El legislador de Republicanos Unidos valoró el debate que tuvo la ley que suspende las ejecuciones fiscales por el término de un año, tanto para comerciantes como para personas físicas. La norma se aprobó por unanimidad, y está pensada para dar un beneficio al pequeño y mediano contribuyente, dado que las grandes empresas no quedaron alcanzadas. Aseguró que esto no tendrá incidencia en la recaudación provincial, porque representa el 0,5% del presupuesto 2023. También ratificó la oposición del bloque a la reforma constitucional pero, ya que está fijada por ley, participarán de las elecciones, dijo.
Río Grande.- El legislador de Republicanos Unidos Agustín Coto evaluó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia la ley aprobada en la sesión del pasado miércoles, que suspende las ejecuciones fiscales por un año. “El dictamen se trabajó en comisión y junto con mi compañera de bloque estuvimos conversando con las cámaras de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Todos acompañamos el proyecto, porque se aprobó por unanimidad, y el objetivo es la suspensión de las ejecuciones fiscales de AREF. Se invita a la DPE, a la DPOSS y a la Cooperativa Eléctrica en el caso de Río Grande, a sumarse a esta iniciativa. Actualmente hay más de 700 ejecuciones fiscales que AREF está impulsando por falta de pago de los contribuyentes, y el pedido es que se suspendan por doce meses. Además se dan seis meses a los contribuyentes para que puedan adecuarse a alguno de los planes de pago que están vigentes. Esto no aplica solamente para comerciantes, sino también para personas físicas, y los grandes comerciantes no entran, porque hay un tope de facturación bruta anual en 2023, de 500 millones de pesos. Esto implica una facturación de 40 millones de pesos brutos por mes, por lo tanto las grandes empresas no entran”, aclaró.
“Esto no está pensado para darle una mano a nivel fiscal a las grandes empresas, como una petrolera, un supermercado, sino para la pequeña y mediana empresa, como una tienda, una despensa o un quiosco”, indicó.
“Ya tenemos 17 meses de caída de ventas y sobre todo para Río Grande esto va a ser beneficioso en el sector comercial, porque un embargo implica no poder usar todas las cuentas, con las que pagan proveedores y salarios. No es una moratoria y no es que se le perdonan las deudas, sino que se dan doce meses de plazo para regularizar y ordenar sus cuentas”, sostuvo.
Consultado sobre el impacto de esta medida en la recaudación provincial, aseguró que no es significativo. “En el peor de los casos, la facturación total es del 0,56% de lo que recauda la provincia, al 31 de diciembre de 2023, que corresponde al presupuesto del año pasado. Si un comercio quiebra o tiene problemas graves de pago a sus empleados y proveedores, al fisco no le mueve la aguja ese 0,5, pero es gigante para el empleo de una persona. Por ese motivo esta medida da una mano sin hacerle un daño a las cuentas de la provincia”, destacó.
Apuntó que se toma como base el 2023 porque “hoy estamos con un presupuesto reconducido y es una realidad que también tiene el gobierno nacional. Con las reconducciones se termina ejecutando un presupuesto viejo y se tiene que actualizar por inflación. Termina siendo medio a ojo, y la realidad es esa. Yo creo que tenemos que repensar las fechas en las cuales presentamos los presupuestos, porque en un país como el nuestro, que viene de muchos años de inflación, presentar un presupuesto en septiembre de un año para que se termine de ejecutar en diciembre del siguiente, termina siendo un dibujo, porque la realidad es otra. En los municipios pasa algo similar. El municipio de Ushuaia modificó la fecha de presentación del presupuesto con la reforma de la carta orgánica, y se hace un poco más tarde. Si no, el municipio tenía que presentar el presupuesto antes que la provincia y la provincia antes que la nación. Terminaba siendo un número ficticio, en el mejor de los casos de buena voluntad”, dijo.
Oposición a la reforma
Por otra parte Coto ratificó la oposición como partido a la reforma constitucional, no obstante participarán de las elecciones. “Nosotros siempre estuvimos en contra de que se convoque a la reforma de la Constitución de la provincia y lo seguimos estando. En la segunda sesión ordinaria se mocionó el tratamiento de un proyecto que derogaba la reforma, algunos bloques lo acompañamos pero no obtuvimos la mayoría necesaria. Lamentablemente eso no prosperó y hoy la ley está vigente. El gobernador está en facultad de convocar a esa reforma. Obviamente creemos que no es el momento oportuno para dar esta discusión, pero no deja de ser una ley, y por lo tanto la cumpliremos como corresponde. Vamos a participar de esa elección y vamos a llevar las ideas que representamos a esa reforma. Lo mismo ocurrió con el Municipio de Ushuaia, porque no estábamos de acuerdo con que se convoque a reformar la carta orgánica pero, habiéndose convocado, participamos de esa elección”, concluyó.
