La presidente del IPVyH, arquitecta Laura Montes, informó que las viviendas que se vayan entregando se destinarán a un alquiler que no puede superar el 30% del haber. Con esto esperan que se vaya depurando el padrón de demanda. Otra alternativa es adjudicarlas a quienes puedan hacer una entrega importante, por ejemplo por la venta de un vehículo. Quedaría un cupo para los sectores vulnerables pero esencialmente apuntarán a la clase media con poder adquisitivo. Hoy el organismo recauda 50 millones por recupero y tiene 300 millones de gastos en salarios. El corte del financiamiento nacional impone una adaptación de la modalidad, dijo.
Río Grande.- La presidente del IPVyH, arquitecta Laura Montes, informó sobre las alternativas que se están manejando ante el corte del financiamiento nacional, que determina un cambio de perfil del adjudicatario, para apuntar a la clase media con capacidad de pago.
Por Radio Provincia dijo que “los financiamientos nacionales están absolutamente parados y hay un estado de incertidumbre porque no están nombrados los funcionarios que puedan atendernos y contestar en qué van a quedar los convenios pendientes y los contratos de obra”.
“Los últimos pagos de certificados son de octubre del año pasado, luego nosotros seguimos certificando y rindiendo, pero se ha disparado significativamente el precio de los materiales y de la mano de obra, y tuvimos que sacar una resolución con la suspensión hasta tanto veamos cuál es la política de vivienda que va a tener el gobierno nacional. De eso dependemos”, sostuvo en el programa ‘Buscando el Equilibrio’.
“Una cosa es el financiamiento nacional y otra el fondo nacional de vivienda, que es la coparticipación que tiene el IPV. La deuda con nosotros es del FONAVI por parte de nación y nos adeudan desde noviembre algunos certificados, y también hay algunos de octubre”, indicó.
Ante la falta de financiamiento, la provincia fue girando fondos, teniendo en cuenta la situación deficitaria del organismo. “Hay aproximadamente 1.900 millones que le debemos a la provincia. Hay otro convenio por 600 millones más que todavía no se ha cumplido. En concepto de obras debemos algunos intereses, debemos certificados a partir de noviembre y diciembre. En total con los avances de obra la deuda supera ampliamente los 8.000 millones”.
“Desde nación no cumplen con lo que se proyecta. En febrero debían depositarnos 290 millones y terminaron depositando 130 millones. Cuando uno pregunta por qué la liquidación es así, no hay respuesta porque no hay funcionarios designados. No responden ni siquiera cuando mandamos las consultas por escrito. Yo he vivido varios cambios de gobierno y nunca han tardado tanto en dar una respuesta. Por más que esa respuesta sea la menos optimista, por lo menos nos marcaría un norte para poder proyectar. Diariamente seguimos comprometidos con nuestros contratos de obra, con los convenios firmados con ellos”, dijo.
Recordó que “a fines de enero fuimos con la ministra Castillo y nos dijeron de palabra que solamente iban a seguir financiando obras que estuvieran en más del 60 u 80% avanzadas, y que iban a analizar cómo estaba cada obra. Nosotros mandamos una carpeta completa con todas nuestras certificaciones, con fotografías, indicando el avance de obra, los plazos, pero no recibimos ninguna novedad. Tenemos gente de planta de gestiones anteriores que trabajaban en el Ministerio de Vivienda que nos dicen que no hay novedades. La gente no está nombrada y no pueden tomar decisiones. Estamos en un compás de espera complicado, que genera muchísima ansiedad, falta de programación y de proyección”, subrayó.
Viviendas por terminar
Con respecto a las 500 viviendas, indicó que “nosotros tenemos una deuda de aproximadamente 8.000 millones. Los avances de obra rondan entre el 40 y el 70%, y hay algunas viviendas que están al 95%, que son las 54 viviendas de Chacra XIII. En este caso faltan algunas conexiones, los artefactos, las terminaciones en general, pero están prácticamente terminadas. Nosotros le debemos a la contratista y existe un período de ajuste de precios de obra que estamos tratando de terminar”.
“Hay algunas viviendas que hace el IPV con fondos propios, pero hoy tenemos déficit por la deuda del FONAVI. En general para casi todas las obras dependemos de los fondos nacionales. Estamos trabajando en varias opciones. Todavía estamos esperando que la nación se expida por escrito, pero mientras tanto hemos ampliado nuestra demanda, porque el rol del IPV cambia por la política nacional. Estamos apuntando a una demanda de clase media, antes era la vulnerabilidad y la gente con imposibilidad de acceder a una vivienda. Lo que absorbía el PROCREAR lo estamos absorbiendo nosotros, que es clase media, empleados estatales, gente bancarizada. Como tenemos que terminar las viviendas, estamos viendo la posibilidad de que se vendan con anticipo. Aparte de tener la antigüedad de inscripción, vamos a tener que empezar a exigir capacidad económica. Esto hay que reglamentarlo dentro del IPV, porque nunca hemos trabajado así, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva política”, expresó.
“En la balanza es preferible terminar las viviendas con adjudicatarios que puedan tener un ahorro previo o hacer una entrega anticipada, que dejarlas sin terminar. Obviamente vamos a propiciar que una parte de la demanda que tiene más recursos pueda acceder. Por ejemplo, alguien que pueda vender su auto y entregue 8 millones de pesos para acceder a la vivienda. No vamos a poder dar respuesta al que tiene planes o no tiene trabajo fijo”, advirtió.
“Nosotros teníamos un cronograma de entrega de viviendas para marzo, junio y julio, pero hoy, con todas las obras paralizadas desde noviembre, eso está suspendido. Veremos si para julio o agosto tenemos una respuesta, para poder avanzar con todas las readecuaciones que deberíamos hacer para seguir funcionando como instituto”.
Se le preguntó si hay riesgo de embargo de las cuentas por incumplimiento de contratos, como ocurre en Entre Ríos. “En más de 40 años siempre hemos tenido diálogo con las empresas. Obviamente puede haber idas y vueltas con la Cámara de la Construcción pero estamos en comunicación, ellos defendiendo su postura y nosotros la nuestra. Hemos hecho muchas consultas al Tribunal de Cuentas, pero los contratistas saben perfectamente de un año a esta parte cuál es la situación financiera del IPV y de la provincia. En muchas oportunidades cuando la nación no cumplía, cumplía el IPV. Eso sucedió históricamente, pero hoy no es posible”, lamentó.
“Hasta el gobierno de Macri había una ley que no permitía indexar las cuotas del IPV y las viviendas tenían una cuota fija, que se fue depreciando muchísimo en el tiempo. Luego hubo una indexación cada dos años de aproximadamente el 30% y desde el año pasado la indexación está atada a la unidad de vivienda, que es la unidad que tenemos para la determinación de las obras. Yendo a los números, hoy tenemos 5.000 adjudicatarios que están pagando la vivienda y el recupero es de aproximadamente 50 millones de pesos mensuales, pero nosotros tenemos sueldos por 300 millones. El recupero sería algo que nosotros tendríamos que reinvertir y lo que manda el FONAVI también lo tendríamos que reinvertir. Queremos que el recupero de las cuotas de las viviendas que estamos entregando sirva para construir nuevas viviendas, porque con 50 millones no hacemos ni una sola casa, que cuesta 80 millones de pesos”, planteó.
Cancelación anticipada y desadjudicaciones
Consultada sobre el resultado de la cancelación anticipada que estuvo propiciando el instituto, dijo que “hay 810 adjudicatarios en toda la provincia que cancelaron. Esto generó un ingreso de 500 millones para el IPV, que obviamente sirvió para pagar obras que estaban atrasadas y obras complementarias que hicimos. Parece mucho dinero pero en la obra pública no lo es. Estamos pagando certificados por más de 100 millones”, citó como ejemplo.
“En general tenemos un grado de morosidad que no supera el 12 ó 15% y no genera un desfasaje importante. Estamos poniendo un poco más de mano dura con esa situación, se hacen las intimaciones que corresponden y si no se ponen al día se procede a desadjudicar. Ya hemos desadjudicado viviendas tanto en Ushuaia como en Río Grande, porque tenemos que cuidar nuestro capital. En total no superan las 150 viviendas. Tenemos muchos morosos y estamos viendo la posibilidad de recuperar todos los convenios. Hay un convenio que el gobernador nombró como popular o social y nosotros lo tenemos en vigencia desde hace mucho tiempo con el nombre de convenio de ocupación con canon de uso, que es como un alquiler”, explicó.
“Tenemos cuotas de dos mil, seis mil, diez mil pesos, y las más nuevas no superan los 100 mil pesos. Están muy por debajo de un alquiler. Tenemos un rol social pero debemos adaptarnos a los cambios que son de público conocimiento. Si no hay respuesta de nación, vamos a tener que salir con nuestras propias operatorias. Tenemos previsto alquilar las viviendas una vez que se terminen y estamos viendo las posibilidades para adaptarnos hasta que nos digan qué hacer”, adelantó.
“Hay gente que no va a querer alquilar las viviendas de los que están en el listado y se va a ir decantando la demanda. Obviamente el alquiler va a ser mucho más económico, porque el gobernador dijo que no puede superar el 30% del haber. Va a haber un porcentaje que será para la vulnerabilidad, para personas de la tercera edad que tengan como ingreso la jubilación. Ellos van a tener una cuota de alquiler muy baja, pero la vivienda va a seguir siendo del Estado. En el caso de la tercera edad, cuando la persona fallece, la vivienda vuelve al Estado y se puede alquilar a otra persona en las mismas condiciones”, apuntó.
Aseguró que “ya hay provincias que trabajan de esta manera hace años. Mendoza por ejemplo no inscribe gente, termina un plan de viviendas y salen a licitación las adjudicaciones o los alquileres. En Tucumán pasa lo mismo”.
Finalmente informó sobre la suspensión de la Asamblea Nacional de Vivienda prevista para el 21 de marzo, porque “no hay autoridades designadas”.
