La Dra. Adriana Chapperón aseguró que ya hay tres mil despidos en la industria y avizora una profundización de la conflictividad social. Desde la cartera a su cargo están tratando de asistir dentro de las posibilidades ante el aumento de la demanda. Uno de los puntos críticos son los alquileres y la situación se agrava por la paralización de la obra pública, que incluía la construcción de viviendas. Hay mayor demanda de alimentación y asistencia ante necesidades básicas. “Todo esto va a repercutir en el Ministerio, porque el Estado tiene que dar protección a las personas en estado de vulnerabilidad”, dijo, teniendo en cuenta que “el presupuesto es finito y en lo económico la situación se empieza a complicar”.
Río Grande.- La Dra. Adriana Chapperón, ministra de Justicia y Bienestar Ciudadano, se refirió por FM La Isla a las principales preocupaciones de la cartera a su cargo, que recibe la demanda de necesidades básicas de sectores vulnerables, y avizora una profundización de la conflictividad por el aumento de precios y la recesión, que ya se ha cobrado tres mil puestos de trabajo en la industria.
“Una de las principales preocupaciones de la cartera tiene que ver con la crisis habitacional y particularmente la situación de los alquileres. En Ushuaia la situación es peor, porque hay mucho alojamiento destinado al turismo. La situación ya fue complicada desde mediados del año pasado y este año se va a complicar más, por el aumento de precios. Nosotros tenemos las oficinas llenas de expedientes de redeterminación de precios de todo lo que tenemos que pagar. Los precios cambian permanentemente y todavía no se ve reflejado el aumento de los servicios, pero sabemos que esto viene, y se suma al aumento de los combustibles, de las obras sociales. Todo esto repercute en el bolsillo de los trabajadores”, señaló.
“Hay una recesión impresionante, las fábricas ya han despedido gran parte del personal, nos han dicho que son alrededor de tres mil despidos en total, y la situación se está poniendo muy difícil. Todo esto va a repercutir en el Ministerio, porque el Estado tiene que dar protección a las personas en estado de vulnerabilidad. El presupuesto es finito y en la medida de las posibilidades tratamos de proteger los derechos de las personas, pero en lo económico la situación se empieza a complicar”, advirtió.
Se le consultó si se puede equiparar el escenario actual con la crisis de 2001, no sólo por lo económico sino por la tensión social. “Estamos muy atentos y vemos que la violencia aumenta porque la gente tiene muchísimas dificultades. Empieza a haber conflictos que se desprenden de la situación económica. Los equipos están trabajando y tratamos de que haya mucha comunicación entre todos los ministerios, porque la gente tiene muchas dificultades, que a veces tienen que ver con Educación, con Salud, con el alimento que no alcanza, con el alquiler que no se puede pagar. Todos los ministros estamos abocados a trabajar en forma horizontal, tratando de dar respuesta y preparándonos para mayores complicaciones. Todavía no tenemos referentes del gobierno nacional para poder dialogar. El Ministerio de Capital Humano es inmenso, tiene secretarías muy complejas, y se hace difícil encontrarse con los funcionarios para ver cuál es el camino. Hay violencia verbal hasta del propio gobierno nacional, que parece estar en conflicto permanentemente con distintos sectores. Esto hace muy difícil el trabajo en equipo”, planteó.
Concedió que “la comunidad eligió esto con su voto, pero ahora hay que ver cómo transitamos este camino, cómo hacemos para unirnos para llevar adelante políticas públicas que le lleguen a la gente”.
Sin obra pública
Otro factor desencadenante de conflictos y desocupación es la cancelación de la obra pública. “La paralización de la obra pública es un duro golpe para el vecino. Tenemos un problema habitacional que no desconocemos y se estaban construyendo viviendas que hoy están paradas. Esto es un problema grave, que se ha agravado con los alquileres. Hay gente que se queda en el camino y no puede esperar a que el mercado los regule”, expresó.
“Tierra del Fuego siempre ha asistido mucho a su comunidad. Durante la pandemia entregamos 11 mil módulos alimentarios semanales en cada una de las dos ciudades de la provincia. Se asistió al sector privado y es una provincia que en general ha tenido una asistencia que no se ve en otras provincias más grandes. Hoy esto se torna muy difícil. Hay gente que tiene trabajo, que tiene su recibo de sueldo y está pidiendo ayuda, porque el salario no alcanza”, manifestó.
Refuerzo a pensionados
Respecto del acuerdo salarial con ATE, que implica el pago de una suma fija de 50 mil pesos, dijo que se hará extensivo a los pensionados. “El acuerdo está para la firma del decreto y esta suma se va a trasladar a todas las pensiones por discapacidad, que hoy están en 168 mil pesos. Tampoco es una suma importante, pero implica un esfuerzo enorme del gobierno. Por otro lado, hemos iniciado un trabajo con la OSEF para consolidar la deuda de las RUPE y hacer un plan de pago. La deuda tiene ocho años, porque es de 2016, y asciende según la obra social a dos mil millones de pesos. Hemos firmado un convenio para hacer un adelanto mensual de 150 millones de pesos, más el 5% que el gobierno paga por cada una de las pensiones por discapacidad que utilizan la obra social de la provincia. Va a haber un incremento del 5% mensual y cada seis meses se va a hacer una revisión para ver cómo quedan las cuentas”, informó.
“Las pensiones RUPE gastan mucho en medicamentos y en salud, y queremos que tengan una buena atención médica y que lo que se gasta esté bien utilizado. No queremos incomodar a las personas con discapacidad y este es un pedido expreso del gobernador. Se creó una Secretaría de Discapacidad para que las personas no tengan que ir de oficina en oficina. Vamos a comenzar a hacer una auditoría con nuestros equipos en aquellas situaciones que llamen la atención, porque hemos detectado prestaciones que se dan en forma irregular”, aseguró.
Comedores comunitarios
Por otra parte, habló sobre la relación con los comedores comunitarios, donde también está aumentando la demanda. “El mes de enero siempre es complicado y por eso se tiene una reserva en el mes de diciembre. Con esta escalada de precios ha sido muy difícil, porque no hay cotizaciones o no se respetan. Enero fue muy complejo y fuimos haciendo frente con todas las reservas que teníamos para poder asistir los casos más graves. Hubo comedores que cerraron por el período vacacional y que ya habían previsto cómo cubrir las mayores necesidades. El gobierno y la municipalidad entregan módulos alimentarios y en febrero hemos empezado a entregar también. En Ushuaia hemos entregado a adultos mayores, discapacidad, planes REDSOL, y en Río Grande tenemos la última entrega la semana que viene. Ya estamos previendo la entrega de marzo, para que no tengamos complicaciones”, indicó sobre el apoyo a comedores.
“Con el Ministerio de Educación estamos tratando de centralizar la atención, porque en la pandemia entregaban también módulos alimentarios. El Ministerio tiene que ocuparse de la Educación y estamos ayudando en todo lo que podemos para que funcionen los comedores escolares, y que al mediodía los chicos tengan su almuerzo, como corresponde, y también la copa de leche. Desde Bienestar tenemos que ocuparnos de que las familias tengan la posibilidad de la cena, porque hay integrantes del grupo familiar que no van a la escuela”, observó.
“Estamos haciendo un nuevo relevamiento con los comedores porque no todos tienen la posibilidad de cocinar y algunos reciben viandas. Tratamos de organizarnos entre todos para saber a qué población se asiste. Muchas veces los beneficiarios asisten a más de un comedor, porque hay algunos que no entregan todos los días y las personas comen todos los días. No es una situación fácil ni cómoda para nadie tener que ir a un comedor para alimentarse”, expresó.
Organizaciones sociales
Finalmente se refirió a la vinculación con las organizaciones sociales que también dan asistencia. “Estamos planteando que nosotros podemos asistir a las personas que estén empadronadas. Le estamos pidiendo a las organizaciones que empadronen a las personas, porque además de la comida la gente tiene otras necesidades que cubrir. Necesitamos trabajar en conjunto ante esta situación crítica, que se va complejizando día a día. Estamos viendo en cada caso qué se necesita. Hay mucha gente que trabaja muy bien con la gente a la que asiste, que conoce el territorio. Es muy diversa la asistencia que se necesita y es importante que los recursos lleguen adonde deben llegar”, concluyó.
