La paralización de obras financiadas por Nación en Tierra del Fuego ascienden a unas 30 infraestructuras dejando a trabajadores y servicios asociados sin empleo. Se debe a recortes económicos, la falta de funcionarios nombrados y el no pago a las empresas. La provincia no cuenta con los fondos necesarios para retomarlas ya que equivalen a 30.000 millones de pesos y la provincia no puede afrontarlas. Lo advirtió la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, quien confió que la provincia no puede afrontarlas porque triplican las partidas destinadas a obras públicas. Hay incertidumbre frente al crítico panorama que se está planteando respecto del desarrollo de diversas obras públicas que eran financiadas con recursos del Gobierno nacional.
Río Grande.- La ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, advirtió sobre la paralización de unas 30 obras en Tierra del Fuego y la falta de comunicación con las autoridades nacionales tras la estrepitosa salida del Ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro (echado del cargo por el presidente Javier Milei).
“Es una situación muy compleja, porque la paralización de obras financiadas con fondos nacionales es un hecho en la provincia. Se trata de cerca de 30 obras referidas a la cuestión de saneamiento ambiental por ejemplo o cuestión vial, entre otras”, detalló la funcionaria.
Se trata de obras de diversas características, incluso construcción de viviendas, que se estaban llevando adelante a través de acuerdos y con la participación incluso de diversos entes nacionales con representación en la provincia, y por las cuales la provincia firmó contratos en función de adendas que garantizaban su continuidad.
“Estamos hablando con la Cámara fueguina de la Construcción y con la Consejo Federal de la Construcción, que nos advierten el no envío de fondos por parte del Gobierno nacional para continuar las obras que son de suma importancia para acompañar el crecimiento de nuestra provincia”, advirtió al respecto la Ministra.
“Las medidas nacionales que traen mucha incertidumbre a la población en todo sentido, repercuten en el sector de la construcción también. Primero se dijo que no se habilitarían nuevos proyectos, luego se dijo que no iniciarían proyectos que no tenían financiamiento, el interrogante era qué pasaba con las obras en ejecución. Hoy, ante la ausencia de pagos, las empresas nos han empezado a comunicar que suspenden la continuidad de los trabajos, incluso piden neutralizar los plazos de obras, hasta tanto se restablezca la cadena de pagos”, precisó Castillo.
Cabe recordar que, en respuesta a la crítica situación que atraviesa el sector de la construcción en Argentina, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción emitió en las últimas horas una Declaración de Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre las consecuencias inminentes para 1.400 empresas y más de 200.000 trabajadores.
La declaración resalta la necesidad de abordar de manera urgente problemas concretos, como la definición de contratos a ser continuados y la readecuación en cuanto a precios, plazos y deuda.
“Conseguir su reactivación es de suma importante además para el sostenimiento de los puestos laborales en el sector, incluso de forma indirecta y asociada, igual que el futuro de muchas empresas”, coincidió Castillo.
“Esperamos -agregó- que la cadena de pagos se restablezca y podamos tener precisiones respecto del acompañamiento, o no, en cada proyecto que estaban en ejecución en la provincia para poder determinar cuál es el futuro de esas obras”.
Una medida anunciada mediáticamente
Gabriela Castillo recordó que “veníamos en ese paso a paso con las noticias mediáticas del Gobierno nacional ante el cambio de gestión, en donde se planteaba que la obra pública era una de las áreas en donde se iba a plantear esta situación de recorte o de condicionamiento económico. Primero se habló de los proyectos que no tenían convenios, que no iban a suceder, en esa situación teníamos 20 obras, con lo cual luego se habló de las que tenían avance cero. Y ahí hay que hablar de avance cero, que no es que es una obra que está parada, sino que es una obra que está empezando, que teníamos a la firma de contrato o que estábamos con un proceso de licitatorio ya culminado y en esa situación teníamos 30 obras en la provincia”, explicó en rueda de prensa.
Agregó que “no solo que esas no tuvieron avance, sino que quedaba esta situación sobre las 30 obras que tenemos con fondos nacionales en condición de ejecución. Y ahí es donde, si bien hoy no tenemos una comunicación fehaciente, escrita, que le diga a la provincia que esta obra no va a continuar, también tenemos que pensar en la realidad nacional, en donde hoy no hay funcionarios nombrados, tenemos un cambio de lo que es el ministro del Ministerio de Infraestructura al Ministerio de Economía, pero no se sabe cuál es la situación respecto de los secretarios que habían sido nombrados y no han sido nombrados aún los subsecretarios, los responsables de entes, como Vialidad Nacional y de ENOHSA. Entonces esto nos disminuye la posibilidad de tener con interlocutores nombrados que puedan tomar decisiones respecto de las obras”.
Las obras paralizadas son fundamentales para la provincia
Castillo fue preguntada sobre cuáles son las obras más importantes que están paralizadas, resumió que “si hablamos de ENOHSA, la planta de pretratamiento de emisarios submarinos en la ciudad de Río Grande, la planta Tahá, la ampliación en Tolhuin, la nueva planta en Macizo 154 de Efluentes en Tolhuin. En Ushuaia, el colector Malvinas, el colector Maipú, la obra de la ampliación de la Planta 4 de Agua, el azud en los 12 kilómetros de acueducto para garantizar el agua potable en la ciudad de Ushuaia; podemos hablar obras de Vialidad Nacional, como la Ruta 1 en la cabecera del Lago Fagnano, la Ruta Nacional N° 3 al Parque Nacional Tierra del Fuego, podemos hablar de las obras de vivienda, las 500 viviendas que tenemos en ejecución con 12 contratos en paralelo, podemos hablar de las obras de obra pública con la Comisaría de Género en la ciudad de Río Grande, los centros de desarrollo infantil en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Tolhuin, el del barrio Escondido en la ciudad de Ushuaia, las obras de Sisu, de conexiones intradomiciliarias de gas en la ciudad de Río Grande, en el barrio Colombo de Ushuaia, en el 11 de Noviembre. Es un abanico de obras y seguramente hay algunas que se me fueron de la cabeza, que tienen que ver con obras que teníamos contratos en ejecución”.
“El Estado tiene continuidad jurídica”
Consultada sobre la realidad de este escenario de incertidumbre, Castillo dijo: “La empresa no cobra. Entonces, si la empresa no cobra, nos comunica que no puede continuar y hoy tenemos el parate de estas obras por falta de pago. Esperamos como provincia que esta situación se revierta, que el Gobierno nacional haga frente a lo adeudado, que redefina cuál es la situación de costos que va a sostener en adelante sobre estas obras que se llevan adelante por un compromiso firmado a través de una adenda entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial. El Estado tiene continuidad jurídica y hay convenios firmados que permitieron que la provincia firmara estos contratos de obra. Hoy estamos en el medio. Hay 30 obras que hoy están en esta situación de no pago por parte del Gobierno nacional, que las condiciona en la ejecución y que hoy tienen un parate y que quedan los trabajadores de la construcción en el medio sin su fuente de empleo. Y en esto abro el abanico. No solo son los trabajadores del espacio de obra, son también todos los servicios asociados. El que alquilaba máquinas, el que vendía árido, el que vendía hormigón elaborado, el marmolero, el cinguero, el que hace transporte, el corralón. Hay muchos otros rubros que dependen de las obras públicas”.
Cadena de pagos rota
La ministra de Obras Públicas confió que “necesitamos que esto sea una instancia decisoria, que se efectivicen los pagos. Las empresas hoy, por ejemplo, en las obras de ENOHSA tenemos 600 millones que se deben de certificados, pero hay 100 expedientes no resueltos de adecuaciones de precios. Y esto le da derecho a las empresas por un monto de 2.000 millones, no 600 que es lo que tienen certificados”, advirtió.
Agregó que “las empresas avanzaron en ese trabajo. Entonces, hoy el remanente de deuda que tenemos con las empresas es importante”.
La provincia no puede afrontar continuidad de estas obras
“Esto es imposible porque precisamente salimos a buscar fondos nacionales porque no era posible dentro de las arcas de la provincia. Estamos hablando de obras por algo así como 30.000 millones de pesos. Triplica lo que estaba establecido el plan de obra pública con fondos provinciales. Aparte, en este momento de un gran conflicto en términos de los incrementos de precios, lo que estamos haciendo es sostener las obras que tenemos de bonos, que también tienen un incremento de precios, con lo cual una realidad en un presupuesto reconducido es complejo. En esta fluctuación económica, mucho más. Y obviamente vamos a sostener las obras que tenemos por administración con fondos propios”, cerró.
