Según la Acordada 218/2023, el Superior Tribunal de Justicia disolvió la Dirección de Atención Temprana, debido a que «el contexto macroeconómico imperante obliga a distribuir los recursos existentes de forma efectiva, para potenciar el servicio de justicia y la inmediatez con las personas usuarias».
Río Grande.- En el mes de julio de este año, la DIAT (Dirección de Atención Temprana) que estaba ubicada sobre la calle 9 de Julio casi Perito Moreno de Río Grande, había dejado de funcionar debido a la rescinción del contrato de alquiler, argumentando, fuentes oficiales, que el edificio no se encontraba en condiciones y que posiblemente podría colapsar.
La DIAT fue creada en el año 2016, en tanto que, de acuerdo a la información que sigue publicada en la página oficial del Poder Judicial, “su misión primordial es el fortalecimiento del Acceso a Justicia de los/as ciudadanos/as, facilitando la instalación y acción de servicios interdisciplinarios con el objeto de favorecer y vigorizar el desarrollo de políticas públicas que permitan mejorar aquella accesibilidad. En sí, optimiza los mecanismos de respuesta temprana para generar redes integrales de atención a la comunidad con el objetivo genérico de la Prevención, Promoción y Protección en y para la gestión, orientación y tratamiento de la conflictividad social como respuesta a una necesidad de la sociedad fueguina en áreas particulares tales como son: problemáticas de Género, Víctimas de Violencia, Discapacidad, Salud Mental, Niñez , Adolescencia y Familia, Educación, Salud, promoviendo la participación de todos los habitantes de la provincia para ser atendidos por equipos interdisciplinarios conformado por profesionales en abogacía y psicología, actuando en función de los siguientes objetivos:
En miras de esto, la D.I.A.T. despliega sus equipos de trabajo interdisciplinario, en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con el fin de atender y brindar de un modo eficaz y ágil la información a todas las personas e instituciones que la requieran, como asimismo la evaluación, orientación, derivación responsable y su acompañamiento hacia distintos organismos a los que, en su caso, fueran derivados. La atención es abierta, diaria, de modo gratuito y por demanda espontánea”.
Ahora, el colapso se registró y arrasó con la estructura que sostenía este espacio que buscaba tener cercanía con la comunidad, llegó a través de la Acordada 218/2023, mediante la cual, los 5 integrantes del Superior Tribunal de Justicia, los jueces Ernesto Löffler, Gonzalo Sagastume, Edith Cristiano y María del Carmen Battaini, dejan sin efecto la creación de la Dirección de Atención Temprana que fue creada mediante la Acordada 30/2016.
El mismo dictamen indica que: “todo el personal dependiente de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana sea trasladado a partir del 1 de noviembre de 2023 a la Unidad de Apoyo dependiente de la Secretaría de Superintendencia y Administración”.
Asimismo, se encomendó al Secretario de Superintendencia y Administración Dr. Alejandro Sherriff, que elabore y presente a este Superior Tribunal de Justicia un plan de afectación de toda la planta de ambos distritos judiciales a unidades del fuero penal, de ejecución, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Dirección Pericial y atención al ciudadano. Este plan deberá presentarse para aprobación de este Cuerpo antes del 30 de octubre de 2023.
La opinión de la Dra. Battaini
Por su parte, la jueza María del Carmen Battaini, impulsora de este espacio de acercamiento con la comunidad, dejó plasmado en la acordada: “Que, sin perjuicio de lo aquí propuesto, corresponde destacar lo siguiente: En el marco del Programa de Acceso a Justicia, este Tribunal dispuso por Acordada STJ 30/2016 la creación de la Dirección de Atención Temprana, reconociendo de esa forma la importancia de generar un espacio que contemple desde la primera oportunidad la acción de los servicios interdisciplinarios hacia la comunidad, con el propósito de favorecer y fortalecer el desarrollo de políticas públicas que atiendan la accesibilidad y permitan aumentar los mecanismos de respuesta para generar y establecer redes integrales.
Desde entonces, el área se ha desempeñado acorde a las tareas encomendadas, encarando gran cantidad de proyectos y profundizando siempre el trabajo en red, teniendo como norte que el desafío de brindar al ciudadano acceso a justicia exige el esfuerzo y el trabajo coordinado de jueces y funcionarios a fin de lograr eficiencia y eficacia a la altura de los requerimientos sociales. Ello dentro del paradigma organizacional nacional e internacional que busca encontrar respuestas judiciales y extrajudiciales a las situaciones de los derechos de las personas, comunidades y grupos en vulnerabilidad social, que hicieron impostergable la implementación de nuevas políticas de acceso a justicia e impusieron repensar y trabajar para formular e instalar diseños que ocupen una manera de desarrollar y brindar herramientas y estructuras adecuadas para que el acceso a la justicia y a justicia se extienda y alcance a toda la ciudadanía. Que los informes generados desde el área dan cuenta de las experiencias de los últimos años e implican entender cabalmente la necesidad de una atención integral oportuna y anticipada a la disputa adversarial.
Por ello, se ha pretendido constantemente desde 2006 elevar las exigencias y revisar las prácticas en busca de generar nuevas posibilidades de gestión en circunstancias complejas de vulnerabilidad social y en los conflictos de la comunidad, para así honrar la especial atención que demanda el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones fuertes”.
De la misma manera, se procuró cumplimentar con las directivas aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”.
Los resultados obtenidos durante el período transcurrido permiten reafirmar que, sin perjuicio de las reestructuraciones que se puedan estipular pertinentes en un momento determinado, las respuestas oportunas, adecuadas y coordinadas en lo que pudiera presentar la conflictividad y las violencias sociales exige servicios y equipos necesariamente especializados y preparados para responder de manera consistente y optimizando recursos no sólo en lo material sino también en cuanto a especialidad, roles y recursos humanos.
Ello así por cuanto, como se dijo, es parte de la visión de este Superior Tribunal y sin lugar a dudas, objeto de nuestro propósito principal, atender a la ciudadanía en su totalidad y en particular, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia y abusos de género con respuesta judiciales adecuadas y acordes con los derechos humanos constitucionales, con la responsabilidad que les exige el Estado Provincial y Nacional y los compromisos internacionales como CEDAW y Belén do Pará, entre otros”.
