El legislador radical destacó el programa presentado por el Ejecutivo provincial no sólo para regular los alquileres temporarios, sino para generar incentivos a los propietarios a fin de que pongan a disposición del alquiler tradicional sus propiedades. También prevé un sistema de garantías para quien quiera alquilar e incentivos fiscales. Consideró que el camino es el correcto y que ayudaría mucho la modificación de la ley de alquileres a nivel nacional. Sobre el radar de Leolabs, se presentó una iniciativa para que la situación no vuelva a repetirse. En breve, como presidente de la comisión de presupuesto, se definirá el cronograma de tratamiento del proyecto para el 2024.
Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano dio detalles por FM Master’s del proyecto de ley de regulación de alquileres presentado por el Ejecutivo provincial, que será analizado en la comisión 1. El gobernador aspiraba a que se aprobara sobre tablas, pero los parlamentarios decidieron abrir el debate.
Tomó estado parlamentario en la sesión del viernes y fue uno de los temas principales tratados en el recinto. Cabe recordar que el jueves hubo una reunión en Casa de Gobierno vinculada con la regulación de alquileres propuesta por el Ejecutivo provincial, en la que el Ejecutivo explicó los alcances de la norma
“Es un tema realmente importante para el factor social y para la realidad que se está viviendo hoy en día. Para Tierra del Fuego no es un tema novedoso, porque viene ya de varias décadas, pero claramente en el último tiempo se ha agravado. La ciudad de Río Grande y parte de Tolhuin tienen un perfil, y otro es el que tiene la ciudad de Ushuaia”, planteó.
“El mercado inmobiliario está muy golpeado, porque ha sido muy resistida la ley de alquileres, agravada además por el factor inflacionario. Esto ha hecho que el mercado inmobiliario haya retirado muchas de las propiedades que estaban en alquiler tradicional, y que han encontrado alguna herramienta alternativa en el alquiler de corto plazo, conocido como alquiler temporario. El mercado está en retirada, porque las condiciones económicas no le permiten desarrollar su negocio, a eso se agrega la ley y el factor económico. El gobierno ha tomado el camino correcto, que es generar un proyecto de ley que tiene varias aristas interesantes, que van atendiendo los distintos puntos que tiene esta temática tan compleja”, aseguró.
Explicó que por esta medida “se genera un programa de alquiler social, que vincula el incentivo fiscal para poder generar propiedades que se pongan a disposición del mercado tradicional de alquileres. También crea un sistema de garantías para el inquilino que tiene capacidad económica para alquilar, pero no puede cubrir el requisito de garantizar el contrato de alquiler. Lo que busca en este caso el gobernador es poder facilitarle al inquilino un mecanismo de garantía para que pueda acceder a la vivienda. Esto viene de la mano de un proceso de urbanizaciones para poder construir viviendas, es decir que el proyecto aborda varios de los puntos”.
“El proyecto de ley fue girado a la comisión 1 y se va a empezar a debatir esta semana. Sin dudas va a generar facilidades tanto para los que quieren alquilar, como para los que tienen propiedades para poner en alquiler, por los incentivos económicos. Por otro lado también trabaja en los alquileres temporarios o alquileres de corto plazo. En ese aspecto pone un punto muy importante que va a facilitar para el propietario volver al alquiler tradicional”, afirmó.
“Lo importante es reconocer que hay un programa que está orientado a que sea más sencillo para la gente tanto poder alquilar como tener mejores garantías para el propietario al momento de alquilar. Esa es la cuestión primaria de este programa, que tiene otras herramientas que trabajan con el mercado del alquiler de corto plazo pero no lo niega, sino que busca alternativas para que las condiciones actuales puedan mejorar”, sostuvo.
“Obviamente sería importante que en el Congreso de la Nación se modificara la ley de alquileres, porque claramente ha traído dificultades. Eso ayudaría mucho, porque el gobernador está creando un sistema para poder atemperar parte del impacto que ha tenido la ley, pero si el día de mañana esta ley pudiera mejorarse, agregado a este programa que el gobierno está creando, la situación podría mejorar. Esto no va a resolver un tema de décadas, porque las soluciones no son mágicas, pero si a eso le agregamos inversiones, desarrollo y trabajo conjunto, vamos a tener una situación mejor en el mediano plazo”, confió.
El radar de Leolabs
Otro tema abordado tiene relación con la polémica por la instalación del radar de Leolabs. “Nosotros presentamos un proyecto de ley que busca marcar un punto de inflexión ante lo que ha generado este radar. Había un vacío legal que permitió un proceso administrativo determinado. Hoy lo más importante es evitar que esto vuelva a pasar y generar un proceso para que se retrotraiga la situación actual. Si no generamos una ley que marque un proceso administrativo y evite que esto vuelva a pasar, dentro de unos años podemos encontrarnos discutiendo lo mismo. Esto nos dejaría a todos muy mal parados”, advirtió.
Consideró “fundamental crear un sistema administrativo que le genere cierta dificultad al interesado y le dé garantías a la provincia con respecto a las condiciones de esta infraestructura, que son bastante particulares, porque no es algo cotidiano que alguien venga a pedir una autorización para instalar un radar. Hoy no hay un sistema administrativo orientado a esto y hay que agregar que en este caso particular venía con todas las autorizaciones nacionales. Cuando se empezaron a buscar responsables de esta situación tan incómoda, algunos actores del gobierno nacional que le pusieron el gancho empezaron a desentenderse. El primer responsable de que este radar esté instalado en Tierra del Fuego es el embajador Argüello, que es el embajador argentino en Estados Unidos. Él después borró lo que había escrito, pero nosotros tenemos copia de la pantalla. El primer funcionario público fue casualmente un funcionario de Cancillería, por eso son bastante incómodas las declaraciones del Canciller en el Senado, cuando esto en realidad empieza con un funcionario de Cancillería vanagloriándose por la excelente negociación que había hecho para sacarle el radar a Chile y traerlo a la Argentina. Hoy todos han perdido la memoria, y esto tiene que ser una causa nacional en la que todos estemos involucrados y no se la utilice de manera partidaria, sino que estemos a la altura de lo que el mundo espera de nosotros para el reclamo de poder ejercer la soberanía plena. Para eso tenemos que estar a la altura. No podemos seguir administrando el discurso en función de lo que pueda llegar a ser simpático al momento en que un tema salga en los medios de comunicación”, manifestó.
“Algunos se han tratado de transformar en héroes y los únicos héroes en esta causa son los veteranos de guerra y los familiares de los caídos en las islas. El resto tenemos un rol de seguir a los veteranos de guerra y estar a la altura de lo que significa la causa para nuestro país. Cuando esto lo derivamos a un perfil electoral, donde uno es el héroe y otro es el vendepatria, lamentablemente lo único que hacemos es alejarnos de la posibilidad de que la bandera argentina flamee nuevamente en las Islas Malvinas. Hay que estar a la altura de las circunstancias, empezando por el Canciller, y siguiendo por los funcionarios que han visto en esto un perfil político que les parece interesante, pero debieron repensar algunas decisiones políticas que han tomado en el corto, mediano y largo plazo, que están alejadas de esta situación. Tenemos que buscar la manera de que esto no vuelva a pasar y además terminar de resolver esta situación que claramente ha puesto a toda la provincia en jaque”, priorizó.
“Cuando uno pone sentido común, se da cuenta de que la instalación de un radar que monitorea cinco mil kilómetros a la redonda, excede a cualquier persona con capacidad intelectual y se da cuenta de que esa no es una decisión de un gobierno provincial. Cualquiera que conozca lo que significa la potestad para instalar una estructura de estas características, claramente es una decisión nacional que después necesita de algunas gestiones en la órbita provincial. Lo que busca este proyecto de ley es que esas autorizaciones de la órbita provincial tengan la suficiente contundencia administrativa para evitar que este tema se vuelva a repetir”, sintetizó.
Presupuesto 2024
Finalmente se refirió al debate del proyecto de presupuesto 2024, que tomó estado parlamentario el viernes, como presidente de la comisión de presupuesto, “Los legisladores ya hemos estado hablando de este tema. La comisión de presupuesto va a definir el cronograma de reuniones. Los legisladores que integramos la comisión le vamos a dar tratamiento en un año que es muy particular, porque es un año electoral y la situación económica es muy delicada. Se hace complicado definir lo que creemos que va a pasar el año que viene”, expuso.
“A nivel nacional se tomó la decisión de demorar el tratamiento del presupuesto nacional hasta después de las elecciones y habrá que ver qué opinan los distintos bloques de la Legislatura para poder marcar el cronograma de tratamiento del presupuesto provincial. Lo principal es que la gente pueda conocer el presupuesto y el que tenga interés pueda estar presente. Toda decisión que toma la Legislatura siempre es una decisión política, después surge si efectivamente el presupuesto tiene los acompañamientos necesarios o no los tiene. Hay que reconocer que hoy por hoy proyectar lo que va a pasar el año que viene es difícil”, concluyó.