El presidente de la Cámara de la Construcción de Tierra del Fuego, Daniel Wallner, planteó un panorama complejo a partir de la suspensión de la obra pública con fondos nacionales, y ahora se apunta a llegar a un acuerdo para poder terminar primero las que tienen un 90% de avance. En tanto esté vigente el convenio, no hay otra alternativa más que reclamar los fondos que corresponden y no hay intención de judicializar los reclamos por parte de las empresas. Aclaró que los inconvenientes vienen desde hace más de un año, con retrasos en el envío de fondos del gobierno anterior que demoraron la ejecución de obras.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Daniel Wallner, expuso en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia el escenario actual en materia de obra pública y las alternativas que se barajan para poder finalizar las que ya están casi terminadas.
Ante todo aclaró que “el problema de la obra pública con fondos nacionales no empezó ahora, porque viene desde hace más de un año. Los certificados de nación siempre se pagaron con atraso, llegaron hasta los 90 días, con una inflación que llegó a más del 200%. A medida que avanzaban las obras, la situación se iba complicando porque no había forma de financiarlas con semejante atraso. En el medio se venía produciendo una distorsión con el índice de actualización que utiliza nación, que no venía reflejando la realidad. Lo que se certificaba a través de ese índice no era lo real que se debía estar cobrando. Se hicieron reclamos el año pasado y ya a mitad de año se complicó el cobro de la parte de nación. El gobierno estuvo apoyando al IPV para poder hacer frente a algunos certificados y diferencias de atrasos, pero eso duró hasta que lo pudo hacer el gobierno. Llegamos a fin de año con un parate de todas las obras y una situación bastante complicada, porque hay obras que están muy avanzadas, arriba del 70%, otras que están en el 50% y otras que están en el 40%”, dijo.
“Al informarnos de que las obras se iban a suspender, algo que veníamos previendo desde los anuncios del nuevo presidente por el mes de noviembre, no teníamos certeza de lo que iba a pasar hasta que se concretó. Todos esperan que una vez que estén nombrados los funcionarios en cada área, los gobiernos provinciales puedan sentarse a charlar sobre el financiamiento que está comprometido. No está sucediendo esto porque no hay ningún funcionario del área pública que esté en condiciones de sentarse con los representantes de todas las provincias. Todo depende del Ministro de Economía y todas las puertas están cerradas”, aseguró.
“Como dijo la semana pasada la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, no se puede hablar con nadie, porque no hay ninguno que esté en condiciones de asumir ningún compromiso. Estamos todos colgados, en un compás de espera y con todas las obras paradas. Se ha despedido a un montón de gente y lo peor es que no sabemos qué va a pasar a futuro, porque la provincia no tiene los fondos para hacer frente a 500 viviendas, por ejemplo. En este momento estamos con una incertidumbre bastante grande y sin un panorama concreto a futuro”, expresó.
Dado que se había dicho desde el nuevo gobierno que las obras en ejecución se iban a finalizar, se le consultó si hubo avances. “Las obras que estaban licitadas se cayeron todas, las que estaban adjudicadas es claro que no se van a ejecutar y la discusión se centra ahora en terminar lo que estaba iniciado. Hay cierto compromiso verbal de acompañar a los que están más cerca de entregar, pero no hay nada escrito. Tenemos la ilusión de que por lo menos van a ayudar a terminar esas obras pero en la realidad todavía no hay nada. Si las cosas no están escritas o no está firmado un convenio, es lo mismo que nada”, sentenció.
Desocupación extrema
Cabe recordar que el secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, estimó en un 90% la mano de obra desocupada. Wallner no pudo certificar si es ese el porcentaje pero adelantó que lo será en los próximos meses- “No sé si será el 90% porque es distinta la situación en las ciudades. En Ushuaia hay mucha obra privada relacionada con el turismo y eso capta cierta parte de la mano de obra que está desocupada. La obra de viviendas ocupa por lo menos a 800 ó 1.000 personas entre las dos ciudades. En Río Grande es más grave, porque no tenemos el volumen de obra privada que tiene Ushuaia. La obra pública también involucra a proveedores, a corralones, a subcontratistas. Hay una cadena de servicios alrededor de la obra pública, y no solamente se perjudica la mano de obra directa. No sé si la desocupación en Río Grande ha llegado al 90% pero va a llegar en los próximos meses”, pronosticó.
Apuntó que, si bien las obras están paradas, “queda personal fijo, como los serenos y hay que seguir pagando los seguros, entre otras cosas. Ese es el problema que estamos teniendo porque, al momento de suspender las obras, la ley de obra pública dice el comitente tiene que hacerse cargo de esos gastos y pagárselos a la empresa. Eso es lo que estamos tratando de acordar en este momento, para que el comitente se haga cargo de esos gastos mínimos indispensables. Esto es necesario porque, además de la deuda que se tiene con las empresas, se sigue generando más deuda”, advirtió.
El volumen de empresas involucrado es importante. “Dentro de la Cámara tenemos a 23 empresas entre Río Grande y Ushuaia. No todas trabajan con obras públicas y son no más de 15 empresas las que hacen esta actividad. Desconozco la cantidad de empresas que no están vinculadas con la Cámara y no tenemos registro de eso”, dijo.
“Las empresas radicadas en Tierra del Fuego tienen la suficiente capacidad como para llevar adelante las obras que tienen contratadas, sean obras de viviendas o de infraestructura. En el microestadio participó una empresa de fuera de la provincia, nosotros protestamos pero así quedó. Es una obra que heredamos del gobierno anterior y tampoco es tan grande como para que haya que recurrir a empresas de otras provincias”, señaló.
Definiendo prioridades
Wallner avizoró que “en el corto plazo no va a pasar nada y todo esto se va a ir definiendo después de mayo o junio. Si esto se resuelve para julio o agosto, en la isla tenemos que esperar a septiembre para retomar los trabajos que se decidan continuar. En el corto plazo va a ser imposible, porque además no es el único tema que tiene que resolver el gobierno nacional y cada provincia. Hay otros temas tan importantes como este y no sé si estamos primeros, segundos o cuartos en la fila de prioridades”, expuso.
“En el caso particular de Tierra del Fuego, no pueden quedar 500 viviendas a medio hacer. Indudablemente la intención de la provincia es terminarlas y eso lo ha dicho claramente el gobierno, pero hay que ver cómo. La misma situación que tenemos nosotros la tienen todas las provincias del país en mayor o menor grado”, sostuvo.
Se le consultó si desde el punto de vista legal se puede hacer algún reclamo, a partir de que existen contratos firmados. “De acuerdo a la ley de obra pública, si ya hay cierto atraso de más de tres meses, hay derecho a rescindir el contrato y reclamar los gastos, pero no es la intención de las empresas llegar a ese punto, a menos que sea casi forzoso. En este momento estamos en una situación de suspensión de obras, donde el contrato queda suspendido por seis meses, que pueden ser más, y en este periodo nos comprometemos ambas partes a seguir analizando cómo el comitente consigue los fondos necesarios para ver qué y cuánto se puede hacer. Hay un montón de alternativas que se pueden seguir barajando en la medida que se consiga disponibilidad de fondos, y en eso estamos trabajando en este periodo de suspensión. Ambas partes queremos llegar a un final feliz, porque nadie quiere una obra a medio hacer o abandonada. Dependemos mucho de las decisiones del gobierno nacional”, subrayó.
“Estamos analizando planes alternativos junto con el gobierno, los municipios y el IPV, pero son planes. Estamos en la etapa de diálogo y ojalá se concreten cosas rápido, pero tenemos que estar preparados para que esto pueda ser a más largo plazo. En el caso particular de las viviendas, hay intención de ambas partes de ir terminando las más próximas a finalizar a medida que se vaya consiguiendo el dinero. De esa manera se van liberando viviendas, se entregan al IPV y el IPV tiene un ingreso por la venta o el alquiler. En Río Grande tenemos 204 viviendas de nación más 54 con fondos propios. Las 54 viviendas están arriba del 90%, muy próxima a terminarse. De las 204 viviendas, hay 84 que están arriba del 60%, hay 60 viviendas arriba del 50%, y el resto están alrededor del 40%”, concluyó.
