El martillero público Sergio Arroqui sentó postura en contra de la ley de alquileres que empieza a regir hoy en todo el país, también contra la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Ushuaia y el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo a la Legislatura. Cuestionó que se tomen decisiones político-partidarias, en lugar de analizar las estadísticas. Informó que la cantidad de propiedades en alquiler temporario representan “menos del 6%” del total de viviendas en la capital fueguina, y la demanda es mucho más alta. Según su opinión el problema no son los temporarios sino la caída de poder adquisitivo del salario. Habría un planteo de inconstitucionalidad contra la ordenanza y la futura ley provincial, en caso de aprobarse. Para Arroqui esta normativa empuja más hacia la ilegalidad.
Río Grande.- A partir de hoy comienza a regir la nueva ley de alquileres que se aprobó el Diputados, con las reformas introducidas por el Frente de Todos en el Senado. Por Radio Provincia sentó postura en contra el martillero Sergio Arroqui, en nombre del Colegio de Martilleros y Corredores de la capital fueguina, y aseguró que empuja más a la ilegalidad. El profesional se definió como “sorprendido” por la ley que se aprobó y afirmó que “no es beneficiosa”. Mencionó una serie de gráficas “que muestran análisis realizados respecto de la rentabilidad que se estaba teniendo por un problema netamente inflacionario y nos estaba llevando a que baje cada vez más. Al no haber rentabilidad, obviamente no hay inversión”, dijo.
“La esperanza era que esto cambiaria y sucedió lo contrario. Hubo una jugada política en lugar de haber hecho una jugada lógica. Cuando gana la política, lamentablemente pierde la población. Han llegado a una ley donde la actualización, a pesar de ser semestral, está por debajo de lo que actualizaba el ICL –índice para contratos de locación-, y el ICL ya era malo porque penalizaba mucho la rentabilidad y hacía que no hubiese propiedades disponibles en el mercado. Ahora el índice que se va a utilizar es el de Casa Propia y está muy por debajo del ICL, que ya estaba por debajo de la inflación”, planteó.
“Si no hay beneficios para el oferente, no va a haber beneficios para el demandante y eso es muy sencillo. Si no es rentable, nadie va a poner una propiedad en el mercado, porque no le van a dar los números ni siquiera para salir hecho, y nadie quiere ir a pérdida”, advirtió.
Dio cuenta del “enojo en los propietarios, porque están golpeando al que genera las viviendas y el propietario es el que le da vivienda al inquilino. Si no se generan viviendas, el inquilino no va a tener dónde alquilar. Desde Inquilinos Asociados dijeron que los propietarios se iban a tener que dedicar a otra actividad y no al alquiler, pero si los propietarios no se dedican al alquiler tendrían que decir dónde van a ir a vivir. Es una utopía pensar que va a haber propiedades disponibles si le ponen el pie encima al propietario. Nosotros tratamos de defender a ambas partes, pero acá los mismos inquilinos están ofreciendo ir por fuera de la ley, porque a esto empuja esta ley con tal de conseguir alguna propiedad”, sentenció.
“Nosotros estamos obligados a cumplir con lo que manda la ley y esto nos llevaría a que los mismos propietarios nos digan que no les conviene y que decidan hacerlo solos. Eso es un verdadero problema, porque en esa irregularidad puede existir cualquier tipo de abuso”, sostuvo.
“Este fin de semana largo hablé con personas a las que administro, y uno de ellos comentó que estaba invirtiendo en departamentos para alquiler temporario, pero ahora lo salen a golpear con una ordenanza municipal y con un proyecto de ley provincial, para que no tenga rentabilidad ni posibilidad de alquiler temporario, y planteó que lo están obligando a que vaya a la actividad permanente pero acaban de aprobar una ley donde ni siquiera va a tener rentabilidad en el alquiler permanente. Lo que ocurre es que no invierten más por ese lado y se dedican a otra actividad. Está claro que el mercado inmobiliario está pisado por la política”, consideró.
Explicó que no hay rentabilidad porque “la actualización está por debajo de la mitad del valor de la inflación. Con la inflación actual se licúa absolutamente todo. Suponiendo que durante tres años hubiera estabilidad en la variable macroeconómica, lo que no va a suceder, el índice Casa Propia está por debajo del ICL, que ya estaba debajo de la inflación. Tampoco le va a ser beneficioso para el inquilino, porque no va a tener vivienda. Yo veo difícil que al propietario le interese alquilar con este tipo de ley. Esto lo que está haciendo es empujar cada vez más el mercado hacia los alquileres temporarios”, aseguró.
El problema de fondo
El martillero expuso como problema de fondo la caída del poder adquisitivo del salario, no los alquileres temporarios, que van a seguir creciendo y de manera informal. “Los hoteles en temporada baja están con el 85% de ocupación y no hay nuevas inversiones en hoteles en Ushuaia. Obviamente el turista en algún lado se va a alojar. Esto aumenta la demanda de alquileres temporarios. No están entendiendo nada”, dijo.
“La ordenanza prohíbe la habilitación de nuevas propiedades destinadas a alquiler temporario por cuatro años, y se podría plantear una inconstitucionalidad. Ya nos están llamando desde un estudio jurídico que tiene posibilidades de hacer algún tipo de planteo. Vamos a conversar sobre el tema porque quieren tener el aval de varios actores, y el colegio profesional podría ser uno de ellos. Se analiza la posible inconstitucionalidad no solamente de la ordenanza sino del proyecto de ley provincial si se llega a aprobar, porque es mucho peor que la ordenanza. Esto es violatorio de la propiedad privada y debería derogarse la ordenanza lo antes posible. Es un error garrafal prohibir algo así. El mayor de los errores es tomar decisiones sin contar con la información necesaria”, cuestionó.
Agregó que el indicador de la demanda de vivienda lo da la cantidad de personas que habitan una propiedad, debido a que si no consiguen o no pueden pagar el alquiler, terminan compartiendo una misma vivienda, por lo cual “se deberían tomar decisiones en función de la información estadística. Río Grande tenía una estadística de 2,82 personas por vivienda en 2010 y en 2022 pasó a 2,89 personas. Ushuaia tenía 2,74 en 2010 y en este momento tiene 2,72. Esto significa que Ushuaia mejoró en su indicador, y Río Grande empeoró, es decir que Río Grande tiene un problema más complejo que Ushuaia. La provincia en este momento tiene un promedio de 2,84 personas por vivienda, entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Si eso lo comparamos con el resto del país, hay provincias con un índice superior a 3 personas y no veo que nadie declare la emergencia habitacional”, expuso.
“El error es no analizar cuáles son los verdaderos problemas de fondo. Se toman decisiones por lo que nos parece, pero hay que tomar la información en serio y hacer estudios verdaderos en profundidad para ver cuáles son las causales de los problemas que estamos teniendo. El problema podría ser que en realidad hay caída del poder adquisitivo y no un problema habitacional. La gente no califica para comprar una vivienda y ni siquiera estaría calificando para alquilar”, señaló.
“En los últimos cuatro años en Tierra del Fuego se perdió casi un 65% del poder adquisitivo del salario, dependiendo de dónde sean los salarios. Si es administración pública es casi un 70%; si son entidades bancarias fue alrededor del 50%. Para equiparar un salario de diciembre de 2019 a la fecha, se lo tendría que multiplicar por 15 para mantener el poder adquisitivo. La brecha se produce porque se escapan los precios y la gente no alcanza a pagar. Esta es la realidad y lo que marcan las estadísticas”, enfatizó.
Lo cierto es que la norma que entra hoy en vigencia “va a empujar a la irregularidad y al no respeto de la ley. El propietario no va a tener la vivienda ociosa y se potencia la ilegalidad y el alquiler temporario. El porcentaje de alquileres declarados en la AFIP ronda el 7%. Si los propietarios no le tienen miedo a la AFIP, no le van a tener miedo al INFUETUR. Cuanto más se mete el Estado, más huyen los oferentes y más lejos van a estar de declarar nada. El mercado va a ser más en negro. Nosotros fuimos a explicarle esto al gobernador, pero a veces priman la política y los compromisos. No dudo de la buena intención, lo que dudo es que la medida sea la correcta. Cuanto más se prohíbe algo, más sube el precio. Si no permiten la habilitación de alquiler temporario, lo van a alquilar igual y la propiedad privada es un derecho constitucional”, remarcó.
“En Ushuaia hay más de 30 mil viviendas y a lo sumo hay 2 mil viviendas de alquiler temporario entre las declaradas y las que no lo están. Representan menos del 6% de las viviendas y la demanda que tenemos es muy superior. Por eso hay que hacer un análisis más profundo e ir a las estadísticas. No se pueden tomar decisiones basadas en política partidaria”, concluyó.
