La diputada nacional Carolina Yutrovic y su par electa Andrea Freites se reunieron para analizar los primeros anuncios realizados por el presidente electo, Javier Milei, tras el balotaje del domingo pasado en relación al régimen industrial fueguino y la obra pública.
Ushuaia.- Freites recordó que durante los cuatro años de la Presidencia de Mauricio Macri, socio político de Milei, “un total de 10.400 fueguinos se quedaron sin empleo en el sector privado” lo cual hizo que Tierra del Fuego “fuera la provincia más castigada del país alcanzando un nivel de desempleo del 13% en 2019”, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En esa línea, observó que “los principales motivos de esta caída fueron la apertura de las importaciones para productos electrónicos que planteó el ex presidente Macri y la caída del consumo que se dio en todo el país”.
Luego remarcó que el Gobierno del actual presidente Alberto Fernández “debió sobrellevar la pandemia y una de las peores sequías de la historia, del mismo modo cometió una serie de errores que impactaron de manera muy negativa en la economía y por ende en vida de los argentinos”.
Aún así, “por medidas como la prórroga de la Ley 19.640 y otras para proteger a la industria nacional como la prórroga de impuestos internos, Tierra del fuego cerró el segundo semestre de 2023 con la tasa más baja de desempleo de su historia con un 3,4%”, amplió.
“Ahora nos encontramos con un presidente electo que propone, entre otras medidas, la eliminación de los aranceles de importación y la libre competencia”, apuntó Freites, las cuales “son políticas que ya se implementaron en nuestro país con un resultado catastrófico para la industria y el empleo nacional y que a su vez, recordemos la última experiencia en el gobierno de Macri, no se tradujeron en una reducción del costo de los bienes electrónicos o aumento de competitividad de otras industrias”.
Por su parte, Yutrovic observó que “como si esto no fuera suficiente Milei propone eliminar la obra pública y que la realicen ‘los privados’”.
Al respecto, planteó que “este razonamiento podría aplicarse y funcionar en un país con gran estabilidad y en proyectos donde se pudiera concesionar y cobrar tarifa en el tiempo, como es el caso de una autopista en el conurbano bonaerense, una ruta a Vaca Muerta o algún caso similar”.
Pero si se considera que el Presupuesto nacional de este año destina 923 mil millones de pesos a obra pública “y en una porción importante esos fondos están destinados a infraestructura de agua, cloacas, energía y pavimentación en barrios y localidades donde no es posible el modelo de concesión, ¿quién va a pagar esas obras en el futuro?”, explicó.
“Probablemente algunas se cobren en las boletas municipales y provinciales, pero también habrá una gran mayoría que no se hagan y enfrentaremos un proceso de pérdida de infraestructura y, por ende, una disminución de la calidad de vida en dichas poblaciones”, enfatizó.
