El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Río Grande emitió su fallo en respuesta al amparo presentado por la Asociación Civil Cámara de Instituciones Privadas de Educación de Tierra Del Fuego (ACIPE-TDF) contra el Gobierno provincial. La sentencia garantiza la igualdad salarial entre docentes de gestión estatal y privada y marcó un precedente en la defensa de los derechos educativos.
Río Grande.- En un fallo que redefine el panorama educativo en Tierra del Fuego, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Río Grande respondió de manera afirmativa al amparo presentado por la ACIPE-TDF contra el Gobierno de la Provincia. El conflicto, reflejado en el Expediente N°42.711, bajo la carátula «ASOCIACION CIVIL CAMARA DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACION TDF c/ GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO S/. AMPARO», se centró en la presunta discriminación y el incumplimiento de la Ley 749 por parte del Gobierno provincial, generando perjuicios a docentes y establecimientos de educación privada.
El objetivo central del amparo presentado por los docentes fue garantizar la igualdad salarial entre los docentes de gestión estatal y privada, basándose en una asignación extraordinaria otorgada por decreto, en cumplimiento de la Ley 749. La resolución judicial, reflejada en el Artículo 1, establece la condena al Gobierno Provincial para otorgar la Asignación Extraordinaria a los docentes de escuelas públicas de gestión privada, liquidando y abonando el aporte financiero correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2023 en un plazo perentorio de cinco días. Similar procedimiento deberá aplicarse para el mes de noviembre de 2023. Este fallo representa un claro pronunciamiento en favor de la igualdad y justicia en el ámbito educativo.
Al respecto, el presidente de la ACIPE-TDF, Carlos Alberto Cabral, expresó su satisfacción por la decisión judicial. «Estamos muy conformes y consideramos que se hizo justicia. Esto viene a poner claridad en la interpretación de la ley, ya que el Poder Judicial es el que tiene esa función. Creemos que esto también trae justicia y pone en igualdad a las instituciones de educación pública y gestión privada con las estatales, tal como lo fija la ley 749 y las leyes de educación provincial y nacional».
Lo cierto es que este fallo no solo resuelve la situación presente, sino que establece un precedente crucial para el reconocimiento y protección de los derechos de los docentes y las instituciones educativas privadas en la provincia.
