El presidente de la asociación civil que nuclea a las instituciones educativas de gestión privada aseguró que prontamente se expedirá la justicia, teniendo en cuenta que se presentó un recurso de amparo. Se debe a la omisión de pago del bono, que ya cumple su segundo mes, a los docentes privados. También hay una deuda de tres meses correspondiente al FONID.
Río Grande.- Carlos Cabral, presidente de la asociación civil de instituciones privadas de la provincia, fue consultado por Radio La Red 93.9 y Provincia 23 sobre las acciones judiciales iniciadas hace dos semanas, en reclamo del pago del bono que se liquida a los docentes estatales. “La acción judicial fue iniciada, fue notificado el Poder Ejecutivo, ellos contestaron el traslado y se supone que estamos próximos a que el juez dicte una sentencia”, dijo.
“Lo que se presentó fue un recurso de amparo por la omisión de pago del bono que recibieron los docentes del sector público. Desde la asociación se tomó la decisión de plantear una acción judicial, denunciando el incumplimiento de la ley 749, que establece claramente que deben percibir los mismos conceptos. Las instituciones que están dentro de la asociación deberían recibir el aporte estatal conforme lo dice la ley, para poder liquidar el bono a los docentes privados. El miércoles los docentes estatales estarían recibiendo el segundo mes”, indicó.
“Entendemos que por el tipo de acción judicial los plazos son más cortos y en los próximos días se supone que el juez interviniente dictará una resolución”, confió, y precisó que el escrito ingresó en el juzgado civil y comercial N°1 de la ciudad de Río Grande.
Respecto del universo afectado, dijo que “en los colegios públicos de gestión privada tenemos alrededor de 11 mil alumnos en toda la provincia, y prestan servicio alrededor de 2 mil docentes y 300 no docentes. Esto representa un 22% de la matrícula total provincial. Es una porción importante del servicio educativo”, subrayó.
“El gobierno ha incumplido con una ley. Nosotros estamos solicitando que se cumpla con lo establecido en la ley 749, que fue sancionada en 2007 y aportó claridad y un marco normativo a la discrecionalidad con que se manejaban los Ejecutivos. El sistema educativo lo conforman tanto la gestión estatal como la privada, por lo tanto es llamativo que el gobierno no haya tenido en cuenta la ley y la incumpla de esta forma. Sabe claramente que afecta al sector”, enfatizó.
“El gobernador es una persona que conoce el sector educativo de gestión privada, porque ha estado a cargo de una institución salesiana en Río Grande y sabe lo que significa el aporte financiero estatal y que estas desigualdades afectan directamente”, apuntó Cabral.
Con respecto al FONID, que envía el Estado nacional, dijo que “eso también es algo reiterativo. Estamos siempre con lo mismo porque no están al día. Son fondos específicos que la provincia recibe en tiempo y forma de la nación, pero tarda en hacerlos efectivos al sector privado. Ahora ha ido achicando un poco la demora pero lleva tres meses. El monto del FONID varía porque tiene que ver con la cantidad de horas y cargos que tiene el docente, pero es parte que integra las asignaciones que reciben los docentes. Las instituciones educativas quedan en medio teniendo que dar respuesta, porque los docentes quieren cobrar. Las instituciones no son las que deciden ni intervienen en forma directa, pero luego deben dar respuesta porque son las que gestionan el proyecto educativo”, planteó.
Asimismo agradeció la colaboración que están brindando sus docentes. “La disconformidad y el descontento lo manifiestan los docentes, si bien debo resaltar que tienen paciencia y como institución les agradecemos el grado de colaboración que tienen, porque ayudan a llevar adelante las actividades de educación. No sabemos hasta cuándo eso se puede sostener si no tenemos respuesta, que depende de una acción de gobierno”, expresó.
“Hace unos diez días el gobernador dijo que la semana pasada esto iba a estar resuelto y que los docentes de gestión privada iban a recibir como corresponde el pago del bono, pero no ha sido así y no hubo ningún tipo de comunicación”, cuestionó.
“Desde la asociación estamos solicitando respuesta, pero hay muy poca del otro lado. Los tiempos apremian y los derechos hay que hacerlos valer, por eso se decidió la acción judicial”, manifestó.
Cabe señalar que la asociación representa “a 13 instituciones que son titulares. A su vez esas instituciones tienen unidades educativas. Si un titular tiene nivel inicial, primario y secundario, significa que tiene tres unidades educativas. Son 18 titulares en total, de las cuales 13 son asociados. Hay cuatro que son confesionales y no están dentro de la asociación. Más allá de que pertenezcan o no a la asociación, están afectadas de la misma manera”, concluyó.
