El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción expuso un panorama complejo para la continuidad de la obra pública, que está paralizada “desde el 1° de enero”. Solamente por las viviendas del IPV se deben cuatro mil millones de pesos y no hay un horizonte que permita saber si los convenios con nación se van a pagar o no. Mientras tanto las empresas siguen afrontando costos fijos en materia de seguros, vigilancia, luz de obra, entre otros gastos que se van sumando al monto total. Wallner destacó la voluntad de la provincia de pagar y el buen diálogo con las autoridades, pero hasta ahora persiste la incertidumbre.
Río Grande.- El ingeniero Daniel Wallner, presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción, dialogó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre la paralización de la obra pública y la deuda que sigue creciendo. Se estima un total de siete mil millones, de los cuales cuatro mil corresponden a viviendas del IPV. “La deuda sigue siendo la misma y desde marzo hasta ahora ha aumentado. Tenemos contacto con el Ministerio de Obras Públicas y con el IPV, y ellos no han tenido respuesta de nación en cuanto a la transferencia de fondos, y tampoco hay un panorama concreto de las obras que se van a suspender y las que se van a pagar. Si uno tuviera esa certeza, el gobierno o el IPV podrían decidir conseguir la plata para terminar determinada obra que nación no va a financiar, pero como no hay respuesta, hay una situación de incertidumbre total. Además, la deuda es de los comitentes, que son el gobierno y el IPV, porque son los que tienen los contratos con las constructoras de la provincia. Si nosotros tenemos que reclamar algo, lo tenemos que reclamar a ellos, porque no tenemos contratos con nación”, indicó.
La ministra Gabriela Castillo dijo que tras su visita a Buenos Aires volvió “con las manos vacías”, ante la falta de respuestas concretas del gobierno nacional. Wallner manifestó que “al no dar ninguna información, se genera una situación de incertidumbre muy grave, porque el tiempo sigue pasando y la deuda sigue estando. Hay empresas de mayor magnitud que pueden resolver su situación económica con obras privadas y están mejor plantadas las de Ushuaia que las de Río Grande, porque tienen la ventaja del turismo que mueve bastante la economía. En Río Grande no tenemos esa situación”, comparó.
En caso de judicializar las deudas, dijo que “el juicio iría contra el comitente, con el que se firmó el contrato, tanto Obras Públicas de la provincia, el IPV, y las municipalidades. La relación contractual es con ellos, no con nación. El convenio se firma en función de los fondos que se mandan a través de un acuerdo entre la provincia y la nación, pero nosotros al único que le podemos reclamar es al Estado provincial o municipal. En Tierra del Fuego tratamos de agotar todas las instancias por el camino del diálogo. Somos todas empresas fueguinas con gente que vive acá, trabaja acá, tiene su familia y algunos hemos nacido acá. Obviamente vamos a agotar todas las instancias para solucionar esto, evitando llegar a un juicio. Tiene que haber una negativa rotunda de la otra parte de no pagar ni ahora ni nunca, pero nosotros no tenemos esa negativa. Tenemos diálogo y tenemos voluntad de pago, y entendemos que hay imposibilidad porque están atados a convenios nacionales”, expresó.
Respecto del tiempo en que se mantiene la deuda, dijo que “concretamente en las obras del IPV, que son las viviendas del programa Casa Propia, se empezaron a ejecutar a mediados del 2022. Hasta octubre de 2022 nación hacía los pagos en menos de 30 días o 45 días, pero luego los certificados de octubre se cobraron en febrero del 2023, los de enero de 2023 se cobraron en abril o mayo, con la inflación acelerada que se estaba produciendo en ese momento. El problema viene de más de un año atrás, y se trabajó así todo el año pasado, con un esfuerzo grandísimo de las empresas para soportar los atrasos y avanzar lo más posible. Eso generó que las obras no se pudieran llevar al ritmo que se podrían haber llevado, por falta de fondos y atrasos en los pagos, que eran montos millonarios. Esto generó una cantidad de intereses importantes a lo largo del año y a fines de 2023 se pararon las obras. En 2024 se concretó un acuerdo con los comitentes, pero el último certificado de todas esas obras es de diciembre de 2023”, precisó.
“A esta fecha se están debiendo certificados de julio, agosto, septiembre, octubre, con lo cual es imposible seguir. Con la plata que vino de nación algo se alcanzó a pagar de septiembre y octubre, y hay plata que pone el IPV que está empezando a cancelar en abril y lo que va de mayo, pero son montos menores. Nosotros hemos calculado las deudas de las viviendas del IPV a febrero de 2024, por todos los certificados impagos, más intereses y diferencias de actualizaciones, en 3.800 millones. Hoy en día son más de 4.000 millones sólo de las obras del IPV. Algo se ha achicado pero no mueve la aguja y es una suma importante. Este monto sería para poner al día las deudas, pero todavía falta terminar esas obras”, advirtió.
“En Río Grande tenemos 54 viviendas que están hechas con fondos propios del IPV, que está con una situación económica complicada y no las ha podido terminar. Esas obras están arriba del 90%. El resto de las viviendas que dependen de fondos de nación están al 40 ó 50%, otras están al 70 y 80%. Sobre todo en Ushuaia las obras están más avanzadas porque arrancaron antes que las de Río Grande”, dijo.
“El IPV está desfinanciado porque los fondos FONAVI que reciben mensualmente estaban atrasadísimos y eran bajos. Esto no le permite hacer frente a los gastos comunes de obras en todos sus contratos. El mes pasado empezaron a mejorar los ingresos y empezaron a pagar deuda con las empresas, pero son deudas menores y no han pagado lo que corresponde a nación, sino sólo lo que corresponde al IPV. Los fondos FONAVI tienen que ver con algunos impuestos que tienen los combustibles y eso ha mejorado, porque a partir de este año subieron los precios y se ha podido recaudar a través de ese impuesto. Con la mejora de los fondos FONAVI han mejorado las transferencias al IPV, pero no quiere decir que alcance para mucho. Uno puede tener un horizonte si se recibe determinada plata por mes, para ir achicando la deuda y pensar en poder terminar. Sobre eso estamos hablando y vamos a ver de cuánto se puede disponer todos los meses para ir terminando lo que está arriba del 90%”, planteó el ingeniero.
Aseguró que “las empresas queremos seguir trabajando, queremos cobrar lo que se debe y dedicarnos a construir. En total somos 22 empresas en la Cámara y somos 10 empresas las que estamos trabajando con viviendas del IPV. Hay otras empresas que se dedican a obra pública y otras exclusivamente a obra privada”.
Cero ocupación
Lo cierto es que “las obras están suspendidas desde el 1° de enero, con lo cual no hay nadie trabajando, salvo personal como serenos y mantenimiento, porque hay que tener una vigilancia en todas las obras. La vigilancia continúa y nosotros seguimos siendo responsables de las obras. Las empresas constructoras estamos haciéndonos cargo de una obra que es del Estado y estamos cuidando el patrimonio del Estado, y eso no es gratis. Hay gastos improductivos y es algo que también estamos llevando adelante con el IPV. Hay seguros, sueldos de un montón de personal que sigue trabajando, la luz de obra y una serie de gastos que se siguen produciendo aunque la obra esté parada. Todos queremos que de acá a agosto o septiembre se pueda ver una solución y, llegado el momento habrá que ver todo lo que se gastó, cobrarlo y después ver con el comitente cuánta plata tiene para seguir. Ahí viene la otra parte, porque una vez que se pague toda la deuda quedamos en cero, y después hay que terminar la obra y ver cuánto dinero hay. Tenemos que ver de cuánta plata se dispone y cómo se va a pagar. Por ejemplo, si me dicen que pueden pagar 50 millones por mes, se hace un plan de trabajo por 50 millones, se ocupan 10 personas o 12, y se sigue avanzando con ese fondo disponible. Nadie gasta más de lo que va a poder cobrar. Hoy no tenemos la certeza, porque para eso el comitente nos tiene que decir que disponen de determinada plata”, explicó.
Pago en bonos
Teniendo en cuenta que el Ministro de Economía anunció la emisión de un bono de 5 mil millones de pesos para terminar la obra del hospital de Ushuaia, se le consultó si se han reunido como Cámara y si aceptarían un bono por otras obras. “Sobre este tema específico de los bonos no hemos hablado. Tenemos una charla pendiente porque se ha hablado de otras alternativas, pero todavía no hay nada en concreto. Hasta ahora son proyectos y nosotros vamos a lo concreto. No importa de dónde salga la plata, mientras se consiga, todo es bienvenido, si se hace a través de un bono, de un crédito del Banco Tierra del Fuego, con la metodología que sea. Esa es una parte que le corresponde al Estado. No sé si las empresas aceptarían recibir bonos, algunas sí y otras tal vez no, depende de la situación económica de cada una y del avance de obra. Si la obra está al 90% y queda poco para terminar, pueden aceptar un bono; pero si falta el 60% de la obra no sé si van a aceptar todo en bonos. Depende de la particularidad de cada obra y de cada empresa”, manifestó.
Finalmente señaló que todo el país está en la misma situación. “Con las cámaras de otras provincias no tenemos contacto, pero en todo el país está sucediendo lo mismo. En Santa Fe salió una obra en particular pero nada más. El resto está en la misma situación que nosotros, y donde hay una provincia que tiene una ventaja enseguida nos enteramos, pero no ha sido así”, concluyó.
