El ministro de Economía Francisco de Vita aseguró que antes de emitir opinión sobre la posibilidad de que en Tierra del Fuego se tenga que pagar el impuesto a las Ganancias, fueron consultados especialistas. Destacó que el titular de la AREF Oscar Bahamonde “es magister en derecho tributario” y no se hizo una “interpretación caprichosa” del artículo 88 de la ley bases. Fue en respuesta a la postura que tomaron tanto CAFIN como la UIF frente a la información del gobierno, quienes explicaron por qué no está alcanzada la provincia, en función de la vigencia de la ley 19640. Reconoció que en la consulta realizada a los diputados que aprobaron la norma la respuesta fue que “no aplica para la 19640”, pero dijo que el ente fiscal podría tener otra interpretación. Ahora esperarán la sesión del Senado y el ministro adelantó que Pablo Blanco ya sentó su oposición a la privatización de Aerolíneas Argentinas y al artículo que insta al gobierno a presentar un proyecto sobre regímenes especiales.
Río Grande.- El ministro de Economía Francisco Devita defendió al contador Oscar Bahamonde, tras la postura pública de la Cámara Fueguina de la Industria y la Unión Industrial Fueguina, a través de Alberto Garófalo y Ramiro Caballero respectivamente. Las cámaras aclararon que la provincia no está alcanzada por el artículo 88 de la ley bases en función de la propia letra de la ley 19640. Precisamente Bahamonde había encendido el alerta en declaraciones públicas, abriendo la posibilidad de que los fueguinos tengan que pagar el impuesto a las Ganancias.
Por Radio Nacional Ushuaia se lo consultó en principio sobre los ánimos en estas jornadas previas a la sesión del Senado. “Estamos con expectativas para ver qué sucede en el Senado. Estuve escuchando a Pablo Blanco, que mencionó que recién estaban iniciando jornadas de debate y que veía algunos errores o cosas que se podían modificar. Él espera que no se trate antes del 30 de mayo, porque quiere trabajar un poco más. Estos proyectos tuvieron cuatro meses de debate en Diputados y ahora se pretende que sean tratados rápidamente”, dijo.
“El senador dio algunas definiciones, con relación a no acompañar las privatizaciones, tampoco el artículo 111, y estaba en duda con el artículo 88, a raíz de la interpretación que hizo el contador Bahamonde –AREF-, a quien nosotros apoyamos, con relación a la posibilidad de pagar Ganancias para rentas de cuarta categoría. Esperamos que haya un buen debate y salga la mejor ley posible, con los menores riesgos para nuestra provincia”, deseó.
Respecto de los aspectos que generan más preocupación, afirmó que “son varios, uno es la privatización de Aerolíneas Argentinas, porque si se convierte en una empresa privada podrían elegir las rutas con mayor rentabilidad y quizás la ruta de Río Grande no tenga la misma frecuencia o no tenga ningún vuelo. Todos sabemos que somos una provincia insular y dependemos de la conexión aérea. El artículo 111 genera mucha preocupación, por más que el presidente haya dicho que Tierra del Fuego tiene derechos adquiridos. Los diputados que propusieron ese artículo desde el 17 de diciembre están atacando constantemente el subrégimen. No lo propusieron haciendo referencia a ajustar el IVA de prestaciones médicas. Cuando hicieron referencia al artículo 111, el bloque de diputados que lo propuso siempre hizo referencia al costo tributario del subrégimen de Tierra del Fuego. El presidente dice que no se va a tocar el subrégimen pero los diputados que lo propusieron nos han atacado constantemente. El artículo 88 también genera preocupación porque, como mencionaba el contador Bahamonde, se incorpora un párrafo que hace referencia a la base imponible, y dice que todos los pagos que se hagan a los trabajadores en relación de dependencia van a formar parte de la base imponible de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, también dice que no es aplicable ninguna ley especial, y nosotros tenemos una exención por la 19640, que es una ley especial”, argumentó.
Asimismo, respondió a los referentes de CAFIN y de la UIF, que descartaron el pago de Ganancias porque se necesitaría modificar la ley. “Me parece fantástico la interpretación que haga cualquier otra persona. Como siempre digo, en el aspecto tributario siempre hay dos bibliotecas y dos posibilidades de interpretación. Una posibilidad de aplicación es la que plantea el contador Bahamonde. Me parece que invalidar la interpretación literal no tiene sentido”, criticó.
“Es otra interpretación y la interpretación que hace el contador Bahamonde es clara. Existe una potencialidad y nosotros decidimos advertirlo con anticipación para que por lo menos en Senadores se pueda verificar. No me parece que esté mal que se pueda advertir esa situación. Si Caballero hace otra interpretación, no hay ningún problema. Nosotros lo advertimos y me parece que es nuestro deber”, sentenció.
Ante estas “dos bibliotecas” se le preguntó si van a consultar especialistas y, según el ministro, ya lo han hecho. “Ya fueron consultados tributaristas, no es una interpretación unilateral que surge para sembrar algún tipo de acusación. Bahamonde es tributarista, es magister en derecho tributario, no lo está diciendo una persona que no estudió absolutamente nada en su vida. Es director ejecutivo de la agencia de recaudación y me parece que invalidar a una persona con una interpretación no tiene mucho sentido. Claramente se consulta, no hay una interpretación unilateral caprichosa”, subrayó.
No obstante reconoció que la postura de los diputados que votaron la ley coincide con CAFIN y la UIF. “Específicamente se consulta también a los legisladores que aprobaron este artículo qué quieren decir cuando dicen que no se aplican las leyes especiales. Eso se consultó y la respuesta es que no aplica para la 19640 según los legisladores que votaron este artículo. Pero después está la interpretación que eventualmente podrá efectuar el ente fiscal, que es la AFIP”, dijo.
Por último mencionó otra preocupación del gobierno, que es el régimen de grandes inversiones –RIGI-, porque “menoscaba la autonomía provincial y municipal, estableciendo que no se pueden hacer modificaciones en alícuotas de las empresas que estén incluidas en ese régimen. Es avanzar sobre una autonomía provincial y municipal. Por supuesto hay otros temas en los que no coincidimos, como por ejemplo tratar de disminuir el impuesto sobre los Bienes Personales, que justamente tiende a dar previsibilidad del sistema. Es un impuesto al patrimonio y disminuir alícuotas a los que más tienen es darle regresividad al sistema tributario. En esto tampoco coincidimos y son cuestiones ideológicas. Algunas jurisdicciones analizaron el impacto que podría provocar el ajuste sobre Bienes Personales, y habría una disminución mayor de lo que generaría el incremento por impuesto a las Ganancias en la recaudación de recursos coparticipables”, concluyó.
