El secretario adjunto del gremio de la sanidad, Jorge Saravia, planteó las dificultades de llegar a un consenso en las bases durante el paro de ayer en el sector privado, ante la disparidad de salarios de acuerdo al lugar de trabajo. Algunos enfermeros están cobrando 800 mil pesos, otros 600 mil y otros “no llegan a 400 mil”, dijo, en función del porcentaje diferencial de zona. Con la medida de fuerza de ayer se buscó acelerar la discusión paritaria, luego de la “punta de lanza” que han hecho otros sindicatos como el docente. Todavía no se cerró la paritaria de 2023 y la propuesta es discutir mes a mes, en función del índice inflacionario.
Río Grande.- El secretario adjunto de ATSA, Jorge Saravia, informó sobre el acatamiento del paro de ayer en las clínicas privadas de todo el país, y planteó que a nivel local fue dispar, teniendo en cuenta la disparidad de salarios de los trabajadores.
“El acatamiento fue dispar por la diferencia de zona, es menor en los establecimiento que tienen un 100% de zona y es mayor donde tienen una zona más baja. Nosotros tomamos contacto con algunos establecimientos para tener un panorama más concreto. Las opiniones fueron dispares y esto tiene que ver con que la situación salarial también es dispar según el establecimiento, el convenio colectivo y la zona”, explicó por Radio Provincia.
“El convenio colectivo para clínicas y sanatorios establece un 30% de zona, y en la provincia tenemos establecimientos al 100%, como es el caso del CEMEP; y en la Clínica San Jorge tenemos el 50% de zona. En función de esto hay enfermeros que tienen 800 mil pesos de sueldo, otros que cobran 600 mil y otros que no llegan a 400 mil. Esto hace que la realidad sea distinta para cada uno”, señaló.
“Hay una situación que nos atraviesa a todos, que es la cuestión económica, y esa diferencia que podemos obtener en la zona se ve afectada por el 20,6% de inflación que tuvimos en enero. Si esto continúa así en los próximos meses, esa diferencia que podemos tener en la zona se va a ver más que afectada”, advirtió.
En cuanto al universo que se sumó a la medida de fuerza, dijo que “a nivel nacional adhirieron los trabajadores de clínicas, sanatorios, centros de salud, laboratorios, geriátricos. Se garantizó la atención de los pacientes y de las guardias mínimas, como corresponde por ley en todos los servicios esenciales”.
“El reclamo puntual es que no se pudo cerrar la pauta de 2023. Las clínicas y sanatorios tenían pautado para el mes de diciembre una revisión, pero esto no se dio. En algunos casos en lugar de revisión dieron un bono a cuenta de futuros aumentos, pero hubo establecimientos donde no tuvieron esa posibilidad. Se busca abrir una instancia de paritarias, pero la patronal se opone. El gobierno nacional también trata de postergar las discusiones salariales hasta después de marzo, pero la presión de distintos sectores, como el docente y los ferroviarios, o lo judiciales en su momento, van haciendo punta de lanza en esta situación”, dijo.
Respecto de las expectativas en materia de negociación salarial, indicó que “en las paritarias de este año queremos tratar de resolver la anterior y poder empezar con las de 2024. El apuro por cerrar la pauta de 2023 a nivel nacional tiene que ver con la necesidad de empezar a discutir la de 2024. En el sector público de la provincia nos adelantamos a esa situación, a partir de las reuniones que tuvimos con el Ejecutivo. Hemos planteado que esto lo vamos a tener que ver mes a mes, porque ya tenemos el índice inflacionario de enero. Esta semana nos depositaron el retroactivo al mes de enero y vamos a tener que ver dónde incorporamos la suma de 50 mil pesos que se firmó en la última acta, para que sea incorporado al básico o a un ítem que sea representativo para todos los sectores”.
“El gobierno nacional tenía pensado un índice de inflación por debajo del 20% y lo superó. Tienen proyectado un 100% de inflación para todo el año y los trabajadores sabemos que si seguimos así lo vamos a superar ampliamente. El compromiso que tenemos del Ejecutivo provincial es llevar adelante la discusión en forma mensual, entre el 15 y el 20 de cada mes, una vez conocido el índice inflacionario del mes anterior, para trabajar sobre eso. En el ámbito privado la situación es totalmente distinta y justamente por eso se definió la medida de fuerza, para tratar de forzar el diálogo con las cámaras y discutir una pauta salarial que permita cerrar el 2023. El reclamo puntual de los trabajadores es que las empresas o clínicas y sanatorios ven crecer su recaudación por el aumento de las consultas y las prestaciones, pero hacen ajustes en los salarios”, cuestionó el dirigente.
“El poder adquisitivo va disminuyendo y por eso es importante el compromiso de discutir mes a mes y ver la posibilidad de incorporar el máximo posible para afrontar esta situación”, apuntó.
Nuevo hospital de Ushuaia
Por otra parte se lo consultó sobre el nuevo hospital de la capital fueguina y estimó que se irá poniendo en marcha progresivamente, porque falta equipamiento y personal. “Va a ser complicado todo. La obra no va a pasos agigantados como nosotros quisiéramos. No sé si se va a ver afectada por la reducción de los fondos de obra pública, pero sí vemos que la obra no avanza rápido. En el caso de concluir en los tiempos establecidos, vamos a tener graves problemas para ponerla en funcionamiento, porque no contamos con el recurso humano necesario ni con la aparatología necesaria, tampoco contamos con el mobiliario que se necesita. Creo que la puesta en marcha va a ser progresiva, como también el centro de rehabilitación de la calle Onachaga, que prácticamente está finalizado. Es imposible ponerlo en marcha al 100% por la falta de gente, de aparatología y de insumos”, concluyó.
