El abogado apoderado de la empresa Roanmat Miguel Ángel Febre informó que denunció penalmente ante la justicia federal al intendente de Tolhuin Daniel Harrington y al responsable de Catastro municipal Sebastián Bellafronte y a funcionarios provinciales por destrucción las instalaciones del Complejo Termas del Río Valdez, desmantelamiento de la maquinaria vial de propiedad de Roanmat, incumplimiento de los deberes, por la coacción e intimidación para que desaloje la propiedad y por incitar a la usurpación de la propiedad. El letrado dijo: “sostenemos que no pertenecen ni a la provincia ni al municipio porque las reservas no implican propiedad del Estado, sino solamente condicionan el uso, por eso la misma ley que crea las reservas reconoce la propiedad privada. Ahora bien, los funcionarios, al no aprobar las mensuras aduciendo que es propiedad estatal, están arrogándose las atribuciones del Poder Judicial, lo que implica lisa y llanamente despojar, apropiarse, expropiar sin pago, de la propiedad privada, propiedad privada que lo constituye la posesión como un derecho real”.
Río Grande.- En el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Provincia, el abogado de la empresa Transportes Roanmat Miguel Ángel Febre, brindó detalles de la situación de las Termas del Río Valdez.
En primer término aclaró que “las termas no pertenecen ni a la provincia ni al Municipio de Tolhuin porque cuando hablamos de bienes privados del Estado -salvo los bienes públicos- estamos hablando de la tierra y en estos bienes privados son susceptibles de apropiación y de venta. En este caso en lo que tienen que ver con las reservas como la ‘Reserva del Corazón de la Isla’ nada tienen que ver con la cuestión de la propiedad y tal es así que en la misma ley se respeta la propiedad privada”.
El letrado continuó diciendo que “lo que no entienden determinados funcionarios, es que el hecho de que sea una reserva no implica propiedad para nada del Estado; es decir, lo que era de los particulares se respeta porque son de los particulares”.
“La propiedad prescribe indefectiblemente a los 20 años de uso”
Febre explicó que “cuando se hace una reserva es justamente eso, ‘reservar’ en cuanto al uso, en cuanto a la explotación, ponerle límites a la propiedad privada respecto al uso, pero no se habla de propiedad privada. Esto no solamente se tiene con los problemas de las Termas del río Valdez, también se tiene en la Reserva Corazón de la Isla, un proyecto educativo que hay”.
En este sentido dijo que “la Provincia se cree que, porque eso es una reserva, pertenece a la provincia o al Municipio de Tierra y no es así, es tierra privada que tiene condicionamientos respecto al uso. Son reservas para distintos proyectos”.
“Pero cuando hablamos de propiedad, no estamos hablando de proyecto, sino que estamos de propiedad con anterioridad. Porque cuando se habla de Derechos Reales, la propiedad se adquiere por la compra, por una herencia o por la posesión. Cuando existe una posesión de más de 20 años, se prescribe la propiedad a nombre de quien estaba en uso, por eso se llaman los juicios de usucapión que refieren a que si alguien está ocupando un lugar, lo usa como tal durante 20 años, prescribe la propiedad y si hubiese algún título legítimo, a los 10 años”, precisó.
“Este tema del usucapión es muy viejo, viene desde el derecho romano, porque en realidad la tierra improductiva no le sirve a nadie, como tampoco no le servía a los romanos. Entonces quien estaba usando la tierra durante un determinado tiempo, adquiría la propiedad. De eso es lo que se trata la usucapión, para no tener tierra improductiva”, explicó el abogado.
Nacimiento del proyecto de las Termas del río Valdez
“Este proyecto de las Termas del río Valdez empieza con un proyecto ante Nación, cuando esto era territorio; el Estado nacional empieza con un proyecto de querer descubrir, explorar o explotar lo que tiene que ver las tierras y digo explorar porque ni siquiera se conocían donde estaban muy bien. Entonces hubo que hacer toda una cuestión de descubrir, hacer la calle. Hasta ahí estaba todo bien. Como Nación no quería o no podía invertir, hace una concesión de obra con la empresa Roanmat”, memoró Febre .
“Concesión de obra es aquello que en la década del 70 todo el mundo conocerá cuando aparecieron las famosas autopistas; es decir, cuando el Estado no disponía de medios, le daba a un particular la posibilidad de ser la autopista a cambio de una explotación de una determinada cantidad de años y luego eso quedaba para el Estado”.
“Cuando se provincializa Tierra del Fuego, ahí empezaron los problemas. Mientras que con el Estado nacional no había ningún problema, ya que se había construido el camino y se había construido la infraestructura, faltaba solo la cuestión de la mensura. Ahora, ¿quién aprueba la mensura cuando se hace la provincia? Catástrofe de la provincia y ahí empezaron los problemas, problemas que hoy inclusive el vecino común, cada uno que está, lo tiene porque nos encontramos con que las mensuras no son aprobadas porque lo que tiene que ver con catástrofes provinciales, inclusive catástrofes municipales, se cree que tiene derecho a fijar la cuestión de los límites de la propiedad y todo porque es Catástrofe, cuando en realidad el Catastro es un organismo técnico que lo único que debe hacer es delimitar. Sobre el tema de la propiedad o no propiedad, no es Catastro quien debe resolver, sino la justicia, será una cuestión administrativa, pero para nada es Catastro. Sin embargo, esto, en los distintos catastros, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, se cree que se puede limitar la cuestión de la propiedad con la aprobación de los planos de mensura”.
Consultado si ha incoado denuncias penales, Febre afirmó que “se hizo hacia la provincia, hacia los organismos técnicos, porque cuando no se aprueba una mensura que es de propiedad privada, lo que se está haciendo es apropiarse la provincia de algo que no ha pagado, porque no tendríamos que hablar de expropiación y no existe la expropiación sin una ley”.
“El proyecto viable, cuando hablamos de la provincialización, yo digo que empezaron los problemas en ese momento distintas gestiones porque es una cuestión sistemática. Primero se dice que las aguas estaban contaminadas por consiguiente tratar de hacer un emprendimiento con las aguas contaminadas es imposible; después de hacer todos los estudios se determinó que las aguas no estaban contaminadas. Luego viene la cuestión de delimitar lo que tenía que ver con el alambrado, el cerco perimetral, pero cómo voy a hacer un cerco perimetral si primero no tengo la mensura, las mensuras no se aprueban. Entonces siempre tenemos estos escollos de parte de la provincia que tienen que ver con este tema de no desarrollar, lo que tiene que ver con algo tan importante como puede ser el desarrollo turístico”.
“Yo hablaba el otro día con la gente que estaba en Roanmat y digo, pero es un proyecto turístico inclusive para invierno, imagínese lo que puede ser para el turismo tener una fuente de agua caliente en pleno invierno. Hay que imaginarse lo que sería para el turismo venir a Tierra del Fuego y puede la gente bañarse en las termas, sería fabuloso”.
Contar con la mensura no solo es importante en cualquier proyecto para tomar los créditos, “sino para delimitar, es decir, para llevar el gas, para hacer lo que sea, pero ahora las termas están en un agujero negro. Antes se venían pagando impuestos con una parcela determinada, y ahora desapareció esa parcela, vamos al Registro de Propiedad Inmueble y esa parcela no existe, o sea que no se pueden pagar más impuestos, desapareció directamente, esa es la realidad”.
Sobre la carta documento que envió el intendente Daniel Harrigton a Roanmat exigiendo un inminente desalojo, Miguel Febre reiteró que “lo que tiene que ver con las reservas no le dan propiedad ni a la Provincia ni al Municipio de Tolhuin, acá estamos hablando de otra cuestión que tiene que ver con tierra privada en el Estado, repito, privada, no tierra pública y, si hay una tierra privada, hay particulares. En este caso, hay gente que viene con un derecho de posesión de 20 años porque en lo anterior no existía la posesión porque había convenios, es decir, si se está alquilando una propiedad no hay reclamo sobre la misma, para adquirir una propiedad se necesita el animus domini, es decir, se necesita esa independencia para sentirme dueño como tal, no tener obligaciones de pagar, entonces, ahí sí prescribe la propiedad, porque si no, cualquiera que está alquilando durante 20 años va a la justicia y prescribo, no es así”, remarcó.
“Cuando termina la gestión de (Carlos) Manfredotti y estos acuerdos y todo lo demás, existe como el desalojo, pero ese desalojo no se produce porque la familia o la empresa sigue permaneciendo en el lugar. Entonces, a partir de ese momento, transcurrido 22 años de permanencia en el lugar, se prescribe la propiedad, porque en la proscripción de los 20 años no se requiere buena fe, porque a los 20 años no se requiere buena fe, se posee porque se posee, así es la cuestión legal”.
Consultado sobre la devolución de las termas a Roanmat en la gestión Colazo- Cóccaro, el abogado explicó que esa devolución debió ser homologada, “y eso no se homologó y al no homologarse como tal, no existe dentro del derecho. O sea que nosotros tenemos que tomar los 22 años, cuando existe el desalojo, ese acuerdo que quiso hacer Manfredotti y todo lo demás, no se homologó, por consiguiente no se llevó adelante, por consiguiente no existe”.
En el caso de la actuación del intendente Daniel Harrington sobre el intento de ocupación del predio de las termas, “primero, tiene desconocimiento del derecho en el sentido de que cuando existe propiedad privada, así sea posesión y todo lo demás, tendría que haber recurrido a equipos jurídicos especializados o por lo menos sabedores de esta situación respecto a que no era ni nunca fue propiedad del Municipio de Tolhuin, por este tema de lo que tiene que ver con la ley de las reservas. Después, la otra cuestión que es peligrosa, además, porque con este tema de hacer público; es decir, lo que ha habido son hechos de vandalismo y todo lo demás, y siempre hay aprovechados, de meterse adentro por la fuerza, ahí adentro había piletas que tenían aparatos de medición para medir, y se rompió todo”.
Denuncia penal en el fuero federal
Agregó que “esto lo digo en la denuncia penal federal (la semana antepasada) en el sentido de la usurpación”. La denuncia en el fuero federal se hizo contra “Catastro (tanto de la provincia como de Tolhuin) y contra el Intendente Daniel Harrington (como autor intelectual) en el sentido de que acá lo que estamos hablando, cuando uno hace una denuncia por confiscación de bienes, en este caso acá hay una serie de funcionarios, hay determinados actores que tienen que ver con esta confiscación de bienes”.
Detalló que “se denuncian concretamente a los funcionarios que se niegan a la cuestión de aprobar las mensuras, aquellos que incitan la toma de la propiedad, que tendrán nombre y apellido; es decir, surge la primera denuncia penal, concretamente, es el inicio de la investigación. Nos constituimos como parte querella ante los efectos de aportar todas las pruebas necesarias para consolidar lo que tiene que ver con la denuncia”.
Consultado si el gobernador Gustavo Melella está al tanto de la situación, Febre recordó que “han existido dos escritos, inclusive al área técnica y demás, donde se lo interiorizó”.
La empresa Roanmat “solo necesita la aprobación de la mensura, con la aprobación del plano de la mensura para usucapir se delimitará quién es propietario, quién no es propietario, se evade el juicio directamente. Esto es una obligación del organismo técnico (Catastro) y no puede decir que no lo firma aludiendo a que la propiedad no es Roanmat o que es del Municipio de Tolhuin, eso es un resorte de la justicia”.
En este sentido dijo que “de no aprobar la mensura, no puede prosperar lo que tiene que ver con la presentación de usucapión”.
“Una mensura para usucapión que nosotros hemos presentado, artículo 650, dice: Vía sumaria, requisitos de la demanda, cuando se trate de probar la adquisición de un dominio de inmueble por la posesión de conformidad a las disposiciones de la leyes de fondo, se observarán las reglas del proceso sumario con las siguientes modificatorias: Se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testifical. La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el Registro de la Propiedad Inmueble donde conste la contención jurídica del inmueble, debiendo informar dicho organismo con precisión y amplitud los datos sobre el titular o titulares del dominio. También se acompañará un plano firmado por profesional matriculado -hasta ahí se presentó- que determine área, linderos, ubicación del bien que será visado por el organismo técnico-administrativo que corresponda. Y ahí viene el problema”, dijo.
Aquí el apoderado dijo que “a la usucapión la podríamos haber presentado en Catastro de la provincia, pero lo hicimos en Catastro de de Tolhuin ya que es del municipio y Catastro de Tolhuin dice: eso no se puede firmar porque (las termas) pertenece al Municipio”.
“Con el tema de la denuncia y apropiación de bienes, es mucho más profundo el tema, porque yo hablé de la Reserva Laguna Negra que tiene que ver con proyectos educativos. Pero tiene que ver con que la provincia, es decir, está, de alguna manera, por distintos motivos, regalando tierra que es del Estado a particulares. De eso es de lo que se trata”.
“No solamente ese tema, sino que el Estado, cuando uno habla de la Nación, tiene que ver con la tierra pública del Estado, que es la que baña la línea de más alta marea, la que está a la orilla de las rutas nacionales, y resulta que de la noche a mañana aparece la propiedad de un particular. Se hacen barrios sobre lo que es tierra pública. Entonces, ¿en qué momento aparece la propiedad? Esa denuncia, yo recuerdo que la hice hace unos cuantos años”.
“Quién exterioriza más este tema de querer apropiarse, es el Intendente Daniel Harrington, ¿quién es el que incentiva la usurpación de la propiedad? Es el Intendente, directamente. La cuestión de esa, lo de la tranquera y todo lo demás. Directamente existía la venia por usurpación”.
“En el caso del intendente Daniel Harrington están existiendo cuestiones, porque he tomado otro caso, con gente que ha pagado la propiedad, que lo ha hecho todo y sin embargo (el Intendente) está anulando esos decretos y está otorgándose la propiedad a otra gente que hace más de 20 y pico de años que está, que adquirió el inmueble y todo lo demás, esto es lo que está sucediendo hoy en Tolhuin”.
“Debería tomar intervención el Consejo Deliberante y llamarlo al Intendente”, concluyó Miguel Ángel Febre.
