El titular de la AREF afirmó que el aumento de impuestos y tasas no va a trasladarse a los precios, porque no afectan actividades comerciales e industriales. Una de las modificaciones principales fue el del impuesto inmobiliario rural, dado que los 700 establecimientos tributaban en su conjunto 5 millones de pesos anuales. Formalmente se suspendió la aplicación de la ley 1075 por lo que resta de este ejercicio y el siguiente, poniendo fin a la controversia entre gobierno y municipios. Bahamonde reconoció que habrá una merma de coparticipación por la reforma en Ganancias y la devolución del IVA.
Río Grande.- El titular de la AREF, Oscar Bahamonde, dio detalles por ((La 97)) Radio Fueguina de las modificaciones a la ley tributaria de la provincia, y de la actualización de tasas e impuestos, con el fin de compensar en parte la baja de la coparticipación por la reforma a la ley de Ganancias, a lo que se suma la devolución del IVA.
“Se modificaron tasas retributivas de servicios, que se cobran en cualquier ministerio o secretaría cuando se va a hacer un trámite. Sabemos que estamos viviendo en un contexto de inflación, y lo que se hizo para homogeneizar la liquidación es pasar todo a una unidad del costo del empleado, que se llama UAPES -Unidades Ajustables Por Evolución Salarial-. Se la utiliza desde hace un tiempo en algunas tasas. Dentro de la tarifaria había algunas tasas relacionadas con el combustible como unidad de medida, y había tres o cuatro métodos diferentes de liquidación. Para darle movilidad se estableció la unidad de variaciones salariales, por ser lo más representativo porque se busca cubrir una parte del costo del servicio que se presta”, explicó.
Inmobiliario rural
Particularmente se refirió al impuesto inmobiliario rural y las tasas vinculadas con la actividad. “Había tasas que habían quedado con el valor original de los ’90 y costaban 5 pesos y hasta 2 pesos; otras se habían actualizado y se cobraban en función del litro de combustible. Ahora todas van a pasar a pagar por este formato, que es el costo salarial”, dijo.
Confirmó que de 700 establecimientos rurales, se recaudaban 5 millones de pesos anuales. “Del inmobiliario rural hay dos cosas a destacar: la primera es la decisión del gobernador de volver a proponer una ley que suspende el cobro del impuesto inmobiliario de la ley 1075 en lo que hace al inmobiliario urbano, y que puedan seguir conservándolo los municipios el próximo año. Es una fuente importante de ingresos para ellos y en los distintos presupuestos cada uno ya lo tiene en cuenta. Luego en el inmobiliario rural tenemos más de 700 partidas empadronadas al momento, de las cuales el 75/80% paga 1.500 pesos de impuesto rural y el máximo que pagan es 200 mil pesos anuales por una estancia de 30 mil hectáreas. La recaudación es muy magra y son 5 millones de pesos anuales. Lo que se buscó con esto fue escuchar los reclamos del sector, porque los fondos no se destinan a gastos corrientes sino que el 50% va a Vialidad para el mantenimiento de las rutas provinciales. Del otro 50%, el 35% va a la lucha contra incendios y el 15% para distintos programas de lucha contra el perro asilvestrado. Los beneficiados van a ser los mismos sectores que soportan el tributo”, planteó.
Recordó que “se escuchan las quejas por el estado de las rutas, Vialidad está pasando por una situación muy particular, porque desde hace tres años no se traslada el componente de aumento impositivo en el impuesto a los combustibles, y eso ha hecho perder más de 3 mil millones de pesos a la provincia, de los cuales más de 2 mil corresponden al IPV y casi mil a Vialidad. Se resiente la financiación de los servicios que deben prestar estas áreas”.
Sin aumento de precios
El funcionario observó que “no se ha tocado ninguna actividad comercial o de servicios que pueda afectar a los vecinos, preservando que luego no haya un traslado a precios. Por ejemplo, hay una actividad que se presta en la provincia y los vecinos lo pagan a través de una tarifa. La empresa que brinda ese servicio monopólico en todas las demás jurisdicciones en la que está inscripta paga, porque tiene una alícuota establecida del 4 ó 5%. Nosotros, pensando en que es un servicio concesionado, cuando se vuelva a poner una alícuota se va a ver reflejado en el costo y se decidió dejarlo para otro momento, porque creemos que no era el punto de tocar alícuotas en algún servicio y tampoco en la actividad comercial. No se van a encontrar con ningún comerciante que diga que se modificó la alícuota de lo que viene tributando”, garantizó.
Fin del conflicto
También mencionó el punto final que se puso al conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario entre la provincia y los municipios, que llegó a la justicia con un fallo favorable a la provincia. Sin embargo no hará valer ese derecho. “Gracias a la voluntad política del gobernador presentamos un proyecto de ley que suspende hasta el 2024 la aplicación del impuesto inmobiliario urbano. Esto se aprobó el viernes y los municipios continuarán cobrando desde el 2024. Son recursos importantes para ellos y como estamos muy próximos a fin de año, quisimos dar un poco de tranquilidad y por eso se presentó en proyecto en la Legislatura”, señaló.
Bahamonde reconoció el impacto de la reforma de Ganancias que tendrá la provincia y que todavía no está cuantificado hasta no conocer las compensaciones del gobierno provincial. “Esto afecta la coparticipación que ingresa directamente a las arcas provinciales y no pasa por la AREF. Nosotros nos encargamos de Ingresos Brutos, de regalías y de las tasas de industria. Hay distintos proyectos dando vueltas, hoy con el IVA hay una devolución sobre las compras que está haciendo el Ministerio y está cubriendo esa diferencia, por lo cual por ahora no nos veríamos afectados. Está en discusión un proyecto de ley para el año que viene y ahí surgen las dudas de quiénes soportarían los costos, ya que varias jurisdicciones plantean que no está redactado de la misma forma que lo están implementando hoy y las provincias podrían tener que soportar el costo de esa medidas. Ganancias obviamente afecta la recaudación de la provincia. De la coparticipación federal, alrededor del 30% viene de Ganancias. Dentro de esa porción de Ganancias, el 20% son los ingresos que tiene la cuarta categoría de liquidación de salarios. Esto tiene un peso del 6% sobre la coparticipación que podría recibir la provincia, y cualquier medida que disminuya la recaudación nos va a afectar. Nuestros vecinos se encuentran exentos y no se vería un beneficio adicional, pero va a haber una disminución en la coparticipación”, advirtió.
“Es complicado porque tenemos Ingresos Brutos, Regalías y Tasas, cada uno tiene su particularidad y depende de diferentes factores. En Ingresos Brutos veníamos con un crecimiento real, esto quiere decir que la nominalidad venía por encima de la inflación desde la salida de la pandemia hasta hace dos meses atrás. Tuvimos el primer mes en recaudación propia con un crecimiento negativo. Nos pasa también con las regalías, porque por lo general la devaluación no acompañaba la inflación. La mayor parte de la recaudación de regalías se destina al pago del endeudamiento. Después tenemos la tasa de verificación que depende de la actividad y la actividad se resiente con la autorización o no del ingreso de materiales para la producción”, planteó.
“Cada uno pasa por diferentes momentos, hay etapas de crecimiento mayor, otras veces es menor, y tratamos de que esté la recaudación por encima de la inflación, pero no todos los meses se logra en su totalidad. Por eso tanto el ministro como el gobierno hacen referencia a esa situación difícil en cuanto al crecimiento real de los recursos. Más allá de que se pueda hablar de una modificación tarifaria o de un código fiscal, en este caso no representa tocar las actividades más sensibles para modificar una actividad industrial o de servicios”, concluyó.
