El periodista Joaquín Morales Solá publicó en el diario La Nación una nota de opinión en la que volvió a apuntar contra el subrégimen industrial y aseguró “que protege solo a dos o tres empresarios”. Asimismo, en una nota publicada en el mismo medio, para la abogada y politóloga Camila Dolabjián la ley 19640 “provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI”, pese a que el Estado nacional no aporta ni un centavo, solo deja de percibir determinados impuestos.
Río Grande.- En su columna titulada “El Gobierno no hará más concesiones”, Morales Solá apunta: «El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, intocado hasta ahora, se erige así las cosas como un elefante en un páramo. Según un estudio de la Fundación Fundar, ese régimen significó pérdidas para el Estado federal por valor de 2.382 millones de dólares solo en el año 2023».
Además, dentro del texto, el periodista recordó los anuncios relacionados a la política de ajuste del gobierno de Milei y criticó que ‘no hayan acalzando’ a la provincia: «en todos los rubros de la economía, menos, hasta ahora, en los sectores que antagonizan con los productos protegidos de Tierra del Fuego. El dictamen de los diputados de Carrió resalta la necesidad de crear cuanto antes una Autoridad Nacional de la Competencia con capacidad para intervenir y, por ejemplo, frenar la cartelización».
«Peor que el privilegio es el silencio. Ni una sola voz oficial dijo nada sobre ese régimen de Tierra del Fuego que tiene vigencia hasta el año 2038, prorrogable por quince años más, según un decreto de 2021 de Alberto Fernández. ¿Derechos adquiridos? Si esa fuese la razón, Milei deberá resignarse a no hacer ningún cambio porque todos los sectores económicos y sociales podrían escudarse en el principio jurídico de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que existen de hecho o de derecho por la práctica reiterada en el tiempo», agregó Morales Solá.
Por otra parte, la abogada y politóloga Camila Dolabjián señaló el «cambio perspectiva de Javier Milei sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que sorprendió por su ausencia de mención en el proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados la semana que viene y despertó críticas por el vínculo familiar del ministro de Economía con la principal empresa electrónica de la isla, Mirgor».
«En momentos en los que el Gobierno empuja por cerrar el rojo fiscal, llamó la atención de algunos legisladores, principalmente los de la Coalición Cívica, que no se avance con la quita de subsidios económicos y beneficios tributarios a la industria fueguina. El perdón en impuestos a la provincia le provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI al Estado Nacional, según las estimaciones del Ministerio de Economía», criticó Dolabjián.
Al igual que Morales Solá, la politóloga enfatizó en las promesas de campaña del actual presidente Milei e indicó que «fuentes de Gobierno y del Congreso mencionan que el lobby de las empresas fueguinas ha sido muy fuerte y han pedido que los funcionarios visiten la provincia antes de tomar decisiones, a la vez de estar incluidos en cualquier mesa de debate sobre el tema. En conversación con LA NACION, los representantes de empresas que prefirieron el anonimato dijeron que no tuvieron conversaciones con funcionarios por el tema en el último tiempo».
«Sobrevuela en algunos ámbitos la versión de que la cuestión de fondo tiene que ver con supuestos aportes de empresas radicadas en la isla a la campaña electoral de Milei», mencionó.
En la misma línea, Dolabjián apuntó contra el proyecto de un puerto industrial por parte de Mirgor: «Un proyecto de especial interés que se vincula con uno de los motivos que elevó las suspicacias. La mayor parte de la industria electrónica de la provincia está concentrada por el grupo Mirgor, de participación mayoritaria de Nicolás Caputo, primo de Luis Caputo, ministro de Economía. Actualmente, tiene el 12,5% de las acciones, mientras que 30% cotizan en bolsa, 20% son de la ANSES y el resto, de otros inversores. No es solamente el interés económico el que despertó sospechas, sino también un ambicioso proyecto en Río Grande que el gigante de la electrónica ya tiene en marcha y planea comenzar a construir en cinco meses».
Además, sostuvo que «fuentes oficiales aseguraron que está en estudio y que no es un régimen fácil de desarmar, debido al impacto que tiene en la población». En ese sentido, Dolabjián realizó una ejemplificación y dijo «los fueguinos no pagan IVA y se jubilan a los 50 años».
«Igualmente, hay una quita más cerca de concretarse: el rubro textil que opera en Tierra del Fuego sería el primero en salir del régimen de subsidios. Actualmente hay ocho empresas textiles en la provincia: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Rio Grande, Teogrande SA y Textil Rio Grande», adelantó la politóloga.
«En total son unas 46 empresas las que se benefician del subrégimen, de las cuales 22 se dedican a la electrónica. Sin embargo, la mayor parte de la actividad es responsabilidad de Mirgor y de Newsan SA, de Rubén Chernakovsky. Ambas tuvieron despidos importantes en los últimos meses, los que fueron justificados por la falta de importaciones. Las empresas todavía no mostraron adhesión el Bopreal, el bono que el Gobierno lanzó para cancelar la deuda comercial por falta de pago. Fuentes comentaron que pidieron a la gestión de Milei que se emitan bajo ley extranjera porque el mayor socio comercial del área, China, no los acepta como pago si son emitidos bajo ley argentina».
Finalmente, Doblajián aseguró que la postura actual del Gobierno Nacional es que “el problema no es la baja tributación de la provincia, sino la alta tributación de otras”, y cerró «el equipo libertario se referiría al puerto de Mirgor como un ejemplo de la obra pública privatizada que quieren impulsar».
