Ayer se concretó una nueva concentración de manera “autoconvocada” en la ciudad de Río Grande, para rechazar el DNU emitido por el presidente Javier Milei. También participaron referentes de gremios, organizaciones sociales y partidos políticos. El viernes habrá una nueva manifestación con el mismo objetivo a las 20 horas, pero en la esquina de San Martín y Belgrano. Mientras tanto, continúa circulando un petitorio pidiendo a diputados y senadores de la provincia que rechacen el decreto presidencial.
Río Grande.- A partir del mediodía de ayer, en el Parque de los 100 Años, un grupo de personas se reunió como se viene haciendo desde la aparición del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente, Javier Milei, para rechazar la forma y el contenido de la medida presidencial. La convocatoria se realizó como “asamblea autoconvocada, pero se observó la presencia de integrantes del SUTEF, SADEM, Trashumantes, Izquierda Socialista, el Nuevo MAS y otros sectores políticos, sociales y gremiales.
Allí se definió realizar una nueva convocatoria, pero en este caso para el próximo viernes 29 a las 20 horas, en la intersección de las avenidas San Martín y Belgrano. También se decidió continuar impulsando un petitorio dirigido a senadores y diputados nacionales que representan a la provincia, solicitándoles que no acompañen el DNU del presidente Milei.
El texto de dicho petitorio, comienza señalando que “Las personas y organizaciones abajo firmantes solicitamos a las/os diputadas/os Andrea Freites, Santiago Pauli, Jorge Araujo Hernández, Héctor Stefani, Carolina Yutrovich y a las/os senadoras/es María Eugenia Duré, Cándida López y Pablo Daniel Blanco, que rechacen, en su función legislativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y representen, de este modo, los intereses del pueblo fueguino”.
Más adelante, se señala que este pedido se justifica porque el DNU “Es inconstitucional: Los artículos que constituyen la normativa del ejecutivo carecen de los requisitos que dispone el artículo 99° de nuestra Constitución Nacional, que establece que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. Reconocemos que no hay circunstancias excepcionales para que se produzca este decreto, y demandamos que las modificaciones y derogaciones sean tratadas por el Poder Legislativo”.
En el mismo sentido, se dice que el mismo “Atenta contra derechos laborales: El DNU presentado por el Ejecutivo deroga los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la Ley N° 24.013 de “Empleo”. Los Art. 8 a 17 regulan multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado y obligaciones de los empleadores como contribuciones y aportes al Fondo Nacional de Empleo. Esto deja a las y los trabajadores sin la posibilidad de seguros por desempleo, vulnerables frente a despidos injustificados y sin posibilidades de reclamo en caso de ser trabajadores/as no registrados/as. Esto afecta tanto a quienes trabajan en la ciudad como en el sector agrario y a trabajadores/as de casas particulares e implica un retroceso en materia de derechos laborales”.
Igualmente, se expresa que el decreto presidencial “Desprotege nuestras economías: La desregulación de la economía con la derogación de la Ley de Abastecimiento N° 20.680 y la Ley de Góndolas N° 27.545 afecta directamente a nuestros bolsillos, y no mejora la situación inflacionaria, sino que la empeora. Este DNU además atenta contra la producción nacional e impacta en las economías regionales con la apertura del mercado y la desaparición de las sociedades mixtas y las sociedades del Estado. En Tierra del Fuego ya vimos cómo la apertura indiscriminada de las importaciones arruinó la industria nacional y esto no debe volver a pasar”.
Advirtiendo que “Pone en peligro la Ley 19.640 de Promoción industrial: Durante los últimos años estuvimos reclamando la renovación del régimen industrial en la provincia, lográndolo parcialmente y por diversos períodos. Si aceptamos este DNU y la derogación de la Ley N° 21.608 de Promoción industrial, estaremos dando lugar a que la próxima ley que se elimine sea la nuestra”.
Señala el petitorio, que el decreto de Milei “Regala nuestra soberanía: La Ley de Tierras N° 26.737 prohíbe la extranjerización de las tierras de nuestro país, estableciendo límites porcentuales para su venta a capitales extranjeros. Su derogación “para promover las inversiones» no hará más que posibilitar la compra de grandes hectáreas por parte de estos, lo cual afecta no solo a las tierras sino también a los cursos de agua que se encuentran en ellas. La concentración de grandes territorios en manos extranjeras pone en serio peligro nuestra propia soberanía, atentando contra la protección y el cuidado común que deberíamos promover para con nuestros lagos, ríos, lagunas, hielos, turberas, humedales, etc. Esto, sumado a la derogación de la Ley de manejo del fuego N° 26.815, que sanciona a quienes incendien tierras de manera intencional, habilitará dramáticamente las posibilidades de que sucedan, en efecto, incendios, que permitan cambiar indiscriminadamente el uso del suelo en el corto plazo. Hace exactamente un año en nuestra isla se incendiaba el bosque de Tolhuin en una de las catástrofes socioambientales más enormes que atravesó Tierra del Fuego. Sus consecuencias produjeron una degradación en el ecosistema de una magnitud insoslayable. Les pedimos que rechacen este DNU porque no queremos que haya impunidad para quienes queman nuestros bosques, ni queremos perder el acceso a nuestros ríos y lagos”.
De igual manera se denuncia que el DNU “Vulnera el derecho a un acceso igualitario a la salud: Al liberalizar las cuotas de las prepagas y desregular la actividad farmacéutica, solo podrán acceder a la salud quienes tengan los medios materiales para comprarla. No debemos dejar que se profundice la situación crítica de la salud en la provincia, y mucho menos generar mayores desigualdades entre el sistema público y privado”.
Mencionando, también, que “Perjudica nuestra conexión con el resto del país: La derogación de la legislación aerocomercial planteada en el DNU se fundamenta en la competitividad de las empresas. Como habitantes de una Isla, no podemos depender de que las empresas consideren o no rentable traer vuelos. La conexión aérea es una necesidad fundamental para el desarrollo económico, social, turístico y sanitario de quienes habitamos en la provincia, por lo que debe ser entendido como tal y no solo como un negocio”.
Luego se dice que “Estos son algunos de los puntos por los que les pedimos que rechacen el DNU. Sabemos que hay alternativas a este decretazo para modificar lo que haga falta para el bienestar del pueblo en estos momentos tan críticos. La legislación de nuestra nación y de nuestra provincia en particular depende de ustedes como representantes. Por eso les demandamos que estén a la altura para superar este difícil y angustiante momento, y les preguntamos ¿serán indiferentes o minimizarán los efectos de esta medida para la nación y nuestra provincia en particular? ¿O pasarán a la historia como quienes se pusieron al hombro la representación efectiva del pueblo de la provincia más austral de la Argentina?”, concluye el petitorio que viene sumando firmas, tanto de manera virtual como en papel.
