La representante de la Asociación de Inquilinos de Río Grande, Jimena Miño, planteó las dificultades que están atravesando los vecinos que no pueden renovar contratos por los altos costos y, en caso de conseguir algún alquiler accesible, la propiedad no está en condiciones de habitabilidad. Reclamó controles, tras el fallido intento de regular por ordenanza que profesionales matriculados revisen las instalaciones antes de que sean alquiladas. Aseguró que muchos están dejando de alquilar porque deciden volver a su provincia de origen, o porque se van a vivir con sus padres, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo este gasto. Respecto de la posición de las inmobiliarias, que afirman que bajaron los precios y creció la oferta de propiedades dijo que “nuestra mirada es totalmente diferente. Yo tengo conocidos que tienen inmobiliarias y he preguntado cuánto sale un alquiler, y es una locura. Es más, tengo un conocido que se mudó hace poco y está pagando 900 mil pesos de alquiler”.
Río Grande.- Jimena Miño, integrante de la Asociación de Inquilinos de Río Grande, dialogó con FM La Isla sobre la situación de los inquilinos en la zona norte, que no difiere demasiado de lo que está ocurriendo en la capital fueguina. Afirmó que hay gente que se va de la provincia porque no puede pagar los alquileres, o tiene que regresar a vivir con sus padres.
“A fines de enero y principios de febrero tuve muchos llamados de gente que consultaba cómo proceder para terminar un contrato, porque no puede pagar el monto del alquiler. A veces es porque tienen que renovar el contrato y el monto nuevo que le pasan es inalcanzable para ellos, aunque tengan trabajo. Hay otros que se han quedado sin trabajo y se vuelven a su provincia de origen”, expresó.
Respecto de la posición de las inmobiliarias, que afirman que bajaron los precios y creció la oferta de propiedades dijo que “nuestra mirada es totalmente diferente. Yo tengo conocidos que tienen inmobiliarias y he preguntado cuánto sale un alquiler, y es una locura. Es más, tengo un conocido que se mudó hace poco y está pagando 900 mil pesos de alquiler. Está bien que tienen trabajo, pero no todos pueden pagar ese monto”.
“Si uno encuentra un alquiler accesible, por ahí la casa no está habitable, o hay humedad o las estufas no andan, o el baño tiene algún inconveniente. Esos son los reclamos que yo atiendo. Hay un caso de un inquilino al que nunca le anduvo la estufa de una habitación y nunca la arreglaron. Ahora le querían subir el alquiler y le pidió que arreglen esa estufa porque acá no es como en el norte y se necesita la calefacción”, citó como ejemplo.
Puso énfasis en la falta de controles de las propias inmobiliarias y lamentó que no se haya podido regular por ordenanza. “Cada inmobiliaria debería tener un control, deberían ir gasistas, electricistas, para controlar que cada propiedad esté en condiciones. Esto se había planteado en un proyecto de ordenanza, pero como siempre quedó en la nada. Realmente no hay un control de parte de las inmobiliarias y por dueño directo tampoco, porque no hay matriculados que verifiquen el estado de la propiedad que se va a alquilar”, cuestionó.
“No hay valores de referencia y se están haciendo contratos de tres, cuatro o cinco meses, que van actualizando. Hay gente que alquiló hace poco y le hicieron un contrato por tres meses, pero antes de que se cumpliera el plazo ya le querían volver a aumentar. La gente en estos casos alquila de forma particular, firman un contrato y ese contrato está sellado, pero ni ellos mismos lo cumplen”, dijo.
En el contexto actual no hay cómo defenderse ante estos abusos. “No queda más que mandar carta documento intimando a la persona. Cuando me llaman, les aconsejo primero que hablen y puedan llegar a un acuerdo con el propietario. Si no se puede, se intima por carta documento. Después hay que esperar la contestación y todo lo que viene. Hasta ahora en general se logra llegar a acuerdos”, indicó.
“Después del DNU hay más propiedades en alquiler, tanto viviendas como locales comerciales, pero con un incremento de precios. Una propiedad de dos habitaciones está a 400 mil pesos. Mucha gente se está yendo y mucha gente lamentablemente tiene que dejar los alquileres porque se van de la isla o se van a vivir con algún familiar. Hay gente que perdió el trabajo y otros no pueden pagar la renovación del contrato. En algunos casos están aumentando un 100% la renovación del contrato y no es lo que corresponde, aunque esté desregulado. Es difícil porque no hay alguien que controle. Un dueño directo va a pedir lo que cree que vale su propiedad”, concluyó.
