La directora por los pasivos de la caja de previsión respondió a las críticas del SUTEF por una presunta mala atención a los docentes que quieren realizar su trámite jubilatorio y aseguró que no hay atención preferencial para nadie. También cuestionó el pedido de Horacio Catena al gobernador para que ordene a la caja jubilar a docentes que no cumplen con el requisito de haber estado 10 años frente a grado. El Fiscal de Estado se expidió sobre el tema, tras el pedido de intervención de Patricia Blanco, y ahora el presidente de la caja deberá tomar la decisión de cumplir o no las normas vigentes.
Río Grande.- La directora por los pasivos Patricia Blanco respondió a las críticas del secretario general del SUTEF, Horacio Catena, por una supuesta mala atención a los docentes y aseguró que es la misma que se da a todos los jubilados y no hay trato preferencial con nadie. Respecto de la respuesta del Fiscal de Estado, en coincidencia con lo que había planteado, señaló que ahora es responsabilidad del presidente de la caja decidir si va a aplicar la ley y su reglamentación, o acatará la resolución del Ministerio de Educación que considera que pueden jubilarse los que no cumplen con el requisito de haber estado 10 años frente a grado.
Cabe señalar que con fecha 15 de septiembre, el Fiscal de Estado emitió la nota 212/23, en respuesta a la presentación que había realizado Patricia Blanco, rechazando las pretensiones de funcionarios y gremialistas de jubilarse como docentes “frente a grado”.
El titular del órgano de contralor recordó al presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, que debe ejercer las competencias de reglamentación y/o interpretación que la ley le impone en la materia, y disponer lo necesario a fin de que los beneficios previsionales a otorgarse en el marco de las normas guarden estricta concordancia con la sustancia específica del régimen jubilatorio docente.
La presentación fue realizada para que analice la legalidad de la Resolución N° 3794/23 del Ministerio de Educación, que pretendía imponer al organismo previsional un criterio amplio para determinar qué trabajadores podrían acceder al beneficio especial de “docente frente a grado”.
Este subrégimen permite a quienes hayan estado al menos 10 años al frente de grado obtener el beneficio a partir de los 50 años de edad; no obstante el requisito expreso en la ley y en su decreto reglamentario, la Ministra Analía Cubino intentó extender este beneficio especial a casi la totalidad de los trabajadores del sistema educativo, incluyendo a quienes se encuentran en uso de licencias políticas o sindicales y no prestan funciones en establecimientos escolares.
“La potestad reglamentaria e interpretativa en materia previsional para el caso no pertenece al Ministerio de Educación, sino que recae ineludiblemente en la Caja de Previsión Social”, dijo el fiscal sobre las competencias.
“No caben dudas de que la determinación, a los efectos estrictamente jubilatorios, de lo que debe entenderse por docente ‘al frente directo a grado’, no puede delegarse -en ausencia de una directiva clara y expresa del Legislador en ese sentido-, en un órgano ajeno a la Caja, y no previsto en la norma”, expresó.
También señala que los regímenes especiales son “exclusivo resorte del Poder Legislativo”, por lo que no es incumbencia del Ejecutivo. Suma una opinión política al respecto, al manifestar que “una irrazonable interpretación de los alcances de cualquier orden jubilatorio, lejos de ampliar derechos, pone en serio peligro la ya difícil preservación de la estabilidad económica y financiera del sistema previsional, lo que en el mediano y largo plazo se traduce en un perjuicio para el universo de trabajadores activos y pasivos, inclusive los beneficiarios de tales regímenes especiales, como es el caso de los docentes que en verdad se encuentran al ‘frente directo de grado’”.
“No es desconocido por la sociedad que, cuando los recursos no son suficientes para atender las obligaciones inherentes al sistema, se ve afectado tanto el sector pasivo en el cobro en tiempo y forma de sus prestaciones como también los activos, futuros beneficiarios, a quienes se agravan las condiciones de acceso”, agrega.
Asimismo, pone en cabeza de las áreas técnicas de la caja la facultad de “verificar que se observen la totalidad de los requisitos exigidos por ley (…), y que se cumpla con los recaudos relativos a que el trabajador haya efectivamente ejercido sus funciones directamente frente al alumnado, no bastando para ello -en ausencia de disposición legal específica- su mera participación en el proceso educativo sin observar ese requisito”.
En la notificación al presidente de la caja, Martínez de Sucre advierte que “toda interpretación contraria al precepto indicado resulta perniciosa para los intereses públicos y de los trabajadores, no solo porque deja expuesto al destinatario del beneficio a su eventual pérdida y anulación, la cual podrá ser solicitada por cualquiera con interés legítimo para ello, sino porque hace personalmente responsables de tales perjuicios a los funcionarios -tanto de la Administración encargada de certificar los servicios como del ente asistencial de constatarlos- que deliberadamente omitan hacer valer el espíritu diferencial de este régimen jubilatorio distintivo”.
Por sobre la postura del Fiscal, la ley y su reglamentación, hubo un pedido del secretario general Horacio Catena directamente al gobernador Gustavo Melella, para que “dé la orden al presidente” a fin de que jubile a docentes aunque no cumplan con los 10 años frente a grado.
Ante esta situación, Patricia Blanco tomó distancia y dijo que de pasar por encima de la ley “se harán cargo después. Si ellos creen que es lo que corresponde, que lo hagan. El Fiscal de Estado opina otra cosa, y las leyes y las reglamentaciones están para ser cumplidas”, sentenció por Radio Provincia.
“Acá parece que el que pisa más fuerte es el que manda. Yo pensé que el que mandaba era el gobernador y pensé que la ley que sancionó la Legislatura es la que marca lo que debe hacer la caja de previsión. Lo mismo con la reglamentación, pero hay gente que da a entender que no”, cuestionó.
Con respecto a los supuestos destratos a los docentes y la espera a la que son sometidos, dejó en claro que “el personal de la caja atiende a todo el mundo como corresponde y doy fe de eso. No es que hay expedientes que demoran más por ser de docentes. Acá no se atiende en forma preferencial a nadie, son todos iguales y a todo el mundo se le da la misma atención. Eso lo quiero aclarar porque tengo un gran compromiso con la gente de la caja y veo diariamente cómo atienden a la gente, así que eso de que el docente sufre maltrato es mentira”, enfatizó.
“Yo he visto jubilados que vienen a retirar un recibo y tienen que esperar dos horas. Un docente que presenta los papeles puede tener hora y media de espera, y los jubilados no se sienten discriminados por eso. La gente mayor va a un lugar y sabe que tiene que esperar. Yo también podría decir que quiero que los jubilados tengan una atención preferencial y que primero atiendan al que ya está jubilado, pero eso no se hace. El personal trata en lo posible de dividirse las tareas, sobre todo cuando viene gente mayor con bastón o andador o en situación complicada de salud, pero hay que tener paciencia. No es que entregan un papelito y se van. No sé si quieren tratamiento preferencial porque son docentes nada más”, se preguntó.
Asimismo, aseguró que “todos los docentes no opinan como Catena y no actúan de la misma manera. No sé por qué pone a todos en la misma bolsa. Parece que acá estamos midiendo fuerzas y viendo quién manda más. En la provincia manda el gobernador y en la caja manda el presidente, que lo pone el gobernador. Los que dicen si los papeles están bien o están mal, si corresponde o no la jubilación, son los técnicos de la caja, que aplican una ley que aprobó la Legislatura y fue reglamentada. A eso hay que ajustarse, no a lo que a otro se le antoja”, disparó.
Aun con la respuesta del Fiscal de Estado, dijo que “la gente ha seguido entregando documentación, sigue el circuito administrativo como corresponde, por las áreas que tiene que pasar y el tiempo que eso nos lleva. Todos sabemos que hay mucha demora en la caja. Yo también quisiera que saliera mucho más rápido el haber definitivo, el recálculo del haber de los que se jubilaron desde el 2016 en adelante, pero no se puede, porque hay pasos administrativos que cumplir y todo lleva su tiempo. A nadie se le negó la entrega de documentación ni nada por el estilo. La gente sigue yendo, tendrá que esperar el tiempo necesario para que le contesten si le corresponde o no, si le falta algo o no, pero no es que en el día los hacemos ir tres o cuatro veces, como quieren dar a entender”.
La directora lamentó estar en soledad en esta definición, porque la representante por los activos se pronunció a favor de la pretensión del SUTEF y se desconoce qué posición tomará el presidente con la resolución del Ministerio de Educación. “Yo estoy sola en esto. Somos cuatro en el directorio, dos puestos por el gobierno, una representante de activos que viene del sector que hace el reclamo y yo solita. Yo hice lo que correspondía. Hice la consulta y les remití a ellos las respuestas del Fiscal de Estado. Después sobre lo que haga el presidente, tendrán que preguntárselo a él, porque es facultad de él interpretar y aplicar la ley. Yo seguiré viendo cómo van ingresando los expedientes y por supuesto voy a hacer un seguimiento de las jubilaciones aunque no pasen por mi firma, porque las jubilaciones ya no pasan por el Directorio como antes. Ahora pasan derecho a presidencia, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer un seguimiento de las jubilaciones que van saliendo. Hay mucha gente que no es docente y está esperando hace meses terminar con su trámite. Para el recálculo del haber tenemos 845 personas que están esperando, en el haber definitivo tenemos 90 personas que están esperando. Hay un montón de casos para atender, no es sólo un sector. Estamos tratando de organizarnos internamente porque el personal no alcanza, hay gente que se enferma, gente que está de licencia, y hay que ir tapando agujeros diariamente, porque todos los días aparece algo nuevo. Esta es la caja de previsión de la provincia de Tierra del Fuego, no es la caja docente –remarcó-. Es la caja de todos los empleados públicos de la provincia. Puede ir un docente, uno que trabaja en la municipalidad, uno que trabaja en la justicia a hacer su trámite, y no le damos atención preferencial a nadie según quien sea. Somos todos iguales y para mí las preferencias no existen”, concluyó.
