El Ministro de Finanzas Públicas explicó las razones de la reforma tarifaria y aseguró que por algunas tasas se pagaban montos irrisorios. Respecto de la emisión de letras, dijo que se trata de disminuir el stock que va quedando. También se refirió a la detracción previa de coparticipación que cuestionan los municipios y se enfocó en el subsidio de gas que brinda la provincia y se presta “en los tres municipios”. Sobre las paritarias, se liquidarían los bonos rechazados por los gremios por decreto, y los fondos corresponden a una ayuda solicitada al Gobierno nacional.
Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, dio declaraciones a Radio Provincia sobre varios temas. En principio hizo referencia a las modificaciones de la ley tarifaria, que contempla el aumento de tasas que cobra el gobierno.
“En agosto ya estábamos trabajando en una actualización de las tasas que cobran distintos ministerios y secretarías, porque muchas estaban desactualizadas e inclusive algunas estaban congeladas en pesos desde 1994. Lo que buscamos es dotar de algún recurso a las áreas que prestan servicios, porque la inflación va generando que uno tenga que hacer recomposiciones salariales y los precios sigan subiendo. Las tasas habían quedado muy fuera de contexto y con valores irrisorios. Buscamos una correlación con el servicio que se presta y que puedan contar con ese recurso para seguir prestando el servicio”, señaló.
Respecto del código fiscal, dijo que “lo que se modificó básicamente fue el sistema bancario. Habíamos detectado en los últimos meses que la base imponible no era positiva, por lo cual no pagaban Ingresos Brutos, y esto tiene que ver con la redacción que tenía el código fiscal. Daba la posibilidad de que no declararan las ganancias en esta jurisdicción sino solamente las pérdidas. Nosotros habíamos hecho el relevamiento y en muchas provincias se había corregido a través de una redacción más acorde en el código fiscal. Por eso procedimos a hacer esta modificación que también afecta al sector de hidrocarburos y la industria, porque también hay base imponible declarada por algunas industrias y petroleras que tienen que ver con la actividad financiera”, explicó.
Además aludió a la actualización en la base imponible del impuesto inmobiliario rural, porque “no se había hecho la actualización y en los distintos consensos fiscales firmados entre las provincias y la nación había una cláusula donde la nación se comprometía a que haya un área específica que haga el trabajo de homogeneizar el valor de las tierras en todo el país. En estos últimos años no se pudo avanzar y nosotros vimos la necesidad de hacerlo por nuestra cuenta. En total lo que venía recaudando la provincia en impuesto inmobiliario rural no llegaba a superar los 5 millones de pesos anuales. Hay muchas estancias, clubes de campo, countries y demás, y la base imponible estaba muy desactualizada y no se ajustaba desde los años ’90. Ahora se va a cobrar algo que tiene más relación con los números que manejamos hoy”, sostuvo.
En cuanto a la metodología aplicada para estas modificaciones, indicó que “se trató de asimilar el costo con lo que cobra un privado. Por ejemplo, lo que cobra una escribanía por una certificación de firma y los trámites de certificado de documento o domicilio que cobra la Policía. No es que vamos a cobrar lo mismo que la escribanía, porque vamos a cobrar un poco menos de la mitad. En otros sectores, como la parte agropecuaria, se modificó lo que se cobraba por cada animal que recibía algún tipo de certificación. Si uno lo contrapone con el valor del kilo de carne, eran valores demasiado ínfimos”, manifestó.
“Todo lo dejamos expresado en una unidad UAPES, que es una unidad de ajuste por evolución salarial, porque el costo que tiene el Estado por estos servicios es justamente para pagar el salario de los trabajadores que cumplen con esas tareas”, apuntó.
Con todas estas medidas “estimamos que la recaudación puede aumentar más de un 10%, cuando cierre este mes vamos a ver el impacto real sobre el mes anterior. Ya fue promulgada la ley, por lo cual ya está vigente desde el primer día hábil de octubre. Cuando cerremos este mes vamos a poder ver la recaudación real”, dijo.
Colocación de letras
Por otra parte dio cuenta de los alcances de la colocación de letras por 1.400 millones, 870 millones a 27 días y 530 millones a 57 días. “En lo que va del año nosotros hemos colocado 15.522 millones y hemos cancelado 8.750, con lo cual el volumen que hay en circulación todavía, incluyendo estos 1.400 millones, es de alrededor de 6.700 millones de pesos. El año pasado el programa era de 7.000 millones y pasamos la mitad para este año. Lo que venimos haciendo es tratar de disminuir el stock que va quedando y, si tenemos la necesidad de rolearlo o pasar para el año siguiente, bajar la proporción. Todavía no tenemos un número cerrado, pero tenemos la herramienta legal aprobada en el presupuesto para hacerlo. Esto va a depender mucho de la evolución en estos tres meses. Tenemos 14 mil millones aprobados y no hemos llegado al monto máximo. Dentro de los 14.000 incluimos el préstamo que hemos obtenido durante el mes de julio del gobierno nacional de casi 4.000 millones y eso lo refinanciamos para el año que viene. Se va a cancelar en 2024 entre enero y diciembre”, informó.
“En el mercado hubo ofertas por casi 2.000 millones, pero nosotros necesitábamos tomar 1.400. Nosotros tenemos contacto con otras provincias que también tienen programa de letras y han salido a buscar 2.000 millones pero hubo ofertas por 1.000. El mercado es muy volátil y tiene que ver también el contexto nacional en un año electoral. Uno no puede prever pasar todo el saldo al año que viene porque no sabemos qué va a pasar después del 22 de octubre. El mercado va reaccionando mucho a los vaivenes políticos también”, planteó.
Quita a los municipios
Un tema que desató polémica en los municipios fue la detracción previa de montos que eran coparticipables. Según el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Río Grande, la quita sería de 3.000 millones de pesos para esta ciudad, y lo consideró un recorte unilateral que desfinancia a los municipios. “A lo que hace referencia el Secretario de Finanzas es a algo que ya venimos planteando en los dos últimos presupuestos. Todo lo que tiene que ver con el subsidio de gas, es un servicio que brinda la provincia y en vez de ser retraído de los recursos de la provincia en forma posterior a coparticipar, planteamos que sea previo a coparticipar. Es un servicio que se presta en los tres municipios y no lo presta solamente para beneficiarios provinciales. La asistencia que se le da a las personas que no tienen acceso a la red de gas tiene mucho que ver con el precio del dólar y el GLP. Nosotros recibimos una parte de asistencia de la Nación y veníamos planteando que es un costo elevado para el presupuesto de la provincia, si uno lo hace después de coparticipar a los municipios. Lo hemos venido planteando en los últimos presupuestos, no hemos tenido los consensos en la Legislatura, pero lo volvemos a presentar. Yo entiendo que si el Secretario de Finanzas estuviera en mi lugar haría exactamente lo mismo”, barajó.
Impuesto inmobiliario
Aun con un fallo favorable a la provincia por parte de la justicia, se decidió prorrogar la suspensión de la ley 1071 sobre el impuesto inmobiliario. “No es que está consumado pero tampoco hemos podido avanzar por esta coyuntura que venimos atravesando tanto la provincia como los municipios. Tuvimos que presentar el presupuesto y no contemplaba el impuesto inmobiliario como recurso. Por su parte los municipios lo seguían considerando como recurso, por eso entendimos que en esta coyuntura tan compleja era necesario prorrogar la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2024. Tenemos todo el año que viene para seguir discutiéndolo y buscar la alternativa de la aplicación con el menor riesgo posible”, indicó.
Paritarias y rechazo
El ministro también dio detalles de la oferta a los gremios, hasta ahora rechazada, vinculada con el pago de un bono no remunerativo. “Se ofrecieron 66.000 pesos, pagaderos 30.000 en octubre y 36.000 en noviembre, pero fue rechazada la propuesta por parte de los gremios estatales. Hay mucha crítica hacia el bono también de los jubilados. Esto tiene que ver con que durante el primer cuatrimestre se dieron aumentos salariales a todos los sectores de alrededor del 40%, pero los recursos de la provincia no subieron ese 40%. Los primeros meses hubo recursos por debajo de lo que estaba presupuestado. A la larga quedamos empatados, pero con un incremento del 40% en el gasto salarial de la provincia. El esfuerzo se hizo, volvimos a sentarnos en julio, concretamos aumentos al básico del 8.5% para julio y del 7.5% para agosto, para seguir sosteniendo el salario por arriba de la inflación. Se dio un bono como paliativo, porque el contexto así lo habilitaba, y a los jubilados les llegó menos porque es el 85% móvil –explicó-. La coyuntura no ha mejorado sino todo lo contrario. Los recursos no acompañan la inflación y no tenemos otra alternativa que tratar de dar un paliativo que llegue al bolsillo de los trabajadores que menos ganan. La primera propuesta que se hizo incluía la percepción de un bono en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre y otro en enero, por 24 mil, 32 mil, 40 mil y 48 mil respectivamente, con un tope de ingresos de hasta 600 mil pesos. La charla con los sectores sindicales la encaró el propio gobernador y se planteó el compromiso de sentarnos la segunda quincena de noviembre para ver de qué forma seguir trabajando para diciembre y enero”.
“El pedido formal de los sectores sindicales es que los aumentos vayan al básico y entendemos que va a ser complejo llegar a firmar un acuerdo, pero la decisión política de dar este aumento como suma fija está tomada. Seguramente el aumento será otorgado por decreto. No es una imposición, sino que no queremos dejar pasar el tiempo porque queremos que este bono se haga efectivo en octubre”, subrayó.
El bono se sostendría con fondos nacionales. “Nosotros estamos buscando financiamiento del gobierno nacional para pagar el bono. Para nosotros ya es un esfuerzo grande seguir cumpliendo en tiempo y forma con los salarios. Lamentablemente no tenemos posibilidad de seguir engrosando la masa salarial total del Estado, porque no tenemos el recurso. Las proyecciones que estamos manejando hoy, con una inflación que cerraría en el 130%, es que hay un 30% que está faltando porque el crecimiento de los recursos respecto del año pasado es del 100%. Es una situación financiera compleja y hay que hacer frente a obligaciones del Estado provincial que no son sólo salarios. Tenemos que cumplir con los proveedores y existe una deuda que genera complicaciones para el sector comercial que le vende a la provincia, y también para el propio Estado provincial, porque no es lo mismo pagar en tiempo y forma que pagar con demora, porque encarece los servicios. Es una situación compleja no sólo del punto de vista salarial sino financiero. Siempre esto va a ser a cuenta de una futura paritaria porque no pensamos seguir dando sumas fijas. En esta suma fija también está contemplado el sector pasivo de la provincia, con el 82% móvil que corresponde”, agregó.
Consideró “completamente entendible el reclamo que están haciendo los gremios pero es muy difícil ofrecer algo que uno no tiene. Seguimos haciendo lo posible y hemos abonado los salarios en su totalidad. Es algo loable en la provincia que todavía pueda seguir cumpliendo con los salarios en tiempo y forma”, concluyó.
