, puntualizan.
Para finalizar, expresaron: “Valoramos, por último, la reciente creación del Comité de Prevención Contra la Tortura en la Provincia; pero creemos que aún falta mucho por hacerse y en los tres poderes de la provincia están las herramientas para cambiar esta situación. En ese camino, la derogación de una ley que impide el acceso a derechos sería un paso”.
