El legislador del MPF Pablo Villegas informó que mañana se tratará en la comisión de seguridad el proyecto de su autoría, que propone la declaración de emergencia del sistema carcelario, para abrir la posibilidad de una operatoria público-privada para la construcción de cárceles. Aseguró que el privado puede verlo “como un negocio”, como ocurre en otras partes del mundo, y decidirse a invertir. Remarcó que las cárceles no tienen que ser un lugar de castigo, sino que los internos tienen que poder trabajar, estudiar un oficio o una carrera universitaria “como hacen muchos hoy día con mucho esfuerzo, pagando de sus propios recursos universidades privadas”. Además forma parte de la agenda el debate de las prisiones domiciliarias, porque “un tercio de la población carcelaria que tenemos son procesados y no son personas condenadas”, dijo.
Río Grande.- “Las cárceles no tienen que ser un lugar de castigo, sino un lugar donde el interno solamente se vea privado de su libertad, pero que se mantengan los demás derechos como cualquier ciudadano. Les tenemos que dar la oportunidad de trabajar, de hacerse de un oficio, de educarse y estudiar como hacen muchos hoy día con mucho esfuerzo, pagando de sus propios recursos universidades privadas. Detrás de todo eso el objetivo es que, cuando salgan, salgan mejor de lo que entraron”, planteó como política el legislador del MPF Pablo Villegas, en declaraciones a Radio Provincia.
Hoy se debate en la comisión de seguridad un proyecto de su autoría, que plantea la declaración de la emergencia en infraestructura de las unidades de detención provinciales”, con el fin de abrir la puerta a una operatoria público-privada para la construcción de cárceles.
“Mañana, después de tanto tiempo que venimos trabajando en el tema, lo vamos a tratar en la comisión 6. Es un proyecto que persigue dos objetivos básicos, por un lado poner de relieve una situación grave que se viene manteniendo en el tiempo, que tiene que ver con la superpoblación carcelaria, con todos los problemas que acarrea, tanto para los privados de la libertad como para el personal penitenciario. Por otro lado, es una herramienta alternativa que utiliza el gobierno cuando es necesario afectar recursos públicos para la solución de problemas estructurales”, dijo.
“Lo que proponemos mediante la emergencia son los sistemas de contratación extraordinarios, denominados público-privados. Esto significa buscar en el sector privado recursos económicos que permitan financiar la construcción, el mantenimiento y la prestación de servicios en el ámbito del sistema penitenciario provincial. Esto incluye la seguridad y el seguimiento de la ley de ejecución penal”, explicó.
“Tenemos muchas expectativas y queremos escuchar a las autoridades del Poder Ejecutivo, también al Director del Servicio Penitenciario para ver qué opinión tienen al respecto. Veremos si podemos lograr dictamen o es necesario invitar a otros actores institucionales. Eso lo decidirá la presidente de la comisión, que es la legisladora Natalia Gracianía. El problema que tenemos en la provincia no es solución de un solo poder del Estado, sino que es transversal a los tres poderes”, subrayó el legislador.
Amplió el concepto de su proyecto señalando que “la emergencia genera una especie de paraguas jurídico y espero que sea un disparador de soluciones alternativas al problema que tenemos, que no es de este gobierno sino que viene de muchísimos años. Es importante debatir herramientas distintas tendientes a buscar financiamiento para la construcción de cárceles. También queremos discutir un sistema provincial de prisiones domiciliarias, con pulseras electrónicas, para que no dependamos del suministro de parte del Ministerio de Justicia de la Nación. La provincia podrá instalar su propio programa y sistema de seguimiento para las pulseras de las personas que puedan usufructuar de la prisión domiciliaria. Esto debe responder a un programa provincial y no a uno nacional. Además queremos debatir el marco de las prisiones preventivas que se están dando en la provincia, porque un tercio de la población carcelaria que tenemos son procesados y no son personas condenadas”, aseguró.
“Este paraguas jurídico permite discutir una serie de alternativas, a la par de ponernos de acuerdo para conseguir financiamiento que dé una solución estructural con la construcción de cárceles que permitan condiciones dignas a las personas privadas de la libertad. Todas estas cuestiones van a permitir descomprimir la situación actual del sistema penitenciario. A nivel nacional se piensa debatir la disminución de la edad de imputabilidad y el concepto de reiterancia como causal de agravamiento para que no se otorgue la excarcelación, y va a haber más cantidad de personas privadas de la libertad de lo previsto”, advirtió.
“Esto lo tenemos que solucionar porque en medio está el interés de toda una sociedad en que la ejecución penal tenga su fruto y permita poder reinsertarse socialmente, en lugar de caer en la reincidencia del delito. Para eso tenemos que tener un sistema penitenciario con recursos humanos, recursos económicos y medidas alternativas razonables, que permitan cumplir esos objetivos”, insistió.
La cárcel como “un negocio”
El legislador consideró que “hay que poner en agenda qué tipo de unidades carcelarias necesitamos en Tierra del Fuego. Es un error sostener que en la provincia necesitamos cárceles de máxima seguridad como existe en otros lugares del país, porque los perfiles de peligrosidad de la mayoría de los internos no responden a esos patrones. No tenemos que importar soluciones que nos quieran vender desde nación, con una cárcel de máxima seguridad, como ha pasado con otras cárceles en el norte del país. A Corrientes le hicieron una cárcel de máxima seguridad que no responde a su problemática, y requería de otro tipo de unidad carcelaria”, sostuvo.
“Nosotros tenemos que reconocer el problema y buscar soluciones que trasciendan una gestión. Es importante salir de la coyuntura, del parche, de la política de atar con alambre, y empezar a discutir políticas públicas que nos trasciendan”, remarcó.
Sobre las expectativas de un financiamiento privado, dijo que “el proyecto prevé declarar de interés público un sistema de contratación, con el que nos aggiornamos a dar soluciones que en Uruguay y otros lugares del mundo han sido exitosas. La última vez que se destinaron recursos para una unidad carcelaria fue en la gestión del MPF, que la terminó inaugurando Manfredotti en Río Grande. Luego de eso hubo parches, como la ampliación de algún anexo en Ushuaia, pero no hubo recursos provinciales para la construcción de unidades carcelarias en Ushuaia o la ampliación de la alcaidía de Río Grande. Tenemos un presidente de la nación que nos dice que no hay plata para nada, entonces tenemos que buscar alternativas como han hecho en otros lugares del mundo, que es plantear toda esta cuestión como una unidad de negocios, dejando el tema de seguridad a cargo del servicio penitenciario. En lo que hace a la construcción, al mantenimiento, a la prestación de servicios, pueden ser tercerizados o privatizados, y otorgados en concesión, como una especie de atractivo para que el sector privado vea la posibilidad de construir cárceles como un negocio y de ese modo obtener un financiamiento por fuera del sistema presupuestario provincial. Si otros países lo pudieron hacer, lo podemos hacer nosotros”, aseveró.
“A nivel nacional se está hablando de la construcción de una unidad carcelaria de 3.200 plazas bajo esta modalidad en provincia de Buenos Aires, y otra de cerca de 2.000 plazas en la zona del Litoral. Son herramientas que ya se han planteado hace rato a nivel nacional y no habían sido utilizadas. Queremos poner esto en la agenda parlamentaria para generar el debate y que sea una alternativa a la solución de este problema”, manifestó.
Finalmente expuso su posición ideológica sobre las cárceles, que “no tienen que ser un lugar de castigo, sino un lugar donde el interno solamente se vea privado de su libertad, pero que se mantengan los demás derechos como cualquier ciudadano. Les tenemos que dar la oportunidad de trabajar, de hacerse de un oficio, de educarse y estudiar como hacen muchos hoy día con mucho esfuerzo, pagando de sus propios recursos universidades privadas. Detrás de todo eso el objetivo es que, cuando salgan, salgan mejor de lo que entraron”.
