Moisés Solorza adelantó la presentación de un recurso de amparo que tomará como modelo el recurso presentado por el Fiscal de Estado de Santa Cruz. Cuestionó la pasividad de la clase política fueguina, en particular del gobierno y los municipios, porque en esta oportunidad no hubo recursos de amparo como en el gobierno de Macri, cuando existe jurisprudencia a favor de los usuarios. Aseguró que “es una monstruosidad el dinero que va a pagar una pyme y están destinadas al cierre masivo de comercios en el corto plazo”.
Río Grande.- Este régimen subsidia el 50% de las tarifas de los hogares ubicadas en zonas de baja temperatura, y hasta ahora no se conoce reacción de la clase dirigente.
“Desde que asumió el gobierno de Javier Milei y presentó el DNU que marca el horizonte de la quita de subsidios al gas natural por red y a la energía, lo que estamos viendo es una tragedia energética para los hogares, para las pymes y los comercios de todo el país, principalmente con un componente bastante disimulado en la audiencia pública, que es el traslado directo a los usuarios residenciales y pequeñas industrias de todo el costo de la tarifa plena, a un valor que ronda los 4,5 dólares por millón de BTU en transporte y distribución. La cadena está formada por tres componentes que son clave: la generación, el transporte y la distribución, que en el caso de Tierra del Fuego tiene como concesionaria a Camuzzi Gas del Sur”, dijo.
“Las tarifas que están llegando luego de la audiencia pública en base a este incremento que fue aplicado son monumentales. El mes pasado empezaron a caer las boletas a los domicilios y las familias que pagaban 6 mil pesos de gas están pagando 19 ó 20 mil pesos; los comercios que pagaban 13 mil pesos tienen facturas de 180 mil y 200 mil pesos. Esto afecta la cadena de pagos de la energía y hace peligrar la ley de zona fría, que en la Patagonia tiene un componente del 50% de descuento. Si pasamos a pagar 20 mil pesos, eso es el 50% del valor total, y es una locura lo que está sucediendo”, subrayó.
Inacción gubernamental
“Yo miro con asombro a la clase política, que nada está haciendo para revertir esta situación. En el gobierno de Macri, con Juan José Aranguren, por menos de la mitad de este escenario se hizo una movilización de más de 15 mil personas en la Plaza de las Américas, y lamentablemente ahora veo una pasividad llamativa con respecto a esta tragedia que vive nuestro país con las tarifas de los servicios públicos”, señaló.
“Hay una falta de representatividad en los reclamos populares, que sirvieron para las campañas políticas en su momento, como el caso del actual gobierno de la provincia, que tomó como bandera la judicialización de las tarifas de servicios públicos cuando estaba en el Municipio de Río Grande. Hoy vemos cómo participa el gobierno provincial en las audiencias públicas con el Ministro de Energía, y sin embargo no judicializa ni los cuadros tarifarios ni reclama al prestador del servicio, que es Camuzzi Gas del Sur. No veo al intendente de la ciudad de Río Grande llevar el mismo camino, con todas las demandas que hicimos en Tierra del Fuego y que tienen jurisprudencia. Me parece que es hora de que comencemos a tomar decisiones, por eso nosotros estamos elaborando un recurso de amparo y estamos en comunicación con la provincia de Santa Cruz, porque su Fiscal de Estado presentó un amparo contra las tarifas”, informó.
Respecto de la postergación del aumento de mayo, expresó que “esto se oficializó a través de una resolución del Ministerio de Economía para frenar el próximo cuadro tarifario. La intención del gobierno es no aplicar los siguientes aumentos para no afectar los índices de inflación que están tratando de achicar. Están simulando un superávit fiscal sin pagarle a las distribuidoras y poniendo en riesgo al régimen de zona fría. Por otro lado tiene un componente claro, que es evitar los recursos de amparo como fruto de los aumentos. La Corte Suprema dijo que esto no guarda relación con los salarios y no tiene razonabilidad, equidad ni accesibilidad. Son factores clave para poder determinar el cuadro tarifario, y en la audiencia pública las provincias debieron haber impugnado esto. Sin embargo no hubo recursos de amparo colectivos como sí sucedió en el gobierno de Macri, y por lo tanto se decidió avanzar. No hacer nada es dejar hacer, y en este caso las provincias y los municipios no han hecho nada, por lo tanto están dejando hacer y algunas provincias también han incrementado localmente los servicios públicos. Es una monstruosidad el dinero que va a pagar una pyme y están destinadas al cierre masivo de comercios en el corto plazo”, advirtió.
Facturas impagables
Solorza dio cuenta del monitoreo que vienen realizando de las facturas que están llegando y “no se está respetando la gradualidad que planteó la Corte Suprema. Una pequeña panadería, que es un caso testigo que ponemos en el recurso de amparo, de 15 mil pesos pasó a pagar 843 mil, es realmente impagable. La Corte Suprema tiene fallos ejemplares”, aseguró.
“Los ciudadanos tienen que destinar más del 30% de su salario para pagar estas facturas, cuando una demanda judicial por alimentos no puede superar el 30% de los ingresos de una persona. Hoy un jubilado que cobra la mínima o un vecino que no llega a la canasta básica, tiene que destinar más del 25% y en muchos casos más del 50% a pagar las tarifas de luz y de gas. No existe razonabilidad, es un ataque directo hacia la matriz productiva nacional, y es una transferencia monumental de recursos de la clase trabajadora hacia las grandes energéticas, que indiscriminadamente aplican estos cuadros tarifarios. Seguramente vamos a ver en el corto plazo el retiro de medidores y vamos a volver a la época más triste que vivió el pueblo fueguino, por la pasividad de la clase dirigente política”, pronosticó.
Consultado sobre los motivos de esta pasividad, dijo que “habría que preguntarle al intendente de Río Grande qué opina, porque no está judicializando una situación que le va a golpear las puertas del municipio. No veo al Concejo Deliberante preocupado por presentar un recurso de amparo como las asociaciones civiles que luchamos contra los tarifazos en 2016. No veo al Ministro de Energía de la provincia preocupado por llevar adelante el juicio contra Camuzzi para que nos devuelva los 46 millones de dólares que debe, aunque sea abaratando las tarifas. No veo un rumbo determinado de la clase dirigente política, desde el gobernador de la provincia, que es la máxima autoridad”.
“Los consumidores fueguinos estamos asumiendo el costo del gas en boca de pozo como si estuviéramos en Noruega, y estamos en Tierra del Fuego, que es una provincia productora. Tampoco se escucha a los diputados y senadores. Yo publiqué lo que significa la modificación del artículo 123 y 125 de la nueva ley de bases, donde se cambia la lógica nacional por 30 años de hacer los contratos para el abastecimiento interno interrumpibles, y los contratos para la exportación de hidrocarburos de nuestra provincia hacerlos ininterrumpibles. Esto significa que el país va a ser carancheado, sujeto a exportaciones indiscriminadas de nuestros recursos naturales, va a haber un saqueo de nuestros recursos naturales y la clase política está como si no pasara nada”, cuestionó.
“No escuché qué postura va a tomar el gobierno de la provincia con respecto al pedido de los senadores fueguinos para que no aprueben este desastre que es la ley de bases. Yo escuché a legisladores fueguinos que están más para discusiones de peluquería que para presentar proyectos o recursos de amparo ante lo que se pretende para una provincia productora de gas como Tierra del Fuego”, fustigó.
Recurso de amparo
Ante una clase política que no toma cuenta de la situación y permanece en silencio, Solorza consideró que “dejar hacer es estar de acuerdo. Nosotros, como no estamos de acuerdo, estamos elaborando un recurso de amparo, lo vamos a hacer visible ante las organizaciones de derechos humanos, para que puedan adherir todos los espacios políticos que estén de acuerdo. Queremos presentarlo en breve, ya nos hicimos del recurso de amparo que presentó el Fiscal de Estado de Santa Cruz, y vamos a tomar ese mismo modelo. Este es el momento de no ser ni tibios ni especuladores, porque hay mucho especulador esperando el 25 ó el 27 de diciembre, la reforma constitucional y todo lo que viene del calendario electoral, en lugar de pensar en nuestro pueblo”.
“Tenemos herramientas como para salir al cruce de este tipo de desigualdades y de abusos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Hay mucha gente que está esperando una reacción de la clase política, que le prometió un montón de cuestiones, para que empiecen a resolverlas. No vemos la posibilidad de que se retome la agenda que le interesa al vecino de a pie que no llega a fin de mes, y que va a buscar alimentos del Estado. Tenemos que interpretar a esa sociedad que está doliente y generar las herramientas que tengamos a mano. Si el gobierno no puede cambiar la ley, lo mínimo que debe hacer es acompañar con un recurso de amparo, con todos los partidos políticos, las municipalidades y los concejos deliberantes defendiendo el bolsillo del trabajador que les va a pedir la bolsa de alimentos. Las Cámaras de Comercio de Río Grande y Ushuaia también deben acompañar los recursos de amparo colectivo que vamos a presentar, porque están atacando a los comerciantes”, remarcó.
Aclaró que “esta no es una cuestión personal, es una cuestión colectiva y tenemos que comprometernos con la demanda social. De lo contrario, el vacío de representación política se va a hacer notar y después nos quejamos porque gana un inconsciente como Javier Milei, que nos impone tarifazos impagables”
Finalmente informó sobre la comunicación que mantuvo con Jaime Álvarez, secretario de Enegía de Santa Cruz. “Llevamos adelante una serie de consultas previas para hacer un amparo a través de su Fiscalía de Estado. Ojalá que escuche Virgilio Martínez de Sucre y tome el ejemplo de su par de Santa Cruz, para ponerse al frente de una situación que vulnera todos los derechos de los usuarios y consumidores. Hay antecedentes en la Corte Suprema de la Nación, nos está asistiendo la Dra. Marianela Salinas del partido Compromiso Federal, y está redactando el amparo en base a esos antecedentes. Este recurso lo vamos a hacer circular por todas las asociaciones políticas y sociales de la provincia para que adhieran, y seguramente lo presentaremos en el Juzgado Federal de Río Grande. Si hay que llevarlo a Buenos Aires, lo tramitaremos allá también”, sentenció.
Agregó que “la provincia de Buenos Aires también está preparando un recurso de amparo, lo mismo el Municipio de Neuquén y la Asociación Civil de Consumidores. Nosotros nos vamos a sumar a ellos. Debiéramos tener cientos de recursos de amparo pero hay una mirada de costado que no le hace bien a la política”, concluyó.
