La directora de la Caja de Previsión por el sector pasivo Patricia Blanco realizó esta semana presentaciones a la Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas, para que se expidan sobre la resolución del Ministerio de Educación que extiende el beneficio de la jubilación especial docente a quienes no han estado 10 años frente a grado. Aseguró que dicha resolución va contra el texto de la ley y su reglamentación, por lo que espera que los organismos de control definan la situación. Cargó contra las “avivadas” de algunos y, si bien no dio nombres, de prosperar la resolución podrían acceder al beneficio jubilatorio desde el gobernador hasta la ministra del área, legisladores docentes, funcionarios de segunda o tercera línea y dirigentes gremiales.
Río Grande.- La directora por los pasivos Patricia Blanco explicó los alcances de la presentación que realizó esta semana al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, para que se expidan sobre la resolución del Ministerio de Educación que permite a todos los docentes acceder a la jubilación especial aprobada en la reforma previsional. Cabe señalar que el beneficio está previsto para quienes puedan acreditar 10 años frente a grado, de acuerdo al texto de la ley y de su reglamentación, pero la resolución ministerial unifica el criterio para todos. De prosperar, permitiría la jubilación anticipada del propio gobernador, de la ministra de Educación, de la legisladora Andrea Freites y hasta del secretario general Horacio Catena, además de otros funcionarios de segunda y tercera línea.
Por Radio Provincia, Patricia Blanco cargó contra “las avivadas” de algunos funcionarios, teniendo en cuenta la contradicción entre el texto de la ley y la resolución. “A mi entender no es lo mismo quien tiene la tarea de estar frente a grado, frente a los chicos, que otra persona que tal vez nunca estuvo frente a grado porque ocupó algún cargo político o estuvo comisionado. Para mí no es lo mismo y es una competencia desleal, porque no son todos iguales. No es que todos los que se quieren jubilar como docentes han tenido la tarea de estar frente a los chicos, y no es igual el desgaste de estar de lunes a viernes frente a 30 chicos durante años, que haber estado comisionado en el Ministerio, en un sector gremial o donde sea. Ahí ya hay una brecha, por eso pedí que los órganos de control aclaren si esto corresponde o no”, manifestó.
“No todos han estado frente a los alumnos, esta es una provincia chica y nos conocemos todos, por eso ante la duda hice la consulta. No quiero tener un dolor de cabeza dentro de unos años y que digan que fue algo lesivo para la caja, de lo cual fui parte. Yo pienso en el sector que ya está jubilado pero también en quienes se quieren jubilar. La caja la tenemos que cuidar entre todos y no criticar por un lado los privilegios que tienen algunos mientras se quieren meter ellos por la puerta de atrás. Eso conmigo no va”, disparó.
Recordó que algo similar ya pasó con los 25 inviernos, “cuando jubilaban gente con 43 años. El resultado fue que a partir del 2013 no había plata para pagar. Además esto es una cuestión de derechos. Los docentes ya tienen una diferencia en la edad y los años de aporte, y yo respeto totalmente al docente que está frente a grado. Yo los veo diariamente cuando vienen a solicitar su trámite y en las condiciones de salud en que están algunos, porque es un desgaste tremendo el que tienen. No es así con otros que no estuvieron nunca frente a un alumno o estuvieron muy poquito”, comparó.
Resolución con nombres y apellidos
Si bien no dio nombres, Blanco concedió que es una resolución “direccionada” que encierra beneficios para funcionarios y dirigentes gremiales. “Hay de todo un poco, funcionarios, gremialistas y acá todos nos conocemos. No podemos tener doble discurso, defender los derechos por un lado y renegar de los privilegios que tienen algunos, pero por otro lado venir por la puerta de atrás y pedir la jubilación –fustigó-. Yo hago la consulta porque quiero tener la conciencia tranquila y voy a defender a los jubilados cueste lo que cueste. Después se hará cargo quien toma las decisiones y quiera aplicarlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso y desde ningún punto de vista voy a aceptar que venga una resolución del Ministerio de Educación diciendo que todos los docentes son frente a grado porque es una mentira, no es así”, sentenció.
“Yo a la gente no le voy a mentir, no lo hice nunca y me ha costado grandes dolores de cabeza ser frontal. Prefiero eso a quedarme callada para beneficiar a algunos pocos, sabiendo que después el perjuicio va a ser para todos. La reglamentación dice lo mismo que la ley y exige 10 años frente a grado para acceder al beneficio. Cuando los docentes traen su certificación ahí les figuran los años frente a grado. Seguramente algunos han tenido algunas promesas de parte de algún sector político, pero lamentablemente yo no pienso que las cosas sean así”, reiteró.
“Ante la duda le hice la consulta al Fiscal de Estado, también presenté una copia en el Tribunal de Cuentas y veremos. Yo quiero dormir tranquila y no quiero pensar que dentro de un par de años van a decir que la ley fue lesiva. Para mí los privilegios no existen. En todo caso tendrían que haberlo blanqueado si querían tener privilegios y hacer su propia ley. De 400 personas frente a grado por ahí 200 no estuvieron nunca y van a acceder al beneficio jubilatorio. A veces las decisiones políticas van más allá de los derechos de todos y terminan privilegiando a algunos pocos. Seguramente alguno va a salir a decir que estoy equivocada, pero que me lo demuestre”, desafió, teniendo en cuenta que las normas ponen en cabeza de la caja la interpretación de las leyes, y no del empleador.
De la letra de la resolución se infiere que el beneficio podría ser usufructuado por varios funcionarios que participaron del debate de la ley, al igual que dirigentes gremiales. “Yo no voy a poner nombre y apellido pero todos nos conocemos. Hasta los mismos docentes me han llamado para decirme que tengo razón. Uno sabe que detrás de todo esto hay una movida y que hay sectores que presionan para conseguir lo que quieren. Una resolución no puede ir en contra de la ley y me tendrían que explicar para qué la mandaron y si quieren presionar con eso. No es la primera vez que de la Legislatura sale una ley con nombre y apellido y yo me hago cargo de decirlo, porque no tengo compromisos políticos ni gremiales. Mi único compromiso es con el pasivo. Que quede claro que yo no estoy culpando a los propios docentes sino a algunos que utilizan a los docentes para ciertas avivadas. Respeto muchísimo a los maestros, y más a los que están con los chicos diariamente, pero hay algunos que no estuvieron nunca frente a grado y utilizan eso para ciertos beneficios. No voy a dar nombres, y al que le quepa el poncho que se lo ponga”, concluyó.
