La Ministra de Trabajo Sonia Castiglione, una de las firmantes del comunicado por el cual algunas provincias hicieron público su rechazo a la reforma laboral, advirtió a los diputados y senadores que tendrán que hacerse cargo de lo que están avalando. Planteó que no se puede avanzar sobre “derechos consolidados” y que, en caso de una reforma, tiene que discutirse en una mesa amplia y con todos los sectores, como se hizo con las leyes que están en vigencia. También se refirió a la mano de obra desempleada en la provincia por el enfriamiento de la economía, y marcó una crisis más aguda en Río Grande, donde impacta la caída del consumo en la industria promocionada y en el comercio local. A su criterio la crisis se va a seguir profundizando.
Río Grande.- La ministra de Trabajo Sonia Castiglione explicó los motivos de la firma del comunicado junto a otras provincias, mediante el cual hacen público su rechazo a la reforma laboral. Son seis las provincias que se pronunciaron sobre las reformas plasmadas en el DNU 70/23 y en el nuevo proyecto derivado de la ‘Ley Bases’, que representan un “avasallamiento” de derechos sociales y laborales, sostienen.
Exponen que estas propuestas “colisionan definitivamente con los derechos constitucionales de los trabajadores” e “implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”. Cuestionan “la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres o la provisión de medicamentos”, como también “el espíritu desregulador que ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica y pone un único techo, que es la recomposición salarial, la negociación colectiva y las paritarias”.
“A este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal, se suma la paralización de la obra pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia. Las provincias son el territorio natural donde acontecen e impactan las decisiones que a golpes de Decretos de Necesidad y Urgencia se adoptan desde el Ejecutivo Nacional”, que a su vez “se ven desfinanciadas al borde de poner en crisis su accionar básico, el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergables”, continúa el texto.
“No hay sector de la sociedad que no esté padeciendo por alguna de las situaciones descriptas, y reiteramos, con flagrante violación de nuestra carta Magna, graves e innecesarios perjuicios, de quizá imposible reparación ulterior. Mientras estas líneas son escritas se profundiza el daño y se ha liberado el precio de la telefonía celular y de los servicios de telecomunicaciones, esenciales para la vida cotidiana, y ha comenzado a circular un nuevo proyecto de ‘Ley Bases’ que en nada subsana el actual estado de cosas. En este estado de situación, las carteras laborales provinciales nos comprometemos a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador”, concluye el comunicado, que lleva la firma de Julio Valdez (Subsecretario de Trabajo de Formosa), Julia Comán (Secretaria de Trabajo de Santiago del Estero), Sonia Castiglione (Ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego), Marcelo Pedehontaá (Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa), Myriam Espinosa (Secretaria de Trabajo de La Rioja) y Walter Correa (Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires).
En diálogo con FM La Isla, la ministra Castiglione dijo que “hemos hablado los ministerios y secretarías de Trabajo de las provincias y es más que preocupante la falta de reacción de algunas áreas de distintas provincias. La reforma laboral, desde el DNU, la hemos analizado y la postura de la provincia es crítica. En todo lo que plantea el gobierno nacional no hay una sola medida que vaya a favor del trabajador y de propuestas superadoras para beneficiar el entorno laboral, no sólo para el trabajador sino para el sistema laboral”.
“Hemos socializado un documento y hay otras instancias que se van a ir llevando adelante, para poner el tema sobre la mesa. Lo que ha presentado el gobierno nacional va en contra de derechos que ya están consolidados y han sido normas que han tenido la discusión necesaria en los ámbitos que corresponde. Hay que ver primero si necesitamos una reforma laboral, si la respuesta es afirmativa, tenemos que discutirlo y ver qué parte de las normas laborales hay que modificar. No puede ser de hoy para mañana. Hay leyes que han tenido su proceso para llegar a la letra que se llegó, y fueron procesos participativos con miradas de todos los sectores e ideologías políticas. Es muy preocupante que el gobierno nacional se pare en el lugar que se está parando, y que utilice como moneda de negociación algo que para ellos está absolutamente cerrado”, criticó.
“Hay que discutir qué tanto hace falta una reforma laboral, en qué términos, y hacerlo en los ámbitos que corresponde discutirlo. Uno viene del ámbito de la producción y el desarrollo, y es muy preocupante que se piense en una reforma laboral cuando no se está pensando en ninguna política de desarrollo, de generación de empleo, de radicación de industrias o de potenciar la industria nacional, porque es todo lo contrario. Se abre la importación para que compita y no se bajan impuestos. Es un combo muy perverso”, calificó.
“Hay preocupación de algunos colegas ministros o secretarios, porque al gobierno nacional no le revientan las cosas en la cara. Las cosas le revientan a las provincias y a los municipios. Los preocupados y ocupados por nuestros vecinos y nuestras empresas que dejan gente cesante, son los gobiernos provinciales y municipales, porque tenemos que salir a contener cuando además están cercenando los recursos a las provincias. Desfinancian a las provincias y generan un caos social porque enfrían la economía; hay despidos porque no hay circulante de dinero para bajar el nivel de inflación, y eso no lo ven Caputo ni Milei, ni muchos de los diputados y senadores. Estas cosas son papas calientes que le revientan en la calle a las provincias y los municipios, que tienen que responder”, sentenció.
“Tenemos que estar preparados y trabajar en propuestas que no tengan un espíritu regresivo en cuanto a los derechos. Dicen que no puede ser que se le cambien las reglas de juego al empresario, al emprendedor, y acá le están cambiando las reglas de juego al trabajador, que es la parte más vulnerable dentro de la cadena”, subrayó la ministra.
En caso de que se apruebe, adelantó que “puede haber caminos por vías administrativas y judiciales, por otro lado hay que empezar a generar herramientas dentro de las provincias para morigerar los efectos. Estamos en manos de los representantes del pueblo que están en el Congreso Nacional. Tenemos diálogo con los senadores y diputados, yo he hablado con la diputada Yutrovich, con Andrea Freites, con Araujo, pero estamos en manos de la decisión de la mayoría. Ellos tendrán que hacerse cargo de lo que están avalando”, advirtió.
Empleo en Tierra del Fuego
Por otra parte, dio cuenta de la situación del empleo en la provincia, que registra caída de puestos de trabajo, suspensiones y cierre de empresas. “Tenemos situaciones distintas en Ushuaia respecto de Tolhuin y Río Grande. Ushuaia, con la actividad turística, ha mantenido una estabilidad en el empleo; hubo algunas desafectaciones en comercios de barrio pero no son sustantivas. En el sector industrial de Ushuaia hubo despidos en Newsan y contratos que no se han renovado, como ha pasado en Río Grande con las electrónicas, porque ha bajado el consumo. En Río Grande tenemos las consecuencias más graves, porque la industria promovida tiene al rubro textil muy parado en todo el país, ahí tenemos suspensiones con reducción del salario; en la electrónica hay problemas de insumos y falta de dólares para pagar proveedores, y hubo contratos que no se renovaron. Los PPD no están trabajando por ahora y según las empresas se reactivaría en agosto o septiembre. También hubo despidos de algunos efectivos, y eso repercute en la masa de dinero que entra en la economía de la ciudad. Esto hace mella en el comerciante que no vende lo que vendía, en el restaurante, la confitería, la panadería, porque hay una caída de la actividad que ha producido despidos en el sector comercial. La caída en Tolhuin es un poco menor y lo más complicado está en Río Grande”, remarcó.
“Hay un enfriamiento de la economía, salarios planchados, inflación que sube, no hay circulante de dinero en la calle y por lo tanto hay menos consumo. Ahí se empieza a prescindir de la mano de obra en general. Creo que esto se va a profundizar todavía más”, concluyó.
