El abogado que presentó el pedido de destitución contra el ex juez De Gamas Soler, planteó que el beneficio otorgado por la caja de jubilaciones sería ilegítimo. Mencionó que en la ley de creación del Consejo de la Magistratura se establece claramente que durante un jury quedan suspendidos los trámites administrativos. De Gamas eventualmente podrá acogerse al beneficio jubilatorio por un derecho adquirido, pero el peso de la ley caería sobre el presidente de la caja que firmó, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Río Grande.- Esta semana se conoció la noticia de la jubilación otorgada al ex juez Javier De Gamas Soler, quien habría presentado su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio este mismo año, eludiendo así el pedido de jury de enjuiciamiento que tramitaba en el Consejo de la Magistratura. El tema tomó trascendencia nacional a través de la agencia Télam, y el diario Página 12 publicó una extensa nota en la que presenta el caso como la “escandalosa jubilación del ex secretario de la causa AMIA”.
Con 56 años, De Gamas Soler contará con un beneficio millonario costeado por las arcas de la provincia, aun cuando se encuentra procesado por encubrimiento en la causa AMIA. La renuncia del ex magistrado se presentó pocos días después de que la Cámara Federal le ratificara su procesamiento por los delitos de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”, derivados de su intervención como secretario del destituido juez Juan José Galeano, el primero que investigó el atentado.
La Cámara también confirmó que esas figuras delictivas eran de “lesa humanidad” y que por lo tanto no prescriben. La situación del Juez de Instrucción había llegado al Consejo de la Magistratura provincial y fue el abogado Jorge Pintos quien ingresó el pedido de jury para su destitución, que se torna abstracto a partir de su renuncia.
Por Radio Provincia, el Dr. Pintos dijo que después de esta noticia, “la sensación es que seguimos viviendo en una provincia cruzada por la impunidad. En lo personal, como abogado y ciudadano, hice lo que correspondía y lo que otros no se animaron, porque esto fue presentado primero institucionalmente ante el Colegio de Abogados de Ushuaia, pero nadie realizó la presentación ante el Consejo de la Magistratura. No se hizo eco ningún organismo, ni siquiera un funcionario por la obligación que tiene de hacerlo”, sostuvo, tras lo cual decidió personalmente elevar el pedido.
“Yo creo que esta resolución va a traer aparejadas otras discusiones y creo que todavía es posible revisar esta decisión. Hace muy poco fue cambiado el presidente de la caja de previsión, y esto fue después de la presentación del pedido de jury contra el juez De Gamas Soler. Ahora este nuevo funcionario –Roberto Bogarín- livianamente firmó la jubilación. La caja tenía conocimiento de que estaba en trámite el pedido de jury y la ley 525, que es la del Consejo de la Magistratura, establece que todos los trámites administrativos que se estuvieron realizando, ante un pedido de jury deben suspenderse y esperar la resolución del jury que se tramita en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, el hecho de que por la ventana le firmen un beneficio jubilatorio, daría para mínimamente plantear una violación de los deberes de funcionario público por parte de quien firmó. El juez podría en un futuro mantenerse jubilado por cuestiones de derecho adquirido, pero el que le firmó la jubilación podría quedar en peor situación que el propio juez al que favoreció”, advirtió.
“Yo creo que es factible una presentación en este sentido, porque no hay ninguna duda de que existe una ley que ordena este procedimiento, el otorgamiento de la jubilación contradice la ley y por lo tanto sería ilegítimo y nulo”, calificó el Dr. Pintos.
No obstante tuvo en cuenta que “el poder político judicial que lo avaló, sería el mismo que tendría que resolver este planteo. Desde ese punto de vista me siento un poco desilusionado, porque sigue habiendo altos índices de corrupción en las altas esferas del poder político y judicial de la provincia. Es inaudito, porque el caso del juez De Gamas inclusive está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya excedió a la provincia y al país. La Argentina como república admitió que hubo irregularidades en el accionar del ex juez en la causa AMIA, y lo admitió ante organismos internacionales. Acá el Consejo de la Magistratura, que también dista mucho de ser imparcial, simplemente pidió un informe para ver el estado de la causa y se quedaron con eso”, cuestionó.
Pruebas ignoradas
El Dr. Jorge Pintos remarcó que “hay pruebas de lo que ha hecho De Gamas, cuando cometió esos hechos no era juez y el Consejo de la Magistratura lo eligió. Ya estuvo mal elegido y en el pedido de jury actual hay un planteo objetivo que tiene que ver con una incompatibilidad que tenía como juez al anotarse en la AFIP y realizar negocios inmobiliarios por cuenta propia. Siendo juez está totalmente prohibido y es una causal objetiva de destitución. Mínimamente podrían haberlo suspendido en sus funciones con esto solo. Si él tiene la posibilidad de hacer facturas y cobrar alquileres, podría estar cobrando por favores que está haciendo en su cargo. Si justifica la plata con una factura inmobiliaria que dice que alquiló a alguien, nadie lo puede decir ni se investigó”, dijo.
“Estoy decepcionado sin ninguna duda, porque considero que la provincia sigue teniendo un alto índice de corrupción, y esto lo demuestra. Es lamentable porque nos pega a todos. La población en general no se da cuenta de lo importante que es la designación de los magistrados, porque son funcionarios que van a ser inamovibles y van a decidir sobre los derechos de todos los ciudadanos. Este juez se va con una buena cantidad de millones en el bolsillo, teniendo como una de las acusaciones el encubrimiento de 85 muertes. Me parece muy burdo y deja por debajo de las baldosas el nivel institucional de la provincia. Es una vergüenza no sólo a nivel provincial sino nacional e internacional”, enfatizó.
“Para mí hay una inacción evidente del Consejo de la Magistratura, porque pidieron simplemente un informe cuando tienen las pruebas del escrito que pide el jury, que fue acompañado por prueba documental y copia del recurso extraordinario federal que presentó De Gamas ante la Corte Suprema de Justicia. En ese recurso, él como argumento para que la Corte le tome el caso dice que por estar así debería ser destituido. Lo dice el propio De Gamas en su recurso y ese escrito lo tiene el Consejo de la Magistratura en su carpetita. Él como funcionario judicial filmaba a los imputados con una cámara que tenía en su despacho y esas filmaciones eran utilizadas después por la SIDE para perseguir o buscar a otras personas inocentes. Hizo tratos con un imputado, sin presencia de la defensa sino a solas en su despacho. Eso no deja lugar a dudas de qué tipo de funcionario o persona es. No es una persona capaz de estar en ese lugar, ni moralmente, ni éticamente. Está muy alejado de las condiciones que debe tener un juez probo”, fustigó.
El precio de la permanencia
Para el letrado, “De Gamas fue funcional a determinadas personas y poderes de turno. Él decidía a quién meter preso y a quién no, qué causa seguir y qué causa rechazar. Lo peor es que él estaba relacionado con la ex SIDE, que en su momento era la que intervenía los teléfonos. Como juez tenía la potestad de firmar una orden para investigar a tal o cual persona si le convenía al poder de turno. No hay ninguna duda de que es poderoso como para ser apoyado por determinados poderes”, dijo.
“Lo criticable es la pasividad pasmosa del Consejo de la Magistratura que tiene en determinados casos. Alguien que le grita a algún empleado es apartado de su cargo y después se va de la función, pero a un funcionario que encubrió 85 muertes, ocultó pruebas y está con procesamiento firme, lo mantienen en su cargo. Creo que esto va a repercutir más en medios nacionales que acá, pero nos deja muy mal institucionalmente como provincia, porque el funcionario que firmó la jubilación responde al Poder Ejecutivo. El presidente actual de la caja responde al Poder Ejecutivo y ese funcionario no firma porque sí, sino porque tiene alguna directiva para hacerlo y eso es lo preocupante”, alertó.
Trámite express
Respecto de la celeridad con que se manejó el trámite jubilatorio, dado que en abril fue iniciado y en seis meses se resolvió el otorgamiento del beneficio, lo consideró parte de lo mismo. “Todo es llamativo y si uno se pone a buscar los antecedentes, De Gamas debería haber estado preso, no debería haber cumplido funciones de juez. Mucha gente no sabe que todos los meses tiene que ir a Buenos Aires a firmar ante el juzgado que lo tiene procesado para cumplir con las reglas de conducta y no puede salir de país. En qué cabeza cabe que pueda ser juez, es un escándalo y debería haber sido detenido mucho antes. Desde el momento en que lo indagan y lo procesan, habría que verificar qué hizo con sus bienes, porque estaba procesado y embargado, y esconder bienes representa un entorpecimiento de la justicia. Él más que nadie conoce este tipo de cuestiones. Si ven el movimiento que ha hecho de sus bienes durante el transcurso de la causa que lo tiene procesado, ya da lugar a que estuviese detenido, pero la causa lleva casi 30 años”, lamentó.
“Si el Consejo de la Magistratura hubiera hecho el trabajo que debió hacer, hubiéramos tenido la posibilidad de ser ejemplo, pero decidieron que quedara todo a oscuras. Sería bueno que un fiscal haga las cosas como corresponde y actúe de oficio en este tema, porque el funcionario que firmó la jubilación debe ser investigado. Si el motivo por el cual se firmó la resolución es ilegítimo, esa resolución es nula”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de accionar contra Bogarín.
