El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia aseguró que se están tramitando más de 50 causas tras los operativos realizados, correspondientes a choferes de Uber. El precedente que se sentó en Río Grande, por el cual se intima al Concejo Deliberante a regular el servicio de plataformas de digitales, no tiene aplicación en Ushuaia, aseguró. También dio a conocer la decisión de iniciar demandas civiles contra el ex concejal Javier Branca, tras la desestimación de la denuncia que había realizado contra funcionarios municipales por el pago de indemnizaciones al personal de Agrotécnica Fueguina.
Río Grande.- El Dr. César Molina Holguín, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, afirmó por Radio Provincia que hay más de 50 causas en el Juzgado de Faltas por el transporte público ilegal. “Esto tiene que ver con Uber y con los distintos operativos que se han realizado, sobre todo en los últimos meses. Se encuentran en trámite más de 50 causas, algunas ya han tenido sentencia. Aprovecho para remarcar la importancia del uso del transporte habilitado, porque los taxis y remises tienen controles exhaustivos por parte del municipio, los choferes tienen que presentar certificado de antecedentes penales todos los años, para verificar que no hayan cometido ningún delito ni tengan ninguna causa en trámite; tienen que hacer la RTO de los vehículos y todo eso hace a la seguridad del transporte público. Desde el municipio bregamos por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Hubo algunas recusaciones a la jueza, porque los choferes multados tienen abogados particulares”, indicó.
Respecto del precedente que se estableció en Río Grande, tras el fallo que ordena al Concejo Deliberante a regular este tema, dijo que “se trata de un caso puntual y aplica para ese caso particular, más allá del mandato del juez. La jurisprudencia sirve para comparar pero no es obligatoria en tanto no sea dictada por un órgano superior jerárquicamente. Si se expidiera el Superior Tribunal de Justicia, no habría duda de la respuesta, pero en este caso es un juez correccional en el marco de una causa particular”.
Ante las manifestaciones de taxistas y remiseros, señaló que están defendiendo su fuente de trabajo. Los inspectores están en la calle y están controlando las plataformas ilegales”.
Consultado sobre los taxis que también prestan servicio de Uber, indicó que “en el mes de diciembre se modificaron dos ordenanzas y se agregó como una causal de caducidad de la licencia esta situación, tanto se trate de un propietario como de algún chofer. La normativa se adaptó para que quede clara esta situación que estábamos viendo y contrarrestarla. El sector es muy consciente de sus fortalezas y debilidades, y se trabaja en paralelo. Vamos en contra del transporte ilegal pero también velamos para que el transporte legal brinde el servicio que debe brindar y que no estén ellos mismos haciendo transporte ilegal”, sostuvo.
Demandas civiles contra Javier Branca
Por otra parte, explicó los motivos de las demandas civiles que se iniciarán contra el ex concejal Javier Branca, a raíz de su denuncia por el pago de indemnizaciones a los trabajadores de Agrotécnica Fueguina, que fue desestimada por la justicia. “La demanda no la inicia el municipio sino las personas que fuimos denunciadas –aclaró-. Vamos a realizar una acción civil en contra del ex edil, que durante el año pasado ha intentado hacer un manejo político de distintas situaciones e intentó hacer un manejo judicial con otras tantas. La última denuncia fue en el mes de noviembre y denunció al intendente, a la entonces Secretaria de Economía, a Omar Becerra y al ex concejal Juan Manuel Romano, por el convenio que se había firmado con Agrotécnica Fueguina. Él entendía que se habían cometido los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos. El Fiscal Mayor solicitó la desestimación de la denuncia y así fue resuelto por el juzgado. Se hizo un manejo político y mediático del tema, y lo que pretendía el ex concejal era colocarnos a nosotros en una situación de haber utilizado fondos para cuestiones que no estaban previstas”, dijo.
“Entendemos que todo tiene un límite y es importante marcar postura, porque hemos dejado pasar muchas cosas durante dos años, ya que no es la primera denuncia que nos realiza el ex edil. Hasta acá llegamos con el uso de la justicia para dirimir cuestiones políticas o cuestiones que se deben tratar en el Concejo Deliberante. Si no gusta el resultado final, el uso de la justicia no es la vía, y por eso queremos poner un alto y sentar una postura un poco más sostenida”, sentenció.
Recordó que la denuncia se originó tras el pago de indemnizaciones a los empleados de Agrotécnica Fueguina con fondos municipales. “Esto fue en el marco del nuevo contrato y fue un acuerdo que la empresa y los trabajadores realizaron en el Ministerio de Trabajo, con intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia. El municipio asumió el compromiso de abonar las indemnizaciones y sostener el servicio conforme se tenía que prestar. Legalmente el Ministerio de Trabajo entendió que es lo que correspondía”, aseveró.
Reiteró que las acciones civiles se van a iniciar en forma personal. “Somos los denunciados los que estamos evaluando la acción civil, no la Municipalidad de Ushuaia. El derecho penal es contra las personas y en este caso las personas denunciadas fuimos identificadas con nombre y apellido”, concluyó Molina.
