El concejal de Somos Fueguinos cuestionó el aumento del boleto de colectivo a 800 pesos bajo el argumento de la quita el subsidio nacional, dado que no se estaba cobrando y no se reclamó ese dinero, aseguró. Además habló de “un relato político”, porque el subsidio nacional representaba solamente el 4% de los ingresos de la unidad de transporte de la UISE. Contrastó las gestiones de ambas ciudades, dado que en Río Grande se llevaría a 500 pesos el boleto, y observó que en la zona norte opera una empresa privada, mientras que en la capital fueguina se trata de una empresa pública. Confirmó que pedirá la intervención de la Sindicatura municipal, ante las “inconsistencias” de los números de la empresa estatal.
Río Grande.- El concejal de Somos Fueguinos Valter Tavarone señaló por Radio Provincia que “evidentemente hay dos modelos de gestión distinta desde el análisis político que uno puede hacer”, comparando el costo del boleto de colectivo en Ushuaia, de 800 pesos, con los 500 pesos a los que se llevaría el boleto en Río Grande. “La empresa que presta el servicio de colectivos en Río Grande es privada, y en Ushuaia tenemos una empresa que depende del Estado municipal, cuyo objetivo principal en la ecuación tiene que cerrar con un mejor servicio con el menor costo posible, y el costo tendría que dar cero”, dijo.
“Cuando presentan el presupuesto el año pasado, los números de la UISE, que eran aproximadamente cinco mil millones de pesos, estaban equilibrados, pero cuando se empiezan a revisar los números, el boleto valía 85 pesos y las proyecciones nos daban un boleto de 145 pesos, calculando una inflación del 50%. Ya en el presupuesto se había calculado una inflación estimada del 191%, pero de ninguna manera nos daba un boleto de 800 pesos como decidió cobrar el intendente”, afirmó.
“Nos pusimos a trabajar con el equipo del bloque Somos Fueguinos y, tal como habíamos prometido, íbamos a realizar un informe a la Sindicatura, en base a las inconsistencias que habíamos ido detectando, para que tome la competencia que le corresponde, porque es el órgano de control externo de la gestión municipal”, subrayó.
“La Sindicatura fundamentalmente hace un control posterior, cuando se presentan las rendiciones de cuenta. En este caso desde el bloque, luego de estudiar todo lo actuado con relación a la UISE y las respuestas a los pedidos de informe, detectamos graves inconsistencias y hemos decidido darle intervención a la Sindicatura para que haga efectivo el control. Para llegar a los 800 pesos entendemos que la municipalidad ha tomado la decisión política de retirarse del subsidio, en base al incremento de los costos que ellos suponen que se produjo, porque no tenemos ningún valor para comparar. Según ellos, el boleto de colectivo debería costar entre 1.500 y 2.000 pesos, en las audiencias tarifarias se comprometieron a poner la diferencia y vemos que en lo que va del ejercicio no ha habido aportes extraordinarios de la Municipalidad”, afirmó.
“El subsidio se mantiene fijo, en base a una cantidad de unidades en funcionamiento, que no se condice con lo que nos contestaron en el informe. A nosotros nos informaron sobre 28 patentes, cuando en el informe dijeron que había 33 unidades funcionando, y cuando hicieron el presupuesto fue sobre 34 unidades. El subsidio municipal está en dos millones de pesos por unidad y se mantiene fijo”, observó.
“Pese a que la inflación afecta a toda la empresa, los valores del resto de las unidades se mantienen fijos. Esta modificación de casi el 1000% del boleto, de 85 pesos a 800, de acuerdo a los números presupuestados no da de ninguna manera. El boleto que se presupuestó en septiembre del año pasado daba 145 pesos. Sabemos que la inflación se descontroló, pero nos daba un boleto de 400 pesos, que se asimila a lo que va a terminar costando el boleto en Río Grande”, contrastó.
Cuestionó que desde el municipio “nos dan costos sin darnos la base de cálculo de la cual parten para calcular esos costos. Como órgano de control es imposible hacer un análisis serio. Tengo que darles fe a los números que ellos me dan y en la audiencia tarifaria se comprometieron a poner la diferencia entre los 800 pesos en que se fijó el boleto y los 2.000 que debe costar, pero la UISE no recibió un peso extraordinario, es decir que se sigue incrementando el déficit”, advirtió.
“La unidad de transporte de colectivo da un déficit considerable, que es paliado con los ingresos de las restantes unidades económicas, cuyos costos se mantienen fijos, cuando el incremento que se produjo en todas las variables las afecta por igual. La UISE es una sola empresa, no se dedica únicamente al transporte como ocurre en Río Grande”, sostuvo.
“La UISE cobra el ingreso al parque nacional y aproximadamente con el 30% de lo que recauda se comprometían a mantener la ruta en el tramo interior del parque y no sé si la Municipalidad está prestando ese servicio. Esencialmente la UISE da servicios a la propia Municipalidad y a otras reparticiones públicas. La UISE es una empresa autónoma, no es un apéndice del municipio para que el intendente decida cuánto va a valer el boleto en base a una estructura de costos que todos tenemos que creer, porque cuando se hacen las asambleas no se arrima un solo papel que lo acredite”, criticó el concejal.
Respecto de la cantidad de personas transportadas, indicó que “según el presupuesto nos da 4.100 personas. Cuando nos contestaron el pedido de informes al Concejo Deliberante, hablan de 3.100 personas. La cantidad de personas que se transportan en colectivo determinan los ingresos de la empresa. Los ingresos de la unidad de transporte no alcanzan para cubrir el funcionamiento de la empresa y deben compensarse con la renta de las otras unidades productivas. No se puede analizar aisladamente lo que ocurre con los costos del transporte de colectivos”, consideró.
Recordó que “al Concejo Deliberante le han quitado la posibilidad de aprobar tarifas, como era hasta diciembre del año pasado”, cuestión que se va a intentar revertir. “Las diferencias de los números son tantas que no nos queda otro camino que pedirle a la Sindicatura que ejerza el rol para el cual fue creado”, señaló.
Mencionó que “el índice de inflación fue del 58% y el boleto nunca puede dar 800 pesos. Si no, los números presupuestados realmente son un dibujo y se hizo un presupuesto en términos irreales, que no estaba contemplando la situación económica y social que nos afecta”.
Se le recordó que la Sindicatura había planteado desde hace tiempo que no contaba con estructura ni fondos para ejercer la función, pero para Tavarone “no hay excusas para cumplir el rol por el cual los pusieron en un cargo. La Sindicatura está creada hace más de 20 años como órgano de control externo y no me parece una explicación razonable, porque la Sindicatura elabora su propio presupuesto. Entiendo que la composición del Concejo Deliberante ha variado del año pasado a la fecha y desde el bloque Somos Fueguinos nos vamos a asegurar de que la Sindicatura tenga el presupuesto necesario para cumplir con su función. Eso no es óbice para que la función sea cumplida, porque para eso nos pagan el sueldo”, sentenció.
“Yo vengo revisando boletines oficiales y no he visto una sola observación a un acto que implica erogaciones por parte del Ejecutivo municipal. Tenemos un órgano colegiado compuesto por tres funcionarios de altísima jerarquía y remuneraciones altas, que no están cumpliendo el rol”, acusó.
Remarcó que “nuestros estudios se han basado en documentos públicos. Por ejemplo, respecto del número de pasajeros transportados según el presupuesto, son 4.100, cuando Río Grande, con similares características, tiene 7.700 pasajeros transportados por día. Esas 4.100 personas son las que determinan el ingreso por corte de boleto de la UISE. Todos estos datos son preocupantes en cuanto a las cuentas de la UISE”.
Ante el déficit de la unidad de transporte, consideró que si es tal, “se debería pedir un nuevo incremento del boleto e iniciar todo el trámite, porque así no sé cómo se sostiene. Algunas otras unidades productivas también tienen números sospechosos, como ocurre con las unidades de limpieza y saneamiento, porque todo el superávit de esa unidad lo genera la gente que está en saneamiento, mientras que limpieza es deficitaria. Ante tarea similar se paga con convenios colectivos de trabajo distintos, y precios totalmente distintos. Así seguimos sumando”.
Siendo una empresa pública, remarcó que “si los costos son tan altos, se tendría que haber incrementado el subsidio municipal, y la municipalidad no está cumpliendo con la promesa hecha en la asamblea tarifaria de cubrir la diferencia”.
La quita de subsidios es “un relato”
Por otra parte, dio a conocer la implicancia del subsidio nacional, que ha sido el argumento para aumentar el boleto. “Ese es un relato político, porque la incidencia del subsidio nacional en los ingresos totales de la UISE no llegaba al 4% de la unidad económica del transporte público de pasajeros. Hay un agravante, que desde el año 2022 no se cobraba el subsidio y recién a partir de marzo, por un convenio, la municipalidad tomó conocimiento de que podía asumir el rol de la provincia y empezar a cobrar directamente. Se recuperó todo en 2022, y estamos hablando de marzo del año pasado, cuando todavía no se había elaborado el presupuesto. La UISE y la municipalidad ya sabían que no estaba entrando un solo peso, porque no estaban rindiendo los subsidios nacionales”, dijo.
“Esa plata que no ingresó en 2023, porque se cayó el subsidio nacional, nadie la reclamó, porque tengo noticias de que Río Grande hizo el reclamo, pero no sabemos si lo hizo la Municipalidad de Ushuaia para recuperar esos importes. Si hay un crédito que no cobraron, se debería haber presupuestado como un crédito a cobrar y eso no se hizo”, aseveró.
A partir del reclamo que efectivamente hizo el Municipio de Río Grande, insistió en que “hay dos modelos de gestión distintos. En Ushuaia se estuvo un año sin cobrar cuando la responsable de suministrar los fondos del transporte de pasajeros es la provincia y no se hicieron reclamos para que esos fondos ingresen. No sabemos qué responsabilidad hay con todo esto y quién controló las cuentas de ejercicio, que han sido sistemáticamente aprobadas por el organismo de control”.
Finalmente se le consultó si analizan realizar una presentación judicial. “Nosotros hemos hecho las presentaciones pertinentes ante el organismo municipal, que debe efectuar los controles que corresponden y entendemos que hay elementos suficientes para evaluar que hay inconsistencias. Nosotros hemos agotado todas las instancias administrativas y entendemos que la fijación del precio del boleto no depende de los costos, pero ese incremento tiene que ser razonable, no un aumento del 1000% del boleto. Está claro que no se podía seguir cobrando un boleto de 85 pesos y que veníamos con pérdidas desde el año pasado, pero hoy vemos que en vez de hacer un esfuerzo adicional, la municipalidad ha puesto todo el peso de los costos sobre los usuarios”, concluyó.
