El presidente de la Cámara de la Construcción, Daniel Wallner, aseguró que hay “incertidumbre y preocupación” de parte de las empresas asociadas, tras el anuncio de paralización de la obra pública por parte del presidente electo. Actualmente hay atrasos en los pagos desde hace un año y se está tratando de garantizar los ingresos antes del cambio de gobierno. De apuntarse a operatorias público-privadas, advirtió que no toda la obra puede encuadrar en ese marco, como las escuelas o los centros de salud. Ante la decisión que se tomaría de paralizar también obras licitadas y en ejecución, consideró que lo que está en ejecución se debe terminar. Ya hubo contacto con la UOCRA, que se declaró en alerta por la posibilidad de despidos.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia, Daniel Wallner, fue consultado por FM La Isla sobre el anuncio de la suspensión de la obra pública, y expresó que “tenemos mucha incertidumbre y preocupación, porque todavía no ha asumido el nuevo gobierno y precisiones no tenemos. Están los anuncios que todos conocemos y son preocupantes en lo que tiene que ver con la obra pública. Estamos todos alertas a ver cómo desarrollamos el futuro de las empresas que están dependiendo de la obra pública. Dentro de la Cámara tenemos empresas que solamente se dedican a la actividad privada, y otras a la actividad pública, que son la gran parte. Esperamos que esto se defina rápidamente”, dijo.
Respecto de las primeras reacciones con despidos y suspensiones, indicó que “todavía no está ocurriendo en la provincia pero todos estamos tratando de no gastar, porque no sabemos qué va a hacer el nuevo gobierno, sobre todo con las obras que dependen de fondos nacionales. El actual gobierno está tratando de transferir fondos a la provincia antes de irse. La información que tenemos es que el mismo lunes después de las elecciones el ministro de Economía Federico Zapata ya estaba en Buenos Aires haciendo cola con todas las otras provincias para ver qué podía rescatar antes del cambio de gobierno. Esto es una pelea diaria y las empresas constructoras estamos dependiendo de las soluciones que pueda conseguir el Estado provincial. Tenemos responsabilidades, contratos de por medio. La paralización de la obra pública no es una cosa que se pueda implementar de un día para otro, porque hay obras que están a medio ejecutar, hay contratos vigentes con la provincia con fondos nacionales y tenemos que ver qué se hace para adelante. Hay un montón de cuestiones legales que no son fáciles de resolver, para lo cual tenemos que tener el panorama más claro después del 10 de diciembre”, expresó.
Planteada la posibilidad de que esto derive en juicios contra el Estado, afirmó que la intención es agotar el diálogo. “La intención de las empresas es llegar a la mejor solución, dialogando entre las partes. Hay que ver la situación de cada empresa en particular y hasta dónde se puede aguantar. En principio estamos dispuestos a dialogar hasta la última instancia”, dijo.
Personal involucrado
En cuanto al personal involucrado en las empresas asociadas a la cámara, dijo que “eso varía entre invierno y verano, pero en plena temporada debemos tener alrededor de 400 ó 500 personas afectadas a la obra pública. Hay picos cuando se inician obras nuevas, porque se toma más gente”, indicó, separando al personal que trabaja en el campo y depende del sector privado.
Proyectos público-privados
También se refirió a la posibilidad de encauzar las obras a proyectos público-privados y señaló que “sería un tema a desarrollar una vez que estén claras las decisiones del gobierno nacional. Hay muchas posibilidades en algunos aspectos de la obra pública, pero no en todas las actividades de se puede emprender un desarrollo público-privado. Por ejemplo, es imposible en la construcción de una escuela, y en ese caso se tiene que hacer cargo el Estado sí o sí, salvo que haya escuelas privadas. Hay centros de salud que son públicos y es difícil llevarlos a un acuerdo público-privado. Hay oportunidades a futuro que pueden surgir para beneficio de las partes, y otras que no y habrá que resolverlas”.
“Hay mucha incertidumbre en estos días. Nosotros mismos estamos tratando de acomodarnos, porque muchas empresas han crecido de la mano de la obra pública, a pesar de que en estos últimos años nadie ha podido crecer, sino mantenerse. La alta inflación que estamos padeciendo hace que, cuando las empresas cobran sus certificados, ya no les alcanza para sacar un beneficio. Por ejemplo en un trámite normal se cobra un certificado a los 30 días o a los 45 días y hay un costo financiero del 3 ó 4%. Hoy ese costo financiero es del 15% mensual y cuando se cobra la plata se está perdiendo más de un 10%. No se va a comprar el mismo material que el mes anterior y ese 10% es el beneficio que tienen las empresas en el ámbito de la obra pública, es decir que salen empatados”, planteó.
“Cada empresa tiene una situación particular, algunas tienen más resto que otras y otras ya han gastado su resto. Dentro del ámbito de las empresas que yo represento hay situaciones disímiles, pero todas han destinado el máximo esfuerzo para poder terminar los contratos de obra pública. De ahora en adelante está muy complicado”, apuntó.
Con respecto a la llamada “obra pública a la chilena”, explicó que “implica que la empresa se encargue de una ruta que se va a concesionar y no todas las obras pueden hacerse de esta manera. Hay que ver cuál es el negocio que pueda parecer tentador para las empresas, porque si no es tentador no se hace nada. Por ejemplo, a mí me resulta más tentador hacer un edificio de departamentos en Ushuaia para el turismo, y no hacer una escuela o cualquier otra cosa. Invertir en Ushuaia es más tentador que invertir en Río Grande. En cada parte del país hay propuestas distintas que pueden ser más o menos beneficiosas para las empresas. En estas semanas estamos charlando sobre cómo mantener la actividad y estamos buscando ideas entre todos diariamente. Una veta puede ser la construcción de viviendas, pero no las viviendas sociales, sino que hay que trabajar con un banco que dé el crédito y hay que ver la capacidad de pago de los compradores. Si bien hay demanda, el IPV ya no va a poder trabajar como trabajaba antes, con una cuota congelada. Si no hay bolsillo, el comprador no va a poder pagar lo que le están ofreciendo”, advirtió.
“Hay varios factores, la posibilidad de pago de la gente que necesita vivienda, la capacidad de financiación que tengamos y hay que buscar varias herramientas. Hay ideas que están dando vueltas pero no están cerradas todavía. En esta situación de crisis salen oportunidades, que por ahí no se despertaron antes porque no eran necesarias. Realmente ahora hay que ponerse a pensar”, subrayó.
UOCRA en alerta
Lo cierto es que este es el tema de discusión no sólo a nivel local sino nacional. “Nosotros estamos adheridos a la Cámara Argentina de la Construcción, que nos puede orientar ante consultas pero las decisiones son netamente locales. Además la provincia tiene una situación totalmente distinta del resto del país. Hay una cosa que es común a todas y es el atraso en los pagos, que se viene manifestando hace más de un año. Nadie está cobrando a 30 días ni a 45, están cobrando a los 90 días, a los 100 días. Esto ha provocado un colapso de empresas del resto del país y la Cámara Argentina se ha expresado sobre esto en el transcurso del año. A veces acá llega el coletazo más tarde, demora pero llega”, dijo.
“En lo que va de la semana hemos tenido charlas diarias con la gente del IPV, porque tenemos un desarrollo muy grande de viviendas y hay que tratar de que no queden a medio camino”, indicó.
Asimismo puso en duda que se paralicen obras licitadas o en ejecución. “Del dicho al hecho hay un trecho. Tenemos que ver qué va a suceder realmente a partir del 10 de diciembre. Hay un montón de gente que depende de esta actividad y de la mano de obra que genera para la UOCRA, que no se va a quedar tranquila ante esta situación. Las empresas lo primero que hacen para achicar gastos es empezar a bajar gente, para no fundirse, y eso es lo que va a pasar. La UOCRA a nivel nacional ya está en alerta. Ya empezó a haber despidos porque las empresas no saben si van a cobrar lo que están haciendo. Por eso acá estamos en charlas permanentes para ver cómo paliamos la situación”, reiteró.
También tomó distancia de las acusaciones de corrupción en la obra pública. “Yo tengo que abocarme a lo que pasa en la provincia y no tenemos esa situación. Hay otras situaciones que pueden pasar en el resto del país, como están diciendo, pero acá no lo tenemos. Nos vemos afectados igual por esta decisión y la vamos a tener que pelear. Desde mi punto de vista, acá hay que terminar lo que se está haciendo y lo que está a medio hacer. De ahí en adelante, si no se licita más, veremos cómo hacer y cómo nos manejaremos las empresas; pero por lo menos lo que está en ejecución hay que terminarlo”, abogó.
“El jueves tuve una charla con Julio Ramírez de la UOCRA y siempre estamos en contacto. Hay un alerta de ellos también. Los trabajadores tienen el fondo de desempleo, que normalmente queda depositado en la cuenta del banco y esa plata ya está en cada una de las cuentas de los empleados. Se paga mensualmente, las empresas abren una cuenta en el banco y se deposita todos los meses el 12% del sueldo. Desde el día que se despide se le entrega una tarjeta con una nota y puede retirar su dinero en el banco. Depende de la antigüedad que tenga el trabajador en la obra, puede solucionar uno o dos meses de sueldo, no mucho más”, estimó.
Finalmente recordó que “en el caso de la construcción, derrama su influencia en un montón de otras actividades, porque no solamente se genera mano de obra, sino que se compran vehículos, combustible, materiales de construcción y hay un montón de ítems que dejarían de beneficiarse si se para la obra pública”.
