El Dr. Paulino Rossi, abogado patrocinante de las 60 familias estafadas por los responsables del fideicomiso de Altos de la Patagonia, aseguró que existiría la figura de asociación ilícita entre la cúpula policial (ex jefes de la Policía de la Provincia) que manejaba la Caja Compensadora y un grupo de reconocidos empresarios de la provincia. El monto involucrado supera los 1.200 millones de pesos, y sería el más importante en la historia fueguina. Rossi cuestionó la inacción del Gobierno provincial, por tratarse del manejo de fondos públicos, como también de los organismos de contralor. La causa penal está avanzando y los denunciados ya fueron notificados de derechos y garantías.
Río Grande.- El Dr. Paulino Rossi dio detalles por Radio Provincia de la causa que tramita en sede civil y penal, vinculada con la estafa a 60 familias con la venta de terrenos, por un monto que superaría los 1.200 millones de pesos.
Se trata de familias que no recibieron los terrenos del barrio Altos de la Patagonia en la ciudad de Río Grande y para Rossi “estamos ante un caso realmente escandaloso, primero por el importe. Es la estafa más grande en la historia de Tierra del Fuego, y lo hace doblemente escandaloso quiénes son los responsables de esta estafa”, dijo.
“Nosotros estamos trabajando no solamente en esta figura penal sino que estamos convencidos de que también hay una asociación ilícita, porque hubo un grupo de personas que deliberadamente organizaron un plan para delinquir y saquear fondos públicos. Fueron tan inescrupulosos que cruzaron la raya de la impunidad que les generaba la situación de poder en que se encontraban”, manifestó.
“Quisieron llegar más allá y llegaron al punto de estafar a 60 familias, que pagaron con mucha ilusión un terreno. Algunos lo pagaron al contado, otros en cuotas. El proyecto tenía una aparente solvencia, pero sabían que no iban a poder entregar los terrenos, que hoy son un baldío en el sector más caro de la zona norte”, aseguró.
En cuanto a los integrantes de esta organización que se dedicó a saquear fondos públicos y de la gente, dijo que “son ex comisarios. Increíblemente la cúpula de la caja de la policía provincial, encabezada por el ex comisario Dardo Estefó, fueron los responsables, junto a otros comisarios retirados que estaban a cargo de la administración de fondos públicos”.
Explicó que “la caja se compone de una parte del sueldo de los policías, que se reserva para pagar futuras jubilaciones. Deberían hacer inversiones para hacer rendir ese dinero, pero se dedicaron a saquear la caja para beneficio personal y generaron un negocio inmobiliario que ha sido una estafa grosera”.
“Por otro lado hay empresarios inescrupulosos de aparente solvencia, de las empresas más grandes de Tierra del Fuego. Cuando se empiece a tirar el hilo de esta conducta delictiva seguramente habrá otras operaciones similares”, barajó.
Presiones políticas
El abogado aseveró que hay presiones políticas e inacción de organismos de control y de funcionarios públicos, que deberían estar accionando. “Esta causa es incómoda porque hay mucha presión política y siempre fue muy difícil avanzar. Defensa del Consumidor nunca dio ningún tipo de respuesta y nosotros hemos avanzado con demandas civiles que buscan un resarcimiento económico, además de las denuncias en el fuero penal. Todos han sido notificados de derechos y garantías, el fiscal ha considerado que hay elementos que ameritan profundizar la investigación sobre la responsabilidad penal de funcionarios que administraban fondos públicos y de empresarios muy reconocidos dentro de la provincia”, dijo.
“Los terrenos no se entregaron ni se van a entregar. El fideicomiso estaba administrado por el señor Darío Prieto, empresario de turismo de Ushuaia; y las obras estaban a cargo del responsable de FINANCAR, que es Walter Agra. Agra es conocido por el Hard Rock Café, y sabemos que tiene ribetes bastante oscuros. La maniobra fue cobrarle en cuotas a la gente, en 2017 tenían que entregar los terrenos y empezaron a argumentar demoras y problemas administrativos, pero hablamos de la cúpula de la policía involucrada y de empresarios serios aparentemente”, subrayó.
“La gente confió, colocaron una cartelería espectacular, hubo amplia difusión por las redes para poder captar compradores de terrenos. En primera instancia eran policías que compraban su terreno y luego fueron vecinos de la ciudad. Cuando se acabó la plata para sacarle a la gente, desaparecieron de la faz de la tierra. Cerraron las oficinas, no respondieron más los teléfonos, y la gente sigue boyando de lado a lado. Nosotros hemos tomado esta causa y estamos avanzando fuertemente en el fuero civil y el penal. Llama poderosamente la atención en una provincia que ha regularizado miles de terrenos ocupados el silencio de las autoridades actuales de la caja previsional y de las autoridades del gobierno. Son familias que pagaron su terreno y esto se administraba con fondos públicos de las jubilaciones de los policías en actividad. Ni siquiera los han atendido y ni hablar de darles una solución a estas familias”, lamentó.
Agregó que esta maniobra “viene desde hace mucho tiempo. En 2017 era la fecha de entrega y esto se empezó a dilatar. De un día para otro desaparecieron todos, cuando no había nada más que saquear y cambiaron los vientos políticos con las autoridades de la caja”.
Antecedentes dudosos
Rossi apuntó que “siempre hubo cuestiones poco claras en el manejo de los fondos de la caja, pero en este caso cruzaron todo límite porque avanzaron sobre 60 familias que pagaron un terreno completo y no tienen nada. El argumento que hoy ponen las autoridades de la caja es que no pueden avanzar hasta que no termine el juicio contra los seis integrantes del fideicomiso, porque este grupo, encabezado por Agra, le está haciendo juicio a la caja compensadora y la caja ha hecho una contra demanda. La mejicaneada entre delincuentes a mí no me interesa. No podemos esperar que resuelvan entre ellos quién se llevó la plata que era de terceros. Resolver eso puede tardar años y lo que hay que hacer de manera rápida es darle solución a las 60 familias”, enfatizó.
“Mientras más información tenemos, más convencidos estamos de que acá se está configurando una asociación ilícita. Nosotros estamos solamente en esta causa, pero el edificio de Hard Rock Café era de la caja compensadora. Uno empieza a ver las distintas maniobras que se hacían con inmobiliarias de familiares directos y de miembros de la caja que cobraban suntuosas comisiones por esta compra y venta de inmuebles. Alguien convencía a la caja de que era buen negocio comprar una propiedad y después aparecía mágicamente un empresario. Eso fue lo que se hizo con el Hard Rock: la plata la puso la caja, las remodelaciones supuestamente las hizo un empresario con una concesión, pero hay informes técnicos que demuestran claramente que los niveles de inversión que argumentan no son tales. Hay operaciones similares que se han llevado adelante en la municipalidad de Tolhuin. Yo no soy Fiscal de Estado ni Tribunal de Cuentas, pero estamos hablando de que tenemos notificados de derechos y garantías a cinco comisarios de alta jerarquía en la provincia, y empresarios con muchos contactos políticos, y deberían accionar”, reclamó.
“Lo que pasó en Altos de la Patagonia fue el extremo al que se animaron a estafar, pero el manejo de la caja tiene cuestiones muy poco transparentes y será cuestión de que se siga avanzando en la línea investigativa, porque la plata de las jubilaciones es de los actuales policías y han saqueado ese dinero”, concluyó Rossi.
