La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia evaluó la aprobación de la ley que suspende las ejecuciones por deudas con AREF, por el término de un año. Aclaró que en el caso de la AREF la judicialización es inmediata y que, una vez que se cancela la deuda, hay que esperar tres meses para que se levante el embargo. Por esta razón continuarán con el próximo paso, que es gestionar una reducción de esos plazos en la justicia, y también prevén plantear a la AREF la necesidad de una nueva moratoria para cancelar deudas. Respecto del compromiso de mantener los puestos de trabajo, dijo que como cámara no pueden tomar una decisión que le compete a los privados.
Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, evaluó por Radio Nacional Ushuaia la aprobación de la ley que instruye a la AREF a dejar sin efecto las ejecuciones fiscales en marcha o por iniciar, por el término de un año, y con la condición de que los contribuyentes adhieran a un plan de pago o moratoria en un plazo de seis meses.
Si bien no se legisló bajo la figura de una emergencia comercial, como en el período de la pandemia, Fernández se mostró conforme con el texto de la norma. “Nosotros comenzamos este trabajo hace unos dos meses con el Ministro de Economía, a quien le planteamos la situación que teníamos con una gran cantidad de socios con cuentas embargadas. No es que la AREF sea mala, sino que estaba cumpliendo con su obligación, con lo que le manda la ley. La diferencia entre los embargos de AREF y los de AFIP, es que los de AFIP ya habían sido suspendidos hasta julio por el gobierno nacional. AREF la diferenciación que tiene es que, también por ley, no realiza embargos por la agencia sino que van por medio del juzgado provincial. Por esta razón el levantamiento de las cuentas, una vez que se paga, tarda aproximadamente tres meses, aunque se haya cancelado en cinco o seis días la deuda”, explicó.
“Esta situación es la que deja a la mayor parte de los comercios que no han podido pagar totalmente indefensos, porque la mayor cantidad de ventas en este momento se está haciendo con tarjeta de crédito”, sostuvo, y dio cuenta de los montos que no pueden cobrar para poder pagar, precisamente por los embargos.
“El comerciante que tenía una judicialización tiene la cuenta embargada y, para que se levante el embargo, tarda aproximadamente tres meses. Además no es una sola cuenta sino todas las cuentas bancarias que tiene el comerciante, y esto nos deja fuera del sistema porque no se puede recuperar la plata. Las ventas se hacen con tarjeta y la mayor parte está bancarizada, lo mismo con las transferencias. Todo entra a esa cuenta de dinero y nos deja fuera del mercado”, manifestó.
Respecto de la cantidad de ejecuciones en marcha, indicó que son alrededor de 700 las que están judicializadas y que “por eso fue el pedido de emergencia, porque el comercio chico es el que no tiene posibilidad de cancelar y la intención nuestra no es no pagar. Sabemos que esto es algo paliativo, que no es una solución definitiva. Veremos cómo seguimos trabajando con esto, pero en estos meses de caída de ventas y baja de rentabilidad, la opción era pagar sueldos y después ver qué pasaba con el resto. Eso llevó a esta situación y, cuando los socios se acercaron, el mejor trabajo que hicimos fue comunicarlo al gobierno, que primero se lo planteó al bloque de FORJA, que fue el primero que presentó el proyecto”, destacó.
“A partir de ahí empezamos a trabajar con cada uno de los bloques de la Legislatura para plantearles la realidad y la situación de los comercios. Hubo un consenso de todos los bloques y la ley se votó por unanimidad. Creo que es un alivio, no es la solución, pero nos da un año para que se puedan normalizar los comercios. También invitaron a adherir a la DPOSS y a la DPE, a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y a las Municipalidades”, apuntó.
Los pasos que siguen
Una vez suspendidas las ejecuciones, los próximos pasos serán conseguir una moratoria y una reducción de los plazos de la justicia para levantar embargos. “Creemos que el paso siguiente para poder arreglar esto tendría que ser la elaboración de una moratoria, para que los comerciantes puedan cancelar antes del año, cuando se levante todo. De acá a un año el comerciante tiene la posibilidad de organizarse para poder cancelar. Todavía no hemos hablado con el director de AREF, que siempre tiene la mayor predisposición para trabajar con la cámara, para plantear la posibilidad de una moratoria. A nivel nacional con CAME, después de esta suspensión, se trabajó con la directora nacional de AFIP y se logró bajar las tasas de intereses punitorios y resarcitorios. Sería interesante conseguir algo así acá. No lo hemos charlado, fuimos yendo paso a paso, para acompañar toda la situación del comercio”, dijo.
También se refirió al universo alcanzado por esta suspensión de ejecuciones, dado que la Legislatura estableció como techo a los que en 2023 no hayan facturado más de 500 millones en concepto de Ingresos Brutos. “Más o menos esta ley alcanza al 89,6% de los comercios, que son los medianos y los pequeños. Con los sueldos actuales y con un alquiler de un local chico en San Martín, para cancelar nada más que eso se tendría que facturar más o menos 15 millones de pesos mensuales, y realmente en este momento a veces no se llega. Los pequeños almacenes de barrio están en una situación complicada y la mayor parte tiene estas deudas con la AREF”, señaló.
En cuanto a los servicios como agua, cloacas y energía, dijo que las deudas son menores de las que tienen los comerciantes con AREF. “Uno no deja pasar tanto tiempo para pagar a la DPE porque, a dos facturas caídas, ya se realiza el corte. Siempre se hacen pagos atrasados pero no se amontona tanto como en AREF”, expresó.
También confió en lograr que se agilicen los plazos para el levantamiento de los embargos de las cuentas por parte de la justicia. “Ese es el trabajo que viene ahora. Primero nos encargamos de solucionar lo inminente, para que no haya más embargos. Ahora vamos a empezar a trabajar para ver qué articulaciones podemos realizar para que el levantamiento de los embargos sea más rápido. Como somos prudentes, vamos paso a paso, porque si no teníamos la ley era imposible trabajar sobre los tiempos de los embargos. Hemos hecho algunos contactos pero todavía no tomamos las acciones directas para lograr esto”, informó.
Finalmente se le consultó sobre el planteo del legislador Raúl Von der Thusen, del bloque Somos Fueguinos, para bajar la carga impositiva, dado que hoy pagan el 1.5% adicional de Ingresos Brutos. “Esto se habló en las reuniones de la Legislatura y él nos acompañó. También propuso que todos los que adhirieran a esta ley tuvieran el compromiso de sostener los puestos de trabajo. Cuando le mostramos la realidad le dijimos que no era posible, y que además como cámara no podíamos tomar la decisión de un particular. Hay muchos que están tomando la decisión de desafectar a algún colaborador porque realmente la carga impositiva se hace cada vez más grande. A nivel nacional se dio un aumento y se ha logrado que fuera no remunerativo, pero a partir de que pase a ser remunerativo, en Tierra del Fuego se complica más la situación por el diferencial de zona que tenemos”, observó, dado que es del 80% en Ushuaia y del 60% en Río Grande.
El Centro de Empleados de Comercio de Río Grande había estimado en 120 la caída de puestos de trabajo en el último tiempo y en el caso de Ushuaia, Fernández dijo que son “más o menos el 50% de Río Grande”.
