El viernes la asociación que nuclea a los colegios de gestión privada presentó un recurso de amparo con el fin de que “la justicia ordene” al gobierno fueguino a pagar el bono a los docentes del sector. Afirman que se está incumpliendo con la ley de educación privada y rechazan la “desigualdad y discriminación” de la que son objeto. Plantean además el perjuicio a la comunidad educativa, ante los paros docentes decretados por el sindicato que los nuclea, en reclamo del pago del bono para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Río Grande.- El presidente de la Asociación Civil de Instituciones Privadas de gestión Estatal, Carlos Cabral, explicó los alcances del reclamo que se viene realizado al gobierno, a fin de que envíe los recursos necesarios para el pago del bono a los docentes.
El reclamo inicia con el dictado del decreto Nº 2617/23, que establece el pago de una suma no remunerativa para los meses de octubre, noviembre y diciembre, y al momento de la liquidación no fueron incluidos los docentes de colegios privados.
Cabral estimó que se ven afectados unos 11 mil alumnos, 2 mil docentes y unos 300 no docentes entre todas las instituciones privadas de la provincia. “Esto representa más del 20% de la matrícula provincial en todos los niveles de la provincia”, subrayó.
“El viernes presentamos un recurso de amparo en los tribunales de Río Grande, patrocinados por el Dr. Mandolini, para que sea en ese ámbito en el que se ordene al Ejecutivo provincial dar cumplimiento a la ley 749, que fija claramente que debe haber una igualdad en las variaciones salariales o los ajustes que se hagan. En este caso no fue así y por lo tanto genera un perjuicio hacia las instituciones públicas de gestión privada”, dijo a Radio La Red 93.9 y Provincia 23.
“El reclamo puntual que se está realizando desde la asociación es que se le ordene al Ejecutivo provincial que cumpla con la ley, porque debe garantizarse la igualdad en las retribuciones que reciben los establecimientos tanto de gestión estatal como de gestión pública. Deben enviar los fondos correspondientes al aporte financiero estatal el mismo día que hacen el pago a los docentes de gestión pública. En ese caso el pago se hizo el 23 de octubre y a las instituciones privadas no se le enviaron los fondos, porque dicen que no fueron tenidas en cuenta para la aplicación de este decreto. Esto es un claro incumplimiento de lo que dice la ley 749 y hay una desigualdad y una discriminación que afecta a las instituciones”, sentenció.
Consultado sobre el contacto que han mantenido con el gobierno, indicó que “desde el Ministerio de Educación hicimos las consultas y solicitamos que se envíe el instrumento legal y que se inicie el trámite de pago del aporte estatal y nos dijeron que estaban a la espera del Ministerio de Economía, que da las órdenes al respecto. Luego desde el Ministerio de Economía se transmitió que en esta bonificación no había sido tenido en cuenta el sector de docentes privados. Esto fue la semana pasada y estaban viendo si disponían de fondos suficientes como para hacerlo extensivo a los docentes de educación privada. Es clara la forma arbitraria con que están incumpliendo lo que dice la ley”, cuestionó.
“Este es un incumplimiento actual, porque este decreto rige desde el lunes de la semana pasada, pero siempre está latente el incumplimiento de la ley, porque nunca respetan la ley al momento en que se acuerdan variaciones salariales. Desde la asociación tenemos que hacer reclamos cuando no tendría que ser así. Hay otros conceptos que son fondos nacionales y están asignados de manera específica al pago del FONID y Conectividad Nacional. Es un tema recurrente el reclamo de la asociación porque hay largos meses de demora en el pago. Actualmente llevan como mínimo tres meses de demora, cuando la provincia ha recibido en tiempo y forma los fondos del Ministerio de Educación de la nación”, aseguró.
Poco más de cien millones
En cuanto al monto a liquidar de parte del Estado, dijo que “en la asociación estimamos que el desembolso para los tres meses es de cien o ciento diez millones de pesos. El ministro dijo que no habían tenido en cuenta esta asignación, que luego habían pedido al Ministerio de Educación cuál era la estimación de la aplicación y que estaban evaluando hacerlo extensivo según la disponibilidad de recursos que tuvieran. Después no hubo ningún tipo de comunicación, aunque hemos insistido en pedir alguna novedad. En la firma del decreto que otorga el bono no tendría que haber sido excluido el sector, por eso se decidió iniciar la acción judicial de amparo que se presentó el viernes”, explicó.
Ante los reclamos por parte del sindicato docente para que los colegios paguen el bono, señaló que “la comunidad educativa comienza a verse afectada por los paros que ha anunciado el sindicato. El Ejecutivo incumple con la ley y luego son las instituciones las que se ven afectadas, cuando no son las que incumplieron”, lamentó.
Asimismo, se le preguntó si se verá afectado el valor de la cuota en caso de que los colegios privados tengan que pagar el bono sin aporte estatal. “El valor de la cuota que perciben las instituciones está estrechamente relacionado con el porcentaje de aporte financiero estatal. Ese aporte no cubre toda la masa salarial de la institución sino un porcentaje de los cargos docentes. De esto depende el monto de las cuotas y está regulado por el Estado. Las instituciones no pueden libremente modificar los valores. Las negociaciones paritarias son las que mayor incidencia tienen en el valor de las cuotas y el Ministerio de Educación es el que emite la resolución con el valor que tiene como máximo para cobrar cada institución. Algunas instituciones reciben el 60, el 70 y hasta el 90% de aporte y esto va ligado a la cuota. Todas las instituciones reciben un aporte estatal y las confesionales, que son las más antiguas, tienen el 100% de aporte financiero estatal”, detalló.
Consultado sobre el valor de la cuota promedio, dijo que “desde el mes de octubre van desde los 40 mil pesos hacia arriba. No se puede hablar de un promedio, porque el valor está ligado al porcentaje del aporte. Una institución que tiene el 80 ó 90% de aporte, obviamente va a tener una cuota más baja. Hay instituciones que cobran más de 70 mil por mes, sobre todo las bilingües. Con relación al resto del país están dentro de los valores más bajos. Las instituciones llegan de manera muy ajustada a pagar los salarios y a veces tienen que endeudarse para llevar adelante cuestiones básicas para asegurar el servicio educativo. Tampoco tienen muchas posibilidades de financiamiento y no califican para líneas de crédito”, observó.
Migración de alumnos
Por último se le preguntó sobre la migración de alumnos a colegios públicos, por la situación económica. “Las familias hacen un gran esfuerzo para poder sostener el valor de la cuota. Hay alumnos que han pasado a escuelas públicas, a veces es un poco más, otras un poco menos, y es parte de lo que sucede. Hoy no se está viendo un efecto muy pronunciado y esperamos que este incumplimiento de la ley no genere un efecto negativo para las instituciones. Por eso hemos recurrido a la justicia, para que ponga las cosas en su lugar”, concluyó.
