El apoderado de Citybus estimó que para poder seguir funcionando, el costo del boleto debería llegar a los 1.000 ó 1.200 pesos. Si se pretende un boleto de 300 ó 400 pesos, la diferencia la tendrá que aportar el municipio en este caso, dado que Tierra del Fuego es la única provincia que no aporta para el servicio. Cuestionó la medida del gobierno nacional, que había anunciado en campaña la quita del subsidio al AMBA, en busca de mayor equidad, pero avanzó en todo el país. Una alternativa es bajar las frecuencias y las unidades, pero se verá afectado el servicio a los usuarios y obligará a la reducción de personal. Advirtió que ya hay municipios que están rescindiendo contratos y, de no haber subsidio, no está garantizado el transporte. En estas condiciones, partir de marzo no se podría pagar ni el combustible ni los salarios, dijo.
Río Grande.- Ariel Ledesma, apoderado de Citybus, estimó que para marzo ya no se podrá pagar ni el combustible ni los salarios, mucho menos un aumento, de no elevarse la tarifa a los 1.000 ó 1.200 pesos, tras la quita de subsidios al transporte público de pasajeros.
Por Radio Provincia, señaló que “fue algo inesperado, teniendo en cuenta los anuncios del gobierno nacional cuando expresaron que iban a terminar con la inequidad del sistema de subsidios del fondo compensador con el AMBA, y de la noche a la mañana hicieron todo lo contrario y quitaron los subsidios en todo el país”.
“Desde hace más de 10 años hay una intención de eliminar los subsidios, pero hay un atraso en las tarifas. Los distintos poderes concedentes han estado retrayendo las tarifas, no han otorgado los aumentos y no se han respetado los contratos. A medida que la inflación fue avanzando, nos encontramos con un descalabro. En el medio esta quita de subsidios desfinancia el transporte de pasajeros”, planteó.
“Hoy se está hablando de municipios que van a rescindir los contratos, porque no tienen la posibilidad de sostener el servicio. Sin subsidios no hay forma de que se garantice la prestación del servicio, porque no hay forma de que podamos cumplir con las obligaciones principales. Lamentablemente en marzo no vamos a estar en condiciones ni de pagar los combustibles ni los salarios, ni hablar de otorgar el aumento que están pidiendo los trabajadores”, advirtió.
“Yo soy miembro de la FATAP y no estamos discutiendo ni siquiera los porcentajes, porque no tenemos los recursos. La solución es aumentar el boleto, y en esto tienen que tomar decisiones las autoridades. La tarifa técnica que nosotros necesitamos es la tarifa que mandan los números para que podamos garantizar el servicio. Estamos hablando de valores de entre 1.000 y 1.200 pesos de boleto, de acuerdo a la inflación que cerró en enero. Habría que ver cuánto de esa tarifa es la que se va a aplicar al público, en base a los subsidios del municipio y de la provincia. Si quieren que el ciudadano pague 300 ó 400 pesos, habrá que ver cómo se subsidia el resto”, expresó.
Aclaró que “en Tierra del Fuego la provincia no aporta nada. Es la única provincia de Argentina que en su momento decidió salir del sistema de subsidios y no firmó los convenios. El municipio se hizo cargo de la parte que debía aportar la provincia y está haciendo un doble subsidio. El tema es mucho más complejo y para hablar de tarifas hay que estudiar caso por caso. La estimación a nivel país, en base a una estructura de costos general, es de entre 1.000 y 1.200 pesos”, reiteró.
Las alternativas
En cuanto a las opciones en caso de que el municipio no pueda afrontar un aumento del subsidio, dijo que “hay posibilidad de reducir servicios, de achicar frecuencias, de retirar unidades en la calle. Tenemos un contrato pero si no tenemos subsidios no podemos garantizar el servicio. Las empresas se han descapitalizado, no hay renovación de unidades, y esto obviamente tiene consecuencias en el servicio de transporte. La medida que tomó el gobierno nacional es irrisoria e inentendible, porque ha generado una situación de crisis. Hoy nos encontramos con una bomba de tiempo que está a punto de explotar. Si el municipio no está en condiciones de garantizar el servicio, se rescindirá el contrato y habrá empresas que van a quebrar. La realidad es grave y en Citybus no estamos ajenos”, manifestó.
Cabe señalar que en Ushuaia se planteó un boleto de 1.100 pesos en el marco de la discusión tarifaria, y se corresponde con los valores que se manejan para Río Grande. “Es la realidad y no están diciendo nada ilógico. No tenemos referencia de ningún lugar del mundo donde no se subsidie el transporte. En todos lados se subsidia y creo que hoy hay un punto de inflexión y se va a definir el sistema de transporte en la Argentina. Los municipios y provincias que tomen las acciones que tienen que tomar se van a tener que sincerar, porque para funcionar se necesitan los recursos”, sentenció.
“Si los intendentes pretenden que la sociedad pague 300 pesos está perfecto, pero los otros 800 pesos los tendrá que subsidiar el Estado. Hay que darle prioridad al transporte, si quieren tener un servicio de calidad y que perdure en el tiempo. Si no, vamos a terminar como todas las empresas anteriores, con los cementerios de colectivos en algún punto de la ciudad y las empresas que se van. Nosotros somos la empresa que más tiempo ha durado y que hemos garantizado el servicio. La decisión pasa por los poderes concedentes y por qué es lo que quieren hacer. El tema está en lo que van a subsidiar y esta es la responsabilidad que tienen. Si no, habrá que administrar un servicio acorde a la disponibilidad de recursos. Si Río Grande funciona con 24 unidades, habrá que definir si se arma un servicio con 15 unidades y con frecuencias de 45 minutos. Esto significaría reducir personal, porque por cada colectivo que funciona se emplea a 4 personas. Si se bajan 5 colectivos, son 20 personas que se quedan en la calle”, adelantó.
“Esa sería una opción pero lo que no se puede hacer es vivir en la fantasía de querer hacer funcionar cualquier empresa sin los recursos. Esto lo tienen que plantear los poderes concedentes y tienen que definir qué quieren hacer: o subsidian con los recursos que tengan, o adecuamos el servicio a los recursos con los que se dispone. Obviamente hay que ver lo que opina la gente”, observó.
“Hay que definir prioridades y, si el transporte es una prioridad en Tierra del Fuego, se destinarán los recursos. El problema es si no están, pero nosotros sin recursos no podemos funcionar. Estamos en reuniones constantes con el Secretario de Gobierno, viendo cómo encontramos una solución. Los recursos son escasos y hay que definir de qué manera se va a poder sostener el transporte público. Muchas provincias que no subsidiaban hoy están decidiendo acompañar a los municipios, para poder salir adelante y evitar que todo se traslade a tarifas. Hay que ver qué postura tiene la provincia de Tierra del Fuego, porque no los he escuchado. A diferencia de otras provincias, donde la gente puede usar la bicicleta o caminar, nosotros estamos limitados para otro medio de movilidad. En Río Grande hay 15 mil personas que utilizan el servicio y no es un número menor”, sostuvo.
Medida irresponsable
Finalmente cuestionó al gobierno nacional por “la irresponsabilidad de esta medida a 20 días del inicio del ciclo escolar, porque todos los fondos del Estado requieren de una tramitación administrativa. Si tenían pensado esto, lo tendrían que haber hecho los primeros días de enero para darle a todos los poderes concedentes la posibilidad de encontrar alternativas. Hay proyectos que tienen que pasar por el Concejo para su aprobación, hay órganos de control y demás. Esto profundiza el problema, porque se hace a muy poco tiempo de iniciar la actividad escolar, cuando empieza un movimiento mayor. Sumado a todo lo que se viene, nosotros tenemos una situación particular porque nos están adeudando más de 230 millones de pesos de subsidios atrasados de Nación. Son fondos que no han llegado de la Secretaría de Transporte y creo que a Ushuaia le deben el año completo”, concluyó.
