La ministra Gabriela Castillo cuestionó la propuesta de Javier Milei de eliminar el Ministerio de Obras Públicas, porque es “tirar a la basura” las políticas públicas. Planteó que el esquema público-privado implica que las empresas van a invertir en obras que les resulten rentables y donde tengan un recupero, dejando afuera servicios esenciales para los vecinos que no dan rédito. Enumeró gran cantidad de obras en todo el país que quedarían sin efecto, al igual que empresas familiares y PyMEs.
Río Grande.- La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, criticó por FM La Isla las propuestas de campaña de Javier Milei, en particular la eliminación del Ministerio de Obras Públicas, para dar lugar a iniciativas público privadas en lugar del financiamiento nacional a las provincias.
“Uno lo escucha con preocupación porque uno entiende que la política debe dar respuesta a necesidades que son públicas. Cuando uno tira a la basura la existencia de un ministerio, en realidad no está pensando que es un problema de un funcionario sino que es un problema de las políticas públicas que se está tirando a la basura” dijo.
“Las políticas públicas que llevamos adelante construyen sueños, y tirar el ministerio de Obras Públicas es decir que no vamos a construir más escuelas ni más hospitales ni centros para la primera infancia, ni gimnasios para llevar adelante políticas públicas deportivas, ni redes de agua y cloacas para conectar a los vecinos, tampoco redes de gas ni redes troncales de acueductos, ni plantas potabilizadoras o plantas de tratamiento como estamos construyendo hoy, como rutas y puertos, porque son distintos tipos de obras”, señaló.
“Nosotros construimos una obra para que se lleve adelante un servicio, no construimos porque sí, sino que nos toca el primer eslabón para construir la infraestructura. El segundo eslabón es que haya médicos en los hospitales, chicos en las escuelas, que es la continuidad de la obra. La iniciativa público privada significa que va a haber una empresa que tiene dinero y va a proponer financiar una obra, pero quizás sea una autopista, un puerto comercial, es decir un eslabón que tenga un recupero y le permita a la empresa solventar la obra. No vamos a encontrar empresas que puedan llevar adelante la regularización de los barrios no formales o para llevar los servicios”, advirtió.
“Hay un montón de obras vinculadas con lo social que no dan rentabilidad. Por ejemplo la Casa de la Alegría en Río Grande, las conexiones domiciliarias de gas para que los vecinos tengan el servicio de gas natural. Son políticas públicas que llevan servicios a los vecinos y para eso se construye la infraestructura. Hay que pensar si los destinatarios van a poder pagar las obras que tienen un retorno y en qué condiciones de plan de negocio se hace cada una de estas obras”, planteó.
Obras locales en riesgo
Asimismo expresó su preocupación por la continuidad de las obras en marcha con financiamiento nacional: “Nos preocupa la diversidad de obras que tenemos en ejecución porque algunas se terminan antes de fin de año y otras tienen una continuidad de un año, o un año y medio más de obra, como la planta de pre tratamiento y emisario de Río Grande, la planta de tratamiento de efluentes de la margen sur, el troncal de acueducto de Ushuaia. Hay obras que son grandes y no van a ser finalizadas en esta gestión. Además tenemos 15 proyectos en evaluación técnica que están avanzando a nivel nacional con distintas fuentes de financiamiento y son proyectos que son necesidades de los vecinos. El rol del Estado es ser garantista de poder llevar adelante servicios públicos que son esenciales”, sostuvo.
Se le preguntó si se corre el riesgo de cartelizar la obra pública, porque quedarían pocos jugadores en escena. “Van a desaparecer un montón de empresas, como las empresas familiares, las cooperativas de trabajo, las empresas medianas, que no van a entrar en una licitación público-privada. Todas las obras de mantenimiento, de reparaciones de un edificio o de ampliación de una sala en una escuela, las obras más pequeñas que uno lleva adelante con empresas medianas no sé quién las va a hacer”, se preguntó.
“En estos cuatro años se inauguraron 4 mil obras en la Argentina, hay obras en todos los municipios del país, con presencia del gobierno nacional a través de Argentina Hace, a través de ENOHSA, a través de Recursos Hídricos, a través de Vialidad. En todas las ciudades del país hay una obra y hay una mirada federal de llevar obras a todos los rincones. Uno tiene que pensar la realidad de Tierra del Fuego donde tenemos tres ciudades consolidadas, al lado de otras jurisdicciones que tienen un paraje. Nadie va a ir a invertir con una iniciativa público-privada en una pequeña población, en un paraje, o en un pueblito. Hoy el Estado llega para garantizar los servicios que necesita ese lugar. Hay grandes obras con grandes empresas y pequeñas obras donde intervienen otros actores de la construcción”, indicó.
“Nosotros por decisión del gobernador hemos planteado un amplio abanico y una diversidad de obras importantísimas. Tenemos empresas grandes trabajando en grandes obras, tenemos obras medianas con empresas medianas y otras pequeñas con empresas familiares. Son pequeñas empresas que hacen un gran esfuerzo y también generan trabajo”, subrayó.
Apuntó que “se ha hecho la presentación de los créditos a través del fondo de ampliación de la matriz productiva, precisamente para las pymes, para los eslabones más pequeños, con financiamiento a través del Banco Nación, del BTF, de FOGADEF. Es un modelo opuesto a este de quedarse con cuatro empresas grandes. Ahora el Estado provincial trabaja con un montón de empresas y hay una diversidad de obras. Tenemos que garantizar que no nos quedemos sin empresas para la totalidad del trabajo. Hablar de la obra pública es hablar de trabajo y de respuestas a las necesidades genuinas de los vecinos, como la salud pública. Hay una gran cantidad de obras en escuelas técnicas que se pensaron para los chicos que quedaron fuera del sistema y necesitan un plan distinto”, concluyó.
